Por José René Paz
La desaparición forzada o involuntaria de personas constituye una flagrante e inaceptable violación a los derechos humanos. En México, este fenómeno recrudeció durante la llamada Guerra Sucia (desde la década de 1960). Sin embargo, y a pesar de la creación – y el fracaso - de la Femospp (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dichas desapariciones siguen impunes y las familias siguen sin saber dónde están sus seres queridos. Resulta más grave aún que en la actualidad, dichas prácticas persistan y que ni el gobierno federal ni las autoridades estatales, tomen las acciones correspondientes para terminar con tales violaciones y abusos en contra de la población mexicana.
A una persona desaparecida se le niegan sus derechos fundamentales, empezando por su derecho a la libertad, integridad física, seguridad, reconocimiento de su personalidad jurídica y el derecho inalienable a la vida, en caso de ser asesinada.
Cuando una persona logra salir con vida de ese infierno, continúa durante mucho tiempo sufriendo las consecuencias físicas y psicológicas de este acto brutal y deshumanizante. En muchos de los casos, los sobrevivientes tienen que convivir con las personas culpables de su desaparición - viviendo en total impunidad – lo que resulta una verdadera e insoportable tortura psicológica. De igual manera, la desaparición forzada o involuntaria es también una tortura psicológica para los familiares del desaparecido o desaparecida por el simple hecho de no saber cuál es su paradero, viviendo con la angustia e incertidumbre de no saber si esta persona sigue con vida o si ha muerto. Además, los familiares son incluso víctimas de amenazas o acoso en sus esfuerzos por buscar la verdad y acceder a la justicia.
Es crucial que sigamos denunciando tanto las desapariciones forzadas del pasado como las desapariciones “actuales” que suelen ocurrir dentro del marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” del Presidente Felipe Calderón. Es importante seguir documentando casos no sólo con el afán de acceder a la justicia pero como una obligación moral de no olvidar lo que pasó y para buscar la forma de garantizar que esos actos no vuelvan y no sigan ocurriendo.
Al respecto, una delegación de la ONG francesa ACAT-France (en español, Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura) realizó en días recientes una visita a México para llevar a cabo un diagnostico de las prácticas de tortura y malos tratos en el país. Para la delegación resultaba primordial entrevistarse con organizaciones de la sociedad civil pero también recabar testimonios de viva voz de víctimas que sufrieron algún tipo de tortura, malos tratos o abusos en el marco de una desaparición forzada. ACAT-France lanzó en 2010 una campaña de sensibilización sobre las desapariciones forzadas (Disponible en francés en este enlace: www.acatfrance.fr/campagne_
El Centro Prodh estuvo coordinando en gran parte esta misión y en ese sentido, facilitó una serie de reuniones con víctimas y familiares de víctimas de desaparición forzada y tortura. La delegación sostuvo una reunión con la Fundación Diego Lucero en la que estuvieron presentes Diego Lucero, hijo de Diego Lucero Martínez, ejecutado extrajudicialmente en 1972, Blanca Hernández, y Fritz Glockner, escritor e historiador que resucitó el tema de las desapariciones forzadas en la Guerra Sucia con su novela “Cementerio de papel“.
Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, detenida-desaparecida en la Ciudad de México en 1978, compartió el caso de su madre. Este caso fue presentado por el Centro Prodh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado mes de abril. La delegación de ACAT-France se reunió además con Martha Alicia Camacho, de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS) y en su tiempo, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre quien fuera desaparecida en 1978; su esposo, también militante, fue asesinado, y ella sufrió tortura e incluso dio a luz a un hijo en cautiverio.
Finalmente, familiares de desaparecidos y miembros de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos(as) en Coahuila (FUUNDEC) compartieron sus testimonios sobre la problemática de la desaparición forzada en el norteño estado de Coahuila.
ACAT-Francia espera publicar próximamente un informe en francés sobre esta visita así como una versión en español que será difundida en México en la cual participara el Centro Prodh.
Audiencia Pública en el Senado sobre Mecanismo para periodistas y defensores de derechos humanos
El día de ayer se llevó a cabo un encuentro entre algunos senadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil, radios comunitarias y periodistas, para dar a conocer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y, en este sentido, urgir a la construcción de una ley que regule la creación e implementación de un mecanismo de seguridad para quienes sufren hostigamientos y amenazas por la labor que realizan.
En el encuentro estuvieron presentes centros de derechos humanos como Tlachinollan, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Comité Cerezo México, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos, la Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana, CENCOS, Artículo XIX, el Centro Prodh, entre otras; también se encontraban representantes de radios comunitarias, como la Voladora Radio del Estado de México. En primer lugar, expusieron el contexto de inseguridad en el que se ven obligadas a desempeñar su trabajo y dieron a conocer las pésimas gestiones que realiza la Secretaría de Gobernación para la implementación de medidas cautelares. Varias organizaciones coincidieron en que esta dependencia federal se excusa en la falta de recursos económicos para no brindar condiciones de seguridad; otras expresaron su preocupación por la falta de interés y el desconocimiento que los tres órdenes de gobierno tienen respecto a los derechos humanos y su defensa y protección.
Finalmente, los senadores ahí presentes se comprometieron a cuestionar al Secretario de Gobernación, Francisco Blake, sobre el uso que se hace de los recursos económicos destinados a la implementación de medidas cautelares; al mismo tiempo, señalaron que están dispuestos a realizar las gestiones necesarias para legislar al respecto.
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