Lunes 18 de julio de 2011, p. 15
Chilpancingo, Gro., 17 de julio. El presidente Felipe Calderón se niega a resolver las numerosas desapariciones ocurridas durante la guerra sucia en Guerrero y otras entidades, pese a que la información a su alcance permitiría localizarlos, afirmó Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Víctimas de Violación de los Derechos Humanos en México (Afadem).
Entrevistada en Chilpancingo días después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que retira el fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos, la hija de Rosendo Radilla Pacheco –desaparecido en Atoyac de Álvarez en agosto de 1974– demandó a Calderón ordenar al Ejército que abra los archivos y revele dónde están los desaparecidos y qué pasó con ellos
.
Aceptó que aunque se solicita la presentación de los desaparecidos y se sabe que quizá están muertos, las familias exigen hallarlos en cualquier condición. Recordó que en el caso de su padre no sólo intervino mucha gente sino todo el aparato estatal, hasta llegar al Presidente de la República (entonces Luis Echeverría), quien sabía lo que pasaba en Guerrero y otros estado.
Atribuyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ser corresponsable de las desapariciones, pues ejecutó las órdenes o conoce a los autores intelectuales y materiales de los crímenes.
En la Sedena vimos archivos y bitácoras del personal asignado no sólo a Guerrero, sino a otros lugares donde muchas personas eran detenidas
, dijo Tita Radilla.
Recordó que la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en su momento giró órdenes de aprehensión en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Humberto Quirós Hermosillo, pero sólo acusó a este último de la desaparición de Radilla.
“Desde la creación de la fiscalía ya pasaron muchos años y ni un caso fue resuelto; la dependencia también desapareció y eso es lo más indignante y ofensivo, pues hay cientos de familias esperando una justicia que no llega.
“En Guerrero –dijo– también fueron responsables los gobiernos estatales de aquel momento porque no dijeron nada ni apoyaron a los deudos; a la actual administración de Ángel Aguirre Rivero también le corresponde abrir los archivos para analizarlos y hacer las investigaciones correspondientes, lo cual ya se pidió.”
Tita Radilla consideró que la intervención de instancias internacionales y la reciente resolución de la Suprema Corte constituyen los primeros resultados de una larga lucha que aún continuará. La Afadem da seguimiento a 70 casos porque no tiene capacidad, abogados ni recursos para más.
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