Inés y Valentina demandan que sus casos sean investigados en el fuero civil

El día de ayer, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú dieron a conocer la demanda formal que interpusieron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) para que las investigaciones abiertas por violación sexual y tortura perpetuadas en contra de ambas por elementos del Ejército mexicano, sean remitidas al fuero civil.

Tanto ellas como la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa y Tlachinollan, dieron a conocer que dirigieron un escrito a la licenciada Maricela Morales para que a la brevedad pida a su homóloga militar la remisión de las averiguaciones previas relacionadas con sus denuncias. Además, que emitieron un escrito a la propia PGJM en el que, invocando lo resuelto en fecha reciente por la SCJN, exigen que la investigación sea remitida de manera inmediata al fuero civil. Asimismo, reiteraron la falta de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace más de ocho meses, ordenó al Estado mexicano trasladar las investigaciones a la PGR.

La iniciativa de Inés y Valentina fue suscrita por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, entre las que se encuentran la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), la Organización para el Futuro Mixteco(OFPM), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Gro.), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ),la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (RedTDT, conformada por 72 organizaciones en 23 estados de la República) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), ARTICULO XIX y Amnistía Internacional (AI), quienes denunciaron que si el fuero militar sigue haciéndose responsable de las investigaciones, será muestra de que el Ejecutivo estará eludiendo su responsabilidad internacional y la responsabilidad emanada por el dictamen de la SCJN.

El gobierno federal debe reconocer el trabajo de defensores: Amnistía Internacional

Contrario a lo recientemente expuesto por el presidente Calderón ante Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en el sentido de que el gobierno federal está atento a las necesidades de los grupos de defensa y promoción de los derechos humanos y que asume con convicción sus planteamientos, recientemente el Secretario de Marina declaró que “existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”.

Además de desacreditar la labor de las y los defensores de derechos humanos, estas declaraciones incrementan su vulnerabilidad y dañan los esfuerzos que distintas organizaciones han asumido para concretar un mecanismo de protección permanente. Es por esta razón que Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento en el que exige que el gobierno federal reitere públicamente el reconocimiento al valor y la legitimidad del trabajo de quienes defienden derechos humanos en el país.

En la frontera sur el Relator de la CIDH conocerá violaciones sistemáticas a derechos humanos

Este 28 y 29 de julio, organizaciones de la sociedad civil de la frontera sur estarán reuniéndose con la Relatoría para Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de expresarle sus preocupaciones sobre la situación de especial vulnerabilidad de migrantes y solicitantes de refugio en tránsito por México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova expresó en un comunicado que el enfoque de seguridad nacional de la política migratoria y la ausencia de marcos regulatorios con enfoque de género y derechos humanos es lo que ha llevado a la criminalización de las personas migrantes y a que no puedan hacer valer sus garantías y sus derechos humanos. Asimismo, señalaron que reunirse con el Relator Felipe González en la frontera sur implica visibilizar prácticas violatorias de derechos humanos que sufren quienes provienen principalmente de países centroamericanos, sudamericanos, asiáticos y africanos. Recalcaron el valor estratégico de la frontera sur mexicana, en la que se llevan a cabo el 85 por ciento de las detenciones de migrantes y se encuentran más de 15 puntos de detención, entre los que se encuentra la Estación Migratoria Siglo XXI, una de las más grandes de Latinoamérica.

Tomando en cuenta este contexto, exigen a las autoridades de los tres órdenes de gobierno dejar de perseguir y criminalizar a la población migrante y garantizar el goce de sus derechos humanos; prohibir la detención de migrantes en las estaciones migratorias; eliminar el visado para los países centroamericanos; y armonizar la legislación con los instrumentos y tratados internacionales.

Recomendamos leer la entrevista en El Financiero realizada por Diego Badillo a nuestro director, José Rosario Marroquín, en la que se aborda el tema de la decisión histórica de la SCJN de acotar el fuero militar: “No deben existir los tribunales especiales”