de Derechos Humanos por caso Campesinos Ecologistas
- Se trata de un primer paso para continuar dando a conocer la verdad histórica del caso.
- Tanto Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, como su defensa se mantienen a la espera de que el Estado mexicano de pasos sustantivos para el cumplimiento de todas las disposiciones incluidas en la sentencia para garantizar el acceso a la justicia a los Campesinos Ecologistas.
Centro Prodh
El día de hoy el Estado mexicano ha dado un primer paso en el cumplimiento de la Sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el 26 de noviembre de 2010 al publicar la sentencia integra en el Diario Oficial de la Federación, así como el resumen oficial de la Corte IDH a la misma sentencia como inserción en El Universal. Recordemos que dicha sentencia condena al Estado mexicano por violaciones a diversos derechos contra los señores Montiel y Cabrera y le impone una serie de obligaciones de las cuales esta publicación es el primer paso.
La Corte ha señalado que la sentencia en sí misma es una forma de reparación del daño, pues constituye un elemento primordial para continuar dando a conocer la verdad histórica y recordar los compromisos internacionales que el estado mexicano ha asumido en la materia. Sin embargo es importante resaltar que la mayor parte de las reparaciones a que la sentencia obliga a México están por cumplirse, en particular la que tiene que ver con el tema de justicia y con la investigación por los alegatos de tortura en contra de los militares responsables de la misma a través del fuero civil.
La sentencia es muy enfática en confirmar la exigencia al Estado mexicano de limitar el uso excesivo del fuero militar, pues destaca la necesidad de investigar “todas las vulneraciones de derechos humanos en el marco de la jurisdicción penal ordinaria, por lo que no puede limitar su campo de aplicación a violaciones específicas, tales como la tortura, la desaparición forzada o la violación sexual. El Tribunal recuerda que el artículo 2 de la Convención Americana establece la obligación general de todo Estado parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella reconocidos, lo cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas”.
La defensa del caso, conformada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) reiteran su compromiso indeclinable con las víctimas para acompañarlas por todos los medios a su alcance, hasta que el Estado mexicano haya dado el cumplimiento más amplio posible para esta sentencia y las reparaciones en ella establecidas.
Fraude en viviendas afecta a medio millón de familias en Edomex
El día de hoy el Diario La Jornada publicó una nota sobre el fraude en cuestión de viviendas y las afectaciones que actualmente viven medio millón de familias en el Estado de México.
Actos simulados en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad CFE y miles de familias fueron realizados por diversas constructoras y sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) y de objeto múltiple (Sofomes) al vender conjuntos habitacionales en varias entidades del país en 2003 sin la infraestructura para el suministro de energía eléctrica, agua potable y otros servicios por los cuales pretenden cobrar a los afectados. Según la denuncia que presentó José Humbertus Pérez, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) reclaman a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) que responda por las obligaciones contraídas con las familias afectadas según la ley, pues esa entidad otorgó recursos multimillonarias a Sofoles y Sofomes creadas en la gestión de Vicente Fox sin que existieran garantías para recuperar el dinero.
El caso del conjunto habitacional Villa del Real fases I y II en Tecámac, Estado de México, ilustra tal situación pues se realizaron 3 mil 777 avalúos sin estar construidos los inmuebles vendidos. Pese a ello, en los avalúos afirmaban que existían servicios públicos, equipamiento urbano, líneas áreas de electrificación, pavimentos de concreto hidráulico, banquetas, drenaje, servicios de transporte, escuelas, mercados y comercios. En la denuncia se acredita la simulación con la bitácora de supervisión de control de obras de infraestructura, urbanización y equipamiento de conjuntos urbanos. Los afectados en Tecámac al acudir ante la CFE fueron informados que contrario a lo que reportó la constructora Urbi la fraccionadora no cuenta con planos del proyecto, inventarios físicos valorizados, facturas de materiales y otros. CFE señaló que toma como válidos los documentos que se presentaron ante LFC y prestara el servicio 4o que implica asumir los costos de la infraestructura, advirtió Pérez, pero sigue pendiente la entrega de los referidos documentos.
Los fraudes involucran a familias que arrendaron con opción a compra, que pagaron sin que Urbi ingresara el dinero a un fideicomiso para garantizar el pago a SHF y eventuales daños. La corrupción llegó a tal grado que el síndico municipal de Tecámac presentó una controversia constitucional ante la Corte que ya ganó contra el ex titular de Desarrollo Urbano del estado de México, Miguel Ángel García, por autorizar la construcción del conjunto urbano habitacional sin tener atribuciones de ley.
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