11/03/2011

Luego de recibir los amagos, Marisela Ortiz advierte que no huirá de Ciudad Juárez

Amenazan de muerte a la fundadora de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa

Nombran jefe policiaco de la urbe fronteriza a militar acusado de violar los derechos humanos

Rubén Villalpando y Miroslava Breach
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 11 de marzo de 2011, p. 14

Ciudad Juárez, Chih., 10 de marzo. Marisela Ortiz, fundadora de la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y su familia fueron amenazados de muerte por desconocidos mediante una manta colocada en un muro de la secundaria técnica número 60, donde la activista imparte clases desde hace 18 años.

En el mensaje, firmado por JL, se menciona el apoyo que Ortiz ha brindado a Malú García Andrade, vocera de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

El pasado 17 de febrero, desconocidos rociaron con gasolina la casa de García Andrade y la incendiaron en momentos en que la activista brindaba apoyo a los integrantes de la familia Reyes Salazar, por lo que días después se fue de la ciudad. Actualmente reside en el Distrito Federal.

Este jueves, entrevistada luego de la aparición de la manta, Marisela Ortiz dijo que no abandonará Juárez y que no sabe a quién pudo haber afectado con su lucha en busca de que se esclarezcan los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas.

Agregó que intentará proteger a sus hijos, “y si muero, será de manera digna, porque he construido una reputación durante 18 años. Tomo en serio las amenazas, porque ya hemos pasado por casos difíciles (mataron a su yerno hace dos años), y las agresiones que padecemos nos hacen fuertes.

Antes solamente nos intimidaban a los activistas. Ahora nos agreden. Seguiré trabajando de manera normal, porque no voy a salir huyendo, advirtió.

Estoy triste por lo que pasa en Juárez, pero mis hijos se van, apuntó. Indicó que actualmente es resguardada por una escolta de agentes de la Policía Federal, por otras amenazas recibidas.

A su vez, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, afirmó que la joven Marisol Valles García no dejó el cargo de jefa de la policía del municipio de Praxedis G. Guerrero por inseguridad, sino por su conveniencia. Agregó que se trató de una estrategia para acogerse a una ley en Estados Unidos y cruzar legalmente e irse con su familia.

José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, solicitó al cónsul de El Paso, Texas, que intervenga en los asuntos legales del asilo político que solicitó Valles García.

Afirmó que mientras la estudiante de criminología fue jefa policiaca, en ningún momento denunció ante el organismo a su cargo haber recibido amenazas o tener miedo por alguna circunstancia en particular.

Mano dura

Julián Leyzaola Pérez, ex jefe de la policía de Tijuana, Baja California, fue nombrado director de seguridad pública municipal de Ciudad Juárez. Durante su presentación prometió mano dura en la corporación.

Leyzaola Pérez, teniente coronel del Ejército, sustituye en el cargo al también militar Laurencio Rodríguez, quien a su vez fue designado subdirector del penal municipal de Juárez.

El alcalde juarense, Héctor Murguía Lardizabal, informó que el nombramiento del jefe policiaco fue consensuado con el presidente Felipe Calderón y el gobernador César Duarte, como parte de la estrategia de combate a la criminalidad en la población fronteriza.

Leyzaola ofreció obtener buenos resultados a corto plazo, y señaló que su desempeño se regirá por el lema: honestidad, vergüenza y trabajo, como en Tijuana, donde se obtuvieron logros en el combate a la delincuencia.

Al teniente coronel Leyzaola se le llegó a llamar el héroe de Tijuana por su perfil de mano dura y el reto a la delincuencia, pero también existen acusaciones por presunta violación a los derechos humanos en el ejercicio de su labor.

Leyzaola debería ser procesado

Así, activistas de organizaciones civiles señalaron que el nombramiento de Leyzaola, luego de haber sido acusado de tortura en numerosas ocasiones mientras dirigió la policía de Tijuana, es una señal preocupante, que demuestra el nulo interés de las autoridades juarenses por los derechos humanos.

Los activistas lamentaron que con tal de supuestamente bajar los niveles de criminalidad, se esté optando por esquemas de mano dura que sólo propician un mayor grado de violencia e inseguridad.

La activista Blanca Mesina, quien participó junto con Silvia Vázquez en la investigación del arraigo y la tortura de 25 policías municipales de Tijuana en 2009, supuestamente ordenados por Leyzaola, afirmó que dicho funcionario no es apto para cumplir con tareas de seguridad pública.

Es extraño que el alcalde de Juárez pueda aceptar a un personaje de este tipo, con las recomendaciones que se han emitido contra él, incluso en algunas organizaciones internacionales. Si se sabe que ha cometido abusos, no es coherente que lo coloquen en un puesto tan importante, apuntó.

Aunque en Estados Unidos lo llegaron a calificar de héroe y decir que depuró la policía y atrapó a grandes capos, Leyzaola ordenó detenciones ilegales y torturas contra hombres, mujeres e incluso menores de edad, lo cual puede ser especialmente peligroso en una ciudad de por sí caracterizada por la violencia como Juárez, añadió.

Menosprecio por garantías

El director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena, advirtió que con el nombramiento queda de manifiesto el menosprecio de las autoridades por las garantías de los ciudadanos.

Los crímenes ordenados por Leyzaola fueron incluso llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias locales, y ese hecho “no puede ser ignorado por el alcalde. Se antepone el criterio de ‘mano dura’, cuando los militares no tienen una preparación para realizar trabajos de prevención del delito”, señaló.

Ramírez Baena previó que este nombramiento acarreará peores consecuencias para Ciudad Juárez, además de que se incrementará la violencia por el menosprecio del funcionario a los derechos humanos.

Esta persona no tiene las aptitudes para tratar un tema tan delicado, y en una zona tan conflictiva. En vez de que lo nombren (en este cargo), debería estar siendo procesado.

Con información de Fernando Camacho Servín

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