04/03/2011

El objetivo es enfriar la película por el impacto que generó al retratar la realidad: Estela Leñero

Retrata un sistema judicial ineficiente, incapaz y mediocre, señala Paco Ignacio Taibo II

El amago de censura contra Presunto culpable, miedo a la verdad: intelectuales


Carlos Paul y Reyes Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 4 de marzo de 2011, p. 12

Intelectuales pidieron detener el amago de censura que significa la orden de suspender la exhibición del documental Presunto culpable, emitida por la juez federal Blanca Lobo, cuya decisión calificaron como miedo a la verdad que expone este retrato del sistema judicial y la procuración de justicia en México.

Vicente Leñero, Paco Ignacio Taibo II, Estela Leñero, Luis de Tavira, David Olguín y Ana Francis Mor se manifestaron sobre el tema en sendas entrevistas con La Jornada.

Vicente Leñero, periodista y narrador, afirmó que la decisión judicial es evidentemente un acto de censura contra el cine, por más que se le disfrace de otra cosa. Y es una demostración de que la censura existe todavía en nuestro ambiente cultural.

En tanto, el historiador Paco Ignacio Taibo II lamentó la determinación y dijo: Es la misma historia de siempre, el mismo proceso de censura. Creo que los productores de la película estarán contentos porque la reacción popular desde abajo será hacer de la cinta una de las más vistas en México. Los censuradores deberían entender eso, pero nunca aprenden. Sin embargo, es muy confuso el entramado jurídico.

Agregó: ¿Qué está detrás de ese testigo?, ¿el sistema judicial porque se siente ofendido? Lo que pensamos todos los mexicanos es mucho peor que lo que se dice en el documental: es un sistema judicial ineficiente, incapaz y mediocre.

Por su lado, el director de teatro Luis de Tavira manifestó que “el documental Presunto culpable pone en evidencia la manera tan terrible de la procuración de justicia en nuestro país, lo que no es un secreto para nadie sobre lo que puede esperar un ciudadano mexicano frente a ese sistema”.

Resaltó que más grave y torpe sería practicar la censura con el argumento que se quiera. Es algo que no podemos permitir. Tenemos que protestar en cada ocasión con toda la energía del caso, porque nada bueno puede salir de ahí. Ese tipo de acciones (judiciales) son los argumentos del miedo a la verdad, que es lo único que puede darnos la libertad; es lamentable e inaceptable lo que está pasando.

Por su parte, la dramaturga Estela Leñero encontró “escandaloso el que siempre se quiera ejercer la censura con tintes legales. La ley de nueva cuenta se utiliza según conviene a los intereses que la ejercen, y en el caso de Presunto culpable es muy claro. El objetivo es enfriar la película al darse cuenta del impacto que ocasionó al retratar la realidad y los intereses que hay detrás del descuido del sistema judicial y la procuración de justicia. Todos sabemos que eso es una práctica generalizada y ese cuestionamiento no fue del gusto de mucha gente. Buscaron y encontraron el pretexto para que alguien hiciera tal demanda.

Es un vil y evidente ejercicio de censura en el que el Poder Judicial se respalda con la ley, manipulándola a su gusto.

Un secreto a voces

El director escénico David Olguín dijo: El argumento que da Roberto Hernández, realizador del documental, es muy claro en el sentido de ventilar los procesos judiciales de manera pública. Lo que hace ese documento cinematográfico es exhibir un secreto a voces. Sin duda se trata de un crudo retrato del sistema de procuración de justicia y algo así provoca una respuesta como la que está dando el Poder Judicial: una censura. Un acto de esa naturaleza lo que hace es publicitar ese documento estremecedor, por lo que se requiere de un movimiento colectivo para defenderlo.

Ana Francis Mor, actriz e integrante del grupo de teatro-cabaret Las reinas chulas, opinó que querer sacar de la cartelera cinematográfica un documental así es como buscar tapar el sol con un dedo. Es muy sabido que el sistema de procuración de justicia en nuestro país está para llorar, que funciona muy mal. Por eso es muy valioso un documental que justo retrata eso y que gracias a que está ahí pueden ocurrir cosas distintas”.

También destacó la labor de los realizadores de lo que consideró una iniciativa ciudadana muy importante. En la sociedad civil nos hemos encontrado con que nos tenemos que proteger a nosotros mismos, que no podemos contar con el Estado para que garantice nuestros derechos y ese documental es una muestra más de ello. Me parece que a las autoridades les va salir más caro el escándalo, cuando la sociedad civil ya no está para eso.

Chocan libertad de expresión y protección de la imagen personal

Análisis cuidadoso del caso, piden activistas de derechos humanos
Laura Poy, Alfredo Méndez, Carolina Gómez, José Antonio Román y Fernando Camacho
Periódico La Jornada
Viernes 4 de marzo de 2011, p. 11

Con el documental Presunto culpable, la justicia mexicana se enfrenta a un caso donde se contraponen dos derechos: por un lado, el de la libertad de expresión, y por otro, el de la protección de la imagen personal, por lo que se debe analizar con cuidado si la cinta vulnera el honor del solicitante del amparo, o si se trata de un verdadero acto de censura, afirmaron activistas de derechos humanos.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que se trata a todas luces de una decisión que viola el derecho de los ciudadanos a informarse, porque el Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, negar la circulación a una obra artística, independientemente de que haya alguna afectación individual.

Por su parte, Ricardo González, de la organización Artículo 19, señaló que quien interpuso la demanda de amparo está en su derecho de hacerlo, apelando a la defensa de su nombre e imagen.

Aquí tenemos la contraposición de dos derechos: por un lado, la libertad de expresión de un tema de sumo interés público, y por otro, la posibilidad de una persona de defender su imagen. Aquí la juez tendrá que ponderar ambas cosas, y valdría la pena que hiciera un ejercicio de transparencia para saber cuáles son sus criterios, afirmó.

Ponderación argumentativa

De su lado, especialistas en derecho constitucional afirmaron que la decisión provisional de una juez federal para suspender la proyección de la película debe ser ampliamente analizada, pues hay elementos legales para revertir esta suspensión.

Miguel Ángel Eraña, profesor de la Universidad Iberoamericana, aseveró que en este caso se debió aplicar el principio de ponderación argumentativa, donde el juzgador puede analizar el respeto a una libertad fundamental, como es el respeto a la propia imagen, en contraposición con el derecho a la información, que es un derecho colectivo.

Elisur Arteaga, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que si bien todo ciudadano tiene derecho a la protección de su imagen, hay elementos para que prospere un recurso de apelación contra la suspensión. Se debe considerar si no hubo una autorización tácita del afectado al colaborar en el documental, o en qué condiciones se llegó a un acuerdo con los productores.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, consideró que la suspensión provisional de la cinta es un acto de censura que afecta la garantía constitucional de libertad de expresión, por lo que recomendó se revise la resolución judicial.

Es muy importante que en nuestro país vayamos abonando a que la libertad de expresión quede plenamente garantizada y sobre todo evitemos cualquier acto de censura. Debemos contar con la madurez suficiente para que se evite cualquier tipo de censura, expuso el ombudsman nacional.

Por su parte, el procurador general de Justicia del estado de Chiapas, Raciel López Salazar, manifestó su desacuerdo con la prohibición de la película Presunto culpable, porque la Constitución consagra que los juicios son una audiencia pública.

Al mismo tiempo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó como un duro golpe a la libertad de expresión la decisión de la juez Blanca Lobo Domínguez de suspender la proyección del documental en todas las salas cinematográficas del país.

Finalmente, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, apuntó que por el momento es muy apresurado hablar de censura, porque la resolución judicial fue originada por la queja de una persona –aparentemente menor de edad–, en ejercicio de un derecho.

Si el documental se retira de los cines puede ser exhibido en plazas públicas, dice Ebrard

En Presunto culpable, el Poder Judicial se convirtió en juez y parte: legisladores

Lo dictaminado por la juez Blanca Lobo constituye un peligroso precedente de censura directa

Víctor Ballinas, Andrea Becerril, Ciro Pérez, Enrique Méndez y Gabriela Romero
Periódico La Jornada
Viernes 4 de marzo de 2011, p. 11

Senadores y diputados de todas las fuerzas políticas deploraron este jueves la decisión de la juez federal Blanca Lobo, quien ordenó suspender la exhibición y distribución del documental Presunto culpable, ya que, dijeron, ello constituye un peligroso precedente de censura directa.

Lo grave del caso, coincidieron varios legisladores, es que con el caso de esta cinta, el Poder Judicial se convirtió en juez y parte, pues por un lado es el centro de las críticas en el contenido de la película y, por otro, corresponde a una juez, integrante de esa institución, dirimir la controversia suscitada por la exhibición cinematográfica.

De su lado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se manifestó en contra de la orden de la juez federal de suspender la exhibición de Presunto culpable y anticipó que de ser necesario éste podría exhibirse en plazas públicas de la ciudad de México.

Ebrard Casaubon agregó que es una disposición “media egipcia, en la que ‘apaguen su Facebook, su Twitter’, eso ya no es posible y tampoco se puede impedir que la gente vea una película, creemos en las libertades y esto lo que hará es que se vea más”.

Decisión equivocada

En el Senado, los presidentes de las comisiones de Cultura, María Rojo; de Radio y Televisión, Carlos Sotelo; el coordinador de los senadores del PAN, José González Morfín, además del priísta Carlos Jiménez Macías y el también coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, destacaron que fue una decisión equivocada y debe revisarse.

El presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, el priísta Jesús Murillo Karam, sostuvo: Déjenme decirles algo muy contundente: en este momento la película es muy útil; en el Congreso ya aprobamos una reforma penal y nos dimos ocho años de plazo para ponerla en práctica; faltan cinco años. Esta película es oportunísima porque nos crea conciencia de la necesidad de acelerar ese cambio.

La perredista María Rojo dijo: “Esto huele a censura. Tengo la experiencia de las películas La tarea, Zapata en Chinameca, El Apando, Las Poquianchis, es una lista larga”. Subrayó que desde La rosa blanca, en la década de los 50, no había ocurrido un caso de censura como éste.

Juan Carlos Sotelo, también del PRD, destacó en conferencia de prensa que “la suspensión de la exhibición de Presunto culpable es un caso de flagrante censura. El Poder Judicial se arroga un papel de censor, constituye un peligroso precedente de censura directa; es uno de los más grandes atropellos contra la libertad de expresión”.

Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, destacó que un ciudadano que tiene derechos constitucionales podría haber recurrido a otros instrumentos legales para protegerse; tiene el juicio por daño moral o por la vía civil, pero no es lo correcto la vía del amparo.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, José González Morfín, dijo que flaco favor le hace la juez al Poder Judicial, que queda tan mal parado después de ver esta película, misma que no hace otra cosa más que relatar lo que realmente sucede en los juicios. La juez se equivocó. Los juicios son públicos, los expedientes también.

A su vez, el priísta Carlos Jiménez Macías dijo que ha habido una protesta impresionante, fallas muy claras al tratar de sacar la película de la cartelera.

En tanto, en la Cámara de Diputados se hicieron votos porque se rectifique el fallo judicial que prohíbe la exhibición de Presunto culpable. Durante la sesión, legisladores de todos los partidos condenaron la suspensión del documental, al considerar que se trata de un acto de censura que atenta contra la libertad de expresión.

En nombre del Partido del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo propuso exhibir el documental por medio del Canal del Congreso, mientras que los diputados del PRI Arturo Zamora y Francisco Rojas confiaron en que la resolución de la juez se tendrá que modificar para que se permita igual la exhibición del documental en las salas. Mientras tanto, el vicecoordnador panista, Carlos Alberto Pérez Cuevas, aseguró que se debe respetar la libertad de expresión en la exhibición del documental.

En tanto, entrevistado en León, Guanajuato, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, consideró que la orden de suspender la exhibición de Presunto culpable atenta contra la libertad de expresión.

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