La violencia ha crecido de forma desproporcionada, señalan
Sábado 2 de abril de 2011, p. 7
Senadores y diputados de PRI y PRD pidieron al gobierno federal que atienda las recomendaciones de la ONU y acelere el retiro de militares del combate al crimen organizado, ya que esa estrategia ha provocado violaciones constantes a los derechos humanos y el desprestigio de las fuerzas armadas.
En tanto, activistas y organismos no gubernamentales consideraron que el informe preliminar del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias incluyó una visión bien documentada de esas agresiones a los derechos humanos, aunque reconocieron que las recomendaciones carecen de carácter vinculatorio.
Los señalamientos de los expertos de la ONU se suman a miles de voces ciudadanas del país que exigen fijar una fecha para que el Ejército y la Marina regresen a sus cuarteles, ya que ni legal ni prácticamente esas fuerzas están facultadas para asumir tareas de policía, recalcó el coordinador del PRD, Carlos Navarrete.
Consideró que Calderón expone al Ejército a tareas de seguridad pública y al desprestigio, pues cada vez hay más señalamientos sobre su participación en violaciones de derechos humanos de civiles.
El también perredista René Arce, presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, resaltó: “se ha denunciado cantidades importantes e inquietantes de agresiones del Ejército contra civiles y lo único que falta por conocer es la cifra de militares involucrados en el narcotráfico.
A su juicio, además de los llamados daños colaterales
, de la violación de garantías fundamentales, ni siquiera se ha cumplido con la meta de Calderón de disminuir el tráfico de drogas y la violencia ha crecido de forma desproporcionada, sobre todo en aquellas entidades donde actúan las fuerzas armadas
.
El vicepresidente del Senado, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, dijo que ojalá se acelere la modernización y saneamiento de las corporaciones policiacas, para que asuman su responsabilidad y el Ejército regrese a los cuarteles.
El diputado priísta Arturo Zamora consideró que la recomendación de la ONU muestra que la estrategia de Calderón para enfrentar al crimen organizado es un fracaso, pone en riego el estado de derecho y afecta el prestigio del Ejército.
Pablo Álvarez, de la organización HIJOS México, consideró algo muy positivo
las observaciones de Naciones Unidas, aunque subrayó que no son de cumplimiento obligatorio para el Estado.
Lamentó que las autoridades inviten al grupo de Naciones Unidas y después hagan caso omiso de sus conclusiones. Vamos a observar lo que hace el gobierno, y mientras tanto seguiremos exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos
.
Nadine Reyes Maldonado, integrante del colectivo Hasta Encontrarlos, aplaudió las resoluciones del comité de especialistas, pues se incorporan muchas de las inquietudes de las organizaciones de familiares de desaparecidos, entre ellas la necesidad de que el Ejército deje de cumplir tareas de seguridad pública.
Pese al carácter limitado del informe, insistió, sería importante que sea utilizado para exigir al Congreso que elabore cuanto antes una ley general sobre desapariciones forzadas.
Emplaza el escritor a PGR y procuraduría de Morelos a resolver el asesinato de su hijo antes del día 6
Lárguense si no pueden hacer su trabajo, exige Javier Sicilia a Calderón y Adame
Pide a los mexicanos salir a la calle a demandar a estos hijos de la chingada
que paren la violencia
Sábado 2 de abril de 2011, p. 10
Cuernavaca, Mor., 1º de abril. El escritor Javier Sicilia, padre de Juan Francisco Sicilia Ortega, quien fue asesinado junto con otras seis personas, exigió al presidente Felipe Calderón y al gobernador Marco Antonio Adame hacer bien su trabajo; les advirtió que si no tienen capacidad para garantizar paz, seguridad y justicia en el país se larguen
y dejen gobernar a quien sí pueda hacerlo.
Convocó a los mexicanos a unirnos en torno a nosotros mismos
y salir a las calles para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que cesen la violencia y la inseguridad, y que ¡ya basta! de jóvenes, hombres, mujeres y niños asesinados a causa de la guerra contra el crimen organizado que empezó Calderón, y que ha dejado más de 40 mil muertos.
A las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia de Morelos las emplazó a resolver el caso antes del 6 de abril, y les demandó que no vayan a agarrar chivos expiatorios, o que si detienen a los responsables luego los suelten para que sigan asesinando con toda impunidad.
Manifestó que estas dependencias no pueden seguir siendo cómplices, con su silencio o con su ausencia para impartir justicia, como ha sucedido en la mayoría de las miles de ejecuciones perpetradas en el país.
Para acabar con la violencia y la inseguridad que imperan en Morelos y México, invitó a la ciudadanía a participar, a llenar el zócalo, y a que cada vez se sumen más para alzar la voz y lograr que ya no haya ni un asesinado más.
¡Vamos a las calles a exigir a estos hijos de la chingada que le paren al crimen organizado!, y a ¡estos cabrones del gobierno que respondan!
, enfatizó.
El colaborador de La Jornada y de la revista Proceso ofreció una conferencia de prensa el mediodía de este viernes frente al palacio de gobierno, donde se mantiene una ofrenda floral por el asesinato de su hijo Juan Francisco, cuatro de sus amigos y dos personas de más de 40 años.
Los siete fueron encontrados el pasado 28 de marzo en un vehículo abandonado en el fraccionamiento Las Brisas del municipio de Temixco, conurbado a Cuernavaca.
Asimismo, exigió a los integrantes del crimen organizado que retomen los códigos de honor que antes tenían de respetar a la ciudadanía y no meterse con niños, mujeres y jóvenes.
Retomar códigos de honor, conmina al narco
Antes las mafias tenían códigos, ahora ya no hay siquiera un código de honor; matan impune y sádicamente a quien sea, a cualquiera, y no podemos permitir eso; la PGR no puede seguir siendo cómplice con su silencio o con sus ausencias para impartir justicia de esto.
Interrogado sobre si pediría la muerte para los asesinos de su hijo, respondió: no; no quiero pena de muerte, no quiero más violencia. Asesinar a otro no va devolver la vida a nadie; simplemente queremos justicia. La pena de muerte es estar del lado de los que matan
.
Lamentó la doble criminalización que sufren los jóvenes que han sido asesinados durante esta supuesta lucha contra el crimen organizado, porque aparte de que les quitan la vida, las autoridades encargadas de impartir justicia los relacionan con el narcotráfico y ya no investigan ni hacen justicia.
Eran buenos; las autoridades quieren vincularlos con el hampa
Mencionó que su hijo Juan Francisco, Luis, Julio, Gabo y Jesús eran muchachos buenos, estudiosos, nobles, inteligentes y trabajadores, y que aun así, para no hacer justicia, la procuraduría morelense, encabezada por Pedro Luis Benítez, dijo que algunos tenían relación con el crimen organizado, cuando eso no es cierto
.
Son muchachos que deben ser reivindicados; eran buenos y tenían un futuro, pero fueron segados por la imbecilidad del crimen y por la ceguera de nuestras autoridades
, sostuvo.
Al término de la rueda de prensa, varios jóvenes realizaron un performance y leyeron poemas ante la ofrenda a los caídos. Al atardecer, decenas realizaron una caminata con veladoras en mano por el primer cuadro de la capital; para este domingo convocaron a una caravana contra la violencia y por la paz. La tarde del 6 de abril efectuarán una marcha nacional que partirá de la Paloma de la Paz al zócalo de Cuernavaca, para exigir justicia y paz.
Rechaza Cossío Díaz opinar sobre informe de Naciones Unidas
Sábado 2 de abril de 2011, p. 5
José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la forma en que operan los retenes militares genera muchos problemas de constitucionalidad porque actúan bajo la idea de flagrancia
, y con ello validan la existencia misma de esta estrategia policiaca y castrense.
No obstante, evitó comentarios en torno a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que planteó al gobierno de México considerar a corto plazo el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública.
Justificó que no puede hacer comentarios directamente con el informe preliminar de los relatores de la ONU porque actualmente la Suprema Corte analiza uno de los casos que se relacionan con la actuación del Ejército Mexicano en la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla.
De este expediente hay una sentencia contra el Estado mexicano, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El máximo tribunal del país ha recibido innumerables solicitudes de amparos relacionadas con la actuación de las fuerzas castrenses. No puedo hablar de cosas que pueden llegar a la Corte
.
No obstante, el ministro refirió que en su trayectoria ha elaborado proyectos y votos particulares acerca de lo que considera acciones anticonstitucionales del Ejército, tanto los retenes como el fuero militar, así como restricciones e inequidad en contra de integrantes de esta institución que viven, por ejemplo, con VIH/sida, epilepsia u obesidad.
Añadió que los tratados internacionales en vigor, materia de derechos humanos, son sumamente importantes para el país y su contenido tendrá la misma jerarquía que los preceptos contenidos en la Constitución.
Sobre la sentencia a Jean Succar Kuri, Cossío comentó que lo importante en México es abatir los niveles de impunidad, pero se negó a comentar a fondo sobre la pena de 13 años de cárcel impuesta al pederasta.
El ministro dio una entrevista tras acudir al congreso Participación política y liderazgo femenino, en donde instó a los asistentes a estudiar las leyes –vigentes y en curso de ser aprobadas– que incluyen enfoques de género.
De otra forma, comentó, los debates y análisis no serán suficientes para derivar en procesos de transformación. El objetivo es tener elementos suficientes para promover la defensa en tribunales.
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