La trasnacional se ha hecho de los servicios de funcionarios tanto federales como estatales
Lunes 17 de enero de 2011, p. 12
Tijuana, BC, 16 de enero. En la década reciente la carta de presentación de la trasnacional Sempra Energy ante funcionarios y empresarios mexicanos se ha enfocado en el desarrollo y operación de plantas de generación de energía limpia o alterna. Con los años, la empresa logró tejer con los grupos de poder del país una maraña de vínculos que sobrepasan la esfera directa de negocios.
El Instituto de las Américas, con sede en la Universidad del Sur de California en San Diego, se fundó en 1983 con el propósito de estudiar y promover las relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina. Desde hace más de una década Sempra Energy también lo ha utilizado como trampolín para vincularse con la región latinoamericana, especialmente con México.
En 2003 el embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, asumió la presidencia del instituto. Sus ocupaciones diplomáticas no le impidieron impulsar los intereses de Sempra en México.
Precisamente tocó al ex embajador y al empresario mexicano Gastón Luken Aguilar premiar por sus cualidades democráticas a Ernesto Zedillo en 2001, y a Vicente Fox en 2007, con el premio Award for Democracy and Peace. Subyacía el reconocimiento a ambos ex presidentes por la promoción e impulso de reformas en el sector energético que permitieron la participación de trasnacionales en actividades hasta entonces reservadas a la nación.
Los beneficiarios de la participación de Ernesto Zedillo y Vicente Fox en la apertura energética, y que participan en la junta directiva del Instituto de las Américas con carácter de donadores, son Darcel L. Hulse, presidente de Sempra LNG Corporation; Jeffrey Davidow, y los empresarios mexicanos Gastón Luken Aguilar y Enrique Robinson Bours Almada.
El 2 de febrero de 1999, Davidow organizó en la residencia oficial de Los Pinos un encuentro entre el gobernador de California, Gray Davis, y Ernesto Zedillo. En la reducida comitiva de Davis figuraba Richard D. Farman, presidente entonces de Sempra Energy. Para esa época la empresa contemplaba invertir en dos proyectos en México: un ducto de gas de Chihuahua a California, y un contrato multimillonario (que finalmente ascendió a 20 mil millones de pesos) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para suministro de gas natural a la planta termoeléctrica Presidente Juárez, en playas de Rosarito.
El mismo 2 de febrero por la noche Zedillo anunció en un mensaje a la nación que al día siguiente enviaría al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma constitucional para permitir la participación de la iniciativa privada en la industria eléctrica.
La iniciativa de Zedillo no fructificó, pero abrió el camino para que Vicente Fox la impulsara y materializara. El 20 de mayo de 1999 Zedillo fue agasajado con una comida en el edificio central de Sempra Energy, en San Diego, California. Richard D. Farman reconoció la iniciativa del jefe del Ejecutivo mexicano en materia eléctrica.
A la reunión asistieron Eduardo Bours Castelo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), quien estaba asociado con Gastón Luken en la distribuidora de gas mexicana llamada Próxima Gas, SA de CV. Para entonces dicha empresa ya operaba en sociedad con Sempra Energy.
Desde 1996 la trasnacional californiana y Próxima Gas compartían acciones de la distribuidora Gas Natural de Mexicali, que a partir de 1999 contó con permisos de la Comisión Reguladora de Energía para distribuir su producto en Baja California, Chihuahua y Durango.
En la partida número 5123396 del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Baja California, con fecha de 27 de junio de 1997, se señala que el consejo de administración de Próxima Gas es presidido por Gastón Luken; como secretario aparece Enrique Robinson Bours, (pariente de Eduardo Bours Castelo), y el tesorero Rodolfo Cabañas Vildosola. En 2004, Luken y Robinson Bours vendieron sus acciones de Próxima Gas a Sempra Energy.
Sempra desde entonces no ha dejado de contratar los servicios o asesorías de políticos mexicanos, como Luis Téllez, Érika Elorduy Blackaller (hija de Eugenio Elorduy, gobernador de Baja California de 2001 a 2007), Bernardo Martínez Aguirre –ex secretario de Gobierno de la entidad– y Roberto Curiel –socio del ex mandatario estatal Ernesto Ruffo.
Dionisio Pérez Jácome aprobó, como presidente de la Comisión Reguladora de Energía, todos los permisos para Sempra Energy: el tendido de gasoductos, la edificación de la termoeléctrica y la construcción de la planta de gas natural.
Este funcionario es partidario de abrir el sector energético a la inversión privada. Antes de ser presidente de la Comisión Reguladora, fue jefe de Unidad de Promoción de Inversiones de la Secretaría de Energía, en la administración de Zedillo. Hoy ha sido promovido por Felipe Calderón a secretario de Estado.
Luis Téllez fue contratado para integrar el consejo consultivo de Sempra, donde permaneció cinco meses, porque Felipe Calderón lo nombró al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese casi medio año cobró 63 mil 166 dólares.
La empresa Especialistas Ambientales, propiedad de José Antonio Ortega Rivero, fue la elegida por Sempra para realizar los estudios de impacto ambiental del tendido de los gasoductos y la construcción de la planta almacenadora de gas en Ensenada. Los estudios fueron aprobados por la Secretaría del Medio Ambiente: José Antonio Ortega era socio de Víctor Lichtinger, secretario de Medio Ambiente, y Rodolfo Lacy Tamayo, coordinador de Asesores de la mencionada secretaría.
Érika Elorduy fue apoderada de las empresas DGN Servicios y Próxima Gas. En el Registro Público de la Propiedad de Baja California, partidas 5152907 y 5116060, se detalla su participación en el entramado de Sempra. Además, Bernardo Martínez, ex secretario de Gobierno de Elorduy, es ahora empleado de la trasnacional.
A su vez, el antiguo secretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán es desde 2007 integrante de la junta directiva de Sempra. Para asuntos legales, la empresa recurre al despacho Creel, García Cuéllar y Muggenburg (cuyo fundador y principal dirigente es el senador panista Santiago Creel).
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