Jueves 7 de julio de 2011, p. 13
Los defensores de las garantías individuales llevan a la vida cotidiana la lucha contra la discriminación y la violencia, por lo que el mecanismo de protección que el gobierno federal dio a conocer ayer es un paso adelante para garantizar su integridad y reconocer la importancia de su labor, afirmó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
Durante la presentación de la campaña Declárate, realizada ayer en el Teatro de la Ciudad y mediante la cual se busca poner de manifiesto el peligro en que suelen trabajar los activistas en la materia, Pillay señaló que la falta de visibilidad de éstos ayuda a que se encuentren más expuestos a represalias, y manifestó su esperanza de que la mencionada iniciativa gubernamental de protección sirva para detener este fenómeno.
Conozco la situación en México. Me he reunido con varios defensores y sé que muchos de ellos han sido hostigados, amenazados y asesinados. Las recomendaciones al respecto han dado como resultado un mecanismo de protección cuya firma tuve el gusto de atestiguar, y confío en que fortalecerá los esfuerzos para generar condiciones adecuadas para su trabajo
, indicó.
Uno de los más graves obstáculos que enfrentan las y los activistas es la falta de conocimiento de lo importante que es su labor, por lo que llamó a iniciar campañas públicas para revalorarlos y defenderlos de los riesgos a los que están expuestos todos los días.
Al término del acto –en el que también estuvieron presentes la actriz Cecilia Suárez, el cantante Saúl Hernández y los periodistas Lidia Cacho y Javier Solórzano– el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, Alberto Herrera, comentó en entrevista con La Jornada que la visita de Navi Pillay ha tenido resultados contrastantes, ya que mientras la funcionaria ha mostrado apertura y sensibilidad, Felipe Calderón porfía en su actitud de cerrazón y falta total de autocrítica, destacando sus logros e ignorando los señalamientos de alerta.
Pese a ello, uno de los saldos positivos del encuentro en Los Pinos, destacó, fue el hecho de que Pillay mencionara ante la plana mayor del Ejército
la necesidad de que se juzgue en cortes civiles a los uniformados que cometan abusos contra ciudadanos, aunque desgraciadamente la respuesta del mandatario fue que esos temas seguirán siendo manejados por los jueces de las propias Fuerzas Armadas.
Los llamados a modificar la estrategia de seguridad pública son cada vez más contundentes, y el Presidente está a tiempo de escucharlos. El cambio de rumbo no necesita meses, puede ocurrir hoy si tiene la suficiente voluntad política de instruir al Ejército a que envíe todos los casos de violaciones a los derechos humanos a la Procuraduría General de la República
.
Herrera también urgió a que haya un deslinde de responsabilidades por los más de 40 mil muertos que ha dejado la guerra
contra el crimen organizado, y a que si las investigaciones no tocan a los mandos más altos, por lo menos sí se juzgue a los perpetradores materiales de crímenes y abusos.
Durante la proyección de un video sobre la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos –disponible en la página de la campaña www.yomedeclaro.org–, integrantes del Comité 68 entregaron a Pillay una carta en la que piden que incluya en su informe previo de evaluación el tema de los crímenes de Estado ocurridos en 1968 y 1971.
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