15/03/2011

Mujeres sin justicia: Todas somos Jacinta, Basilia, Alberta, Teresa, Atenco


  • Los hechos violentos que marcan hoy a nuestro país con frecuencia ocultan la violencia contra las mujeres en los diversos ámbitos.
  • Mujeres asesinadas, secuestradas, desaparecidas, torturadas o encarceladas: constituyen hoy una realidad que debe ser visibilizada y denunciada, a fin de que el Estado mexicano asuma íntegramente sus compromisos.

Luis Arriaga para El Universal/Centro Prodh

Pese a ligeros avances hay muchas señales de preocupación, entre ellas, la negativa a emitir una alerta de género que hubiera permitido tratar adecuadamente los casos de feminicidios en el Estado de México, una entidad que presenta situaciones de alto riesgo para la vida e integridad de las mujeres. Esta negativa no resulta extraña en un gobierno estatal que sistemáticamente ha impedido el acceso a la justicia para las mujeres. Emblemático de esta situación ha sido la negativa constante a resolver las denuncias presentadas por mujeres que fueron detenidas y torturadas sexualmente durante los operativos policiales de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

La tortura sexual en esos hechos está documentada, pero, a casi cinco años del suceso ni los perpetradores ni las autoridades que ordenaron la incursión han sido sancionados. El caso de las mujeres denunciantes de tortura fue remitido en 2009 por la Fiscalía especial de violencia contra las mujeres a las instancias de justicia del Edomex, pese a que no existen ahí condiciones para revertir la impunidad.

Con respecto al funcionamiento de los sistemas de procuración y administración de justicia, ocurre con frecuencia que las mujeres sean tratadas con los mismos estereotipos discriminatorios que prevalecen en otros ámbitos. En septiembre de 2009, fue liberada Jacinta Francisco Marcial, mujer hñahñü de Santiago Mexquititlán, Querétaro, cuyo caso llamó la atención por el cúmulo de irregularidades en el que era visible la discriminación por género. En breve, la PGR tendrá que resolver la reparación de daño que Jacinta merece. En abril de 2010, debido a la intervención de la SCJN, fueron liberadas Alberta Alcántara y Teresa González, procesadas y sancionadas por funcionarios que aplicaron contra ellas la misma discriminación por razones de género y de etnia. A estas mujeres se les acusaba falsamente de secuestrar a seis agentes de la extinta AFI.

Aunque los casos tuvieron amplia difusión, los procedimientos no han sido modificados, de manera que hoy seguimos observando las mismas irregularidades y la misma discriminación en casos que se repiten por todo el país. No en vano tras la liberación de Jacinta Francisco Marcial se afirmó que en el país aún hay “muchas Jacintas”.

En febrero de 2011, se hizo público el caso de Basilia Ucán Nah, mujer maya procesada y sentenciada injustamente. Pese a la diversidad de circunstancias, la falta de acceso a la justicia sigue siendo una realidad que acentúa la desigualdad y discriminación que afectan a las mujeres.

Basilia, mujer indígena maya de 43 años de edad y madre de siete hijos, fue detenida arbitrariamente por policías judiciales en marzo de 2008. Tras un procedimiento penal irregular fue sentenciada a 12 años de prisión. Su condición de mujer maya monolingüe y su situación social de la región, la han colocado en una situación de vulnerabilidad en un país donde los operadores del sistema de justicia penal, policías, MP y jueces actúan con criterios discriminatorios: fue sometida a un juicio por delitos que no cometió.

Sus defensores esperan que pronto recupere su libertad. Sin duda sería un logro para Basilia, pero aún debe recorrerse un largo camino para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. No obstante, es clara la responsabilidad que pesa sobre las instancias e iniciativas gubernamentales que hasta hoy han resultado poco eficientes.

En la línea de estas acciones realizadas por las mujeres para generar y exigir equidad y justicia debe situarse el avance, lento pero significativo, de la demanda presentada por Jacinta Francisco Marcial y el Centro Prodh para exigir la reparación del daño a causa del proceso injusto del que ella fue víctima. Esperamos que la PGR esté a la altura de las circunstancias y resuelva favorablemente la demanda en curso.


Esta recopilación también puede ser consultada en: Sididh

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