Martes 12 de julio de 2011, p. 17
Entre los funcionarios públicos prevalece un sentimiento de descontento respecto al Servicio Profesional de Carrera (SPC), debido a la falta de transparencia en los procesos de selección, promoción y desarrollo profesional, advierte la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Funcionarios del organismo destacaron que además de que se ha abusado
de la ley del SPC para hacer nombramientos directos, las relaciones personales siguen siendo el camino para lograr promociones, incluso para puestos del SPC
.
En el estudio Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en México, la OCDE destaca el uso en México del artículo 34 de la ley del SPC, cuyo fin es crear una excepción temporal al concurso abierto y llevar a cabo un proceso de selección más ágil para afrontar necesidades urgentes. No obstante, se han cometido abusos en el uso de esta disposición, y entre la opinión pública y círculos académicos existe la percepción de que el clientelismo y el patrimonialismo prevalecen en la administración pública federal
.
Lo anterior lo subrayó Aart de Geuss, secretario general adjunto de la OCDE, al término del primer día de trabajos de la conferencia La construcción de un sector público efectivo y transparente en América Latina
, en la cancillería mexicana.
Ahí se recomendó al país: Clarificar las excepciones sobre concursos abiertos en el SPC
y justificar y hacer públicas las designaciones bajo excepción
, a fin de poder recobrar la credibilidad en los procesos de reclutamiento
de los servidores públicos.
En el estudio se destaca la importancia de revisar las disposiciones sobre promoción y desarrollo profesional, y dejar en claro que las promociones se logran por medio del mejoramiento continuo y no por ser una prerrogativa
.
Se enfatiza que la imparcialidad en el reclutamiento se aseguraría al dar énfasis al mérito, y con procesos abiertos y competitivos para cada puesto.
Por su lado, el subsecretario de la Función Pública, Rogelio Carbajal, dijo que el empleo en el gobierno federal, como porcentaje de la fuerza laboral total, pasó de 10.9 por ciento en 2000, a 8.8 por ciento en 2007.
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