Las organizaciones presentan queja ante la CNDH
El titular de Marina dijo que criminales utilizan a grupos ciudadanos para desprestigiar a instituciones
Jueves 28 de julio de 2011, p. 2
Organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, quien dijo que grupos delictivos utilizan a agrupaciones ciudadanas para tratar de manchar el prestigio de las fuerzas armadas.
Esas afirmaciones, señalaron, violan las garantías a la seguridad de las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Exigieron que el gobierno federal haga una comunicación pública en la cual refrende la importancia de la labor de estos defensores y sobre la necesidad de garantizar la aplicación de medidas para protegerlos.
Las agrupaciones suspendieron además de manera temporal la mesa de diálogo sobre el diseño del mecanismo para la protección de los defensores de derechos humanos que se realiza en la Secretaría de Gobernación, en protesta porque el martes Saynez declaró que existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad.
La queja fue presentada por las organizaciones en la oficialía de partes de la CNDH. Después las ONG serían recibidas por la quinta visitaduría.
Darío Ramírez, director de la asociación civil Artículo 19, explicó que se presentó dicho recurso porque existe jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que se deben calificar los dichos que ponen en riesgo a los periodistas y los defensores de esos derechos.
Además de esa agrupación, suscribieron la queja el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Todos los Derechos para Todos.
Por la mañana, representantes de ONG se reunieron en Gobernación con la titular de la unidad para la promoción y defensa de derechos humanos, Omeheira López, a quien expresaron su molestia por los dichos del almirante Saynez.
“No podemos continuar el diálogo cuando persisten expresiones esquizofrénicas y contradictorias en el gobierno federal, porque por un lado dicen ‘sí a la protección’ y por otro estigmatizan nuestras actividades”, advirtió Ricardo González Bernal, oficial de protección y seguridad para México y Centroamérica de Artículo 19.
Las 15 agrupaciones que participan en esa mesa señalaron en un comunicado que con esas afirmaciones se expone a un mayor riesgo y vulnerabilidad a defensoras y defensores de derechos humanos, que enfrentan un contexto adverso, además de ser contrarias al espíritu de la reforma constitucional recién aprobada en materia de derechos humanos
.
El sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, recordó que ésta no es la primera ocasión que desde el gobierno se hacen este tipo de señalamientos para descalificar el trabajo honesto, dentro de la ley y con un prestigio social a nivel nacional e internacional de las organizaciones civiles de derechos humanos
.
Agregó en entrevista: quien hace afirmaciones señalando responsabilidades contra terceros, tendría que probar sus dichos. Las organizaciones civiles tienen reglas y protocolos para aceptar casos. No somos ingenuos, no comenzamos ayer nuestro trabajo. Tenemos una experiencia acumulada de años
.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, apuntó: “causa indignación que desde una instancia de gobierno federal se acuse sin pruebas a los ciudadanos de estar al servicio o vinculados a la delincuencia organizada.
Lo que más nos indigna es que no es un hecho aislado, no es algo que apenas ayer surgió, sino que tiene relación con señalamientos anteriores del Ejecutivo por la labor de organizaciones y ciudadanos.
Señaló que con esas acusaciones se construye un clima en el que se favorecen agresiones contra defensores de los derechos y contra quienes disienten.
Integrantes del movimiento que encabeza Sicilia condenan señalamientos del almirante
Funcionarios pretenden criminalizar a los defensores de derechos humanos
Alonso Urrutia
Jueves 28 de julio de 2011, p. 3
En vísperas de nuevos encuentros con los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cuestionó las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez –quien dijo que grupos delictivos utilizan a defensores de los derechos humanos para desprestigiar a las instituciones–, y del subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández, que descartó la creación de una comisión de la verdad, propuesta por el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia.
Esas acusaciones sólo pretenden criminalizar a los defensores de derechos humanos
, sostuvo Pietro Ameglio, integrante del movimiento. Lamentó que en las esferas de gobierno no se entienda la señal de que ésta es la última oportunidad de que exista colaboración con la sociedad civil.
Subrayó que la acusación contra los defensores de derechos humanos y el desdén hacia la comisión de la verdad que reivindica el movimiento es grave y preocupante
, ya que sólo alienta una nueva confrontación, porque es una forma de decirnos que no quieren buscar ni la verdad ni la justicia
en esta guerra emprendida sin el consentimiento de la sociedad.
Deploró que Saynez haya señalado a los defensores de derechos humanos, y dijo que en nada ayuda criminalizar a éstos, porque el problema involucra a todos: militares, autoridades, sociedad; por eso no se puede hacer una separación simplista de buenos y malos, porque eso es polarizar más esta guerra
.
A su vez, el activista Rocato sostuvo que son muy lamentables
esos posicionamientos, en virtud de que es una muestra de que parecen no estar dispuestos a escucharnos ni importarles hacer una revisión de lo que está sucediendo en el país, de analizar las omisiones en que han incurrido y hasta las posibles colusiones
.
En vísperas de que se reúnan representantes del movimiento con el Legislativo y se realicen trabajos de las mesas instaladas en la Procuraduría General de la República y en Gobernación, Ameglio y Rocato coincidieron en que es importante el encuentro para hacer una revisión de las leyes que están pendientes en materia de seguridad y de reforma política.
La Ley de Seguridad Nacional y una legislación en torno a las víctimas son ejes para modificar el esquema de militarización que se ha adoptado para resolver el problema de seguridad pública. Es necesario cambiar las prioridades de la seguridad del Estado y de las instituciones sobre la seguridad ciudadana, sostuvo Rocato, quien mencionó que la estrategia militar sólo ha escalado la violencia en muchos estados.
Ameglio advirtió que el gobierno debe tener claro que “este diálogo no es sólo de palabras, sino fundamentalmente de hechos. En septiembre, en el encuentro con el Presidente, se hará un balance de las respuestas a las demandas, y si el resultado es que no se ha cumplido nada, el movimiento deberá asumir que ésta no es la ruta hacia la paz y que se requiere pasar a otra etapa, pasar de la colaboración a la no cooperación, a la resistencia civil.
Nadie quiere llegar a ese extremo, pero la autoridad debe poner de su parte con hechos. El movimiento tiene claro su compromiso con la no violencia y lo que supone la resistencia civil en la lógica de no permitir el avance de la guerra y de la impunidad. El proceso social tiene muchas etapas; una es la del diálogo y colaboración, otra es la resistencia civil, porque después de esto, si no hay respuestas, no se puede seguir colaborando. Estamos en la frontera de la colaboración y la no colaboración.
Reivindicó la importancia de la agenda política que fortalezca la participación ciudadana y los instrumentos de control social al poder político. Su aprobación permitiría contar con elementos de exigencia a los poderes.
Siguen impunes las muertes y desapariciones
si el gobierno actuara como se debe. En la imagen, ayer durante un foro sobre la izquierdaFoto Yazmín Ortega Cortés
Jueves 28 de julio de 2011, p. 3
La senadora Rosario Ibarra manifestó que no se necesitaría una comisión de la verdad si el gobierno y las autoridades actuaran como se debe
, pero han hecho infinidad de cosas
que dan cuenta de la actitud pésima que ha tenido (la Secretaría de) Gobernación, y la terrible falta de congruencia con el respeto a la ley, a los derechos humanos, a las garantías constitucionales, pues está todo mal
.
Puso en duda la actuación de las autoridades federales, a las cuales no les podemos creer ni una palabra y nada de que digan: comisión de la verdad, pónganle como quieran, las palabras que quieran utilizar, está mal
. Todo, aseguró, es cosa de propaganda.
En entrevista, la legisladora lamentó el desdén del subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Rubén Fernández, a la propuesta de crear una comisión de la verdad, ante las miles de muertes vinculadas a la lucha contra la delincuencia organizada.
“Eso es cosa del señor (Javier) Sicilia y los que quieren seguirlo, y les dicen: ‘vamos a ver’, y no se hace nada y siguen las cosas espantosas, las muertes, las desapariciones, todo mal y sin un castigo a los responsables ni nada. Nada más propaganda”, aseguró.
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