El nuevo marco legal concede garantías y obligaciones
Viernes 28 de enero de 2011, p. 17
Hoy entra en vigor la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria que en la víspera firmó el presidente Felipe Calderón.
Este nuevo marco legal coloca al refugiado como sujeto de derecho (con garantías y obligaciones) y prevé que una persona que es perseguida en su país de origen no podrá ser deportada.
La organización civil Sin Fronteras dijo que la nueva legislación es un paso importante para garantizar que estas personas no sean sólo objeto de la compasión del Estado, pero lamentó que no incluya de forma clara los principios que orientarán los procedimientos de reconocimiento, cesación y revocación de la condición de refugiado.
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la ley sobre refugiados operará a partir de este viernes todo lo relativo a las personas que soliciten protección en México por motivos de persecución, las cuales –según esta norma– no podrán ser rechazadas en puntos de ingreso ni deportadas. Ahora será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación la elaboración del reglamento respectivo.
Sin Fronteras celebró que la ley armonice el marco jurídico mexicano con estándares internacionales, específicamente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, aunque exhortó al Ejecutivo a que en el reglamento de la ley se desarrollen de manera exhaustiva los principios y procedimientos que deberán seguir ante los solicitantes de asilo. Además, que se establezcan de manera adecuada alternativas a la detención de éstos.
También se pronunciaron para que la legislación y su reglamento cuenten con presupuesto y coordinación institucional adecuados, particularmente para que se haga realidad la integración local de estas personas en educación, salud y empleo.
Esperamos un compromiso para el desarrollo ágil y completo de la ley en su reglamento y que se establezcan mecanismos adecuados para hacer efectivos los derechos y obligaciones que se establecen
, precisó Sin Fronteras.
Según datos de la Secretaría de Gobernación, actualmente hay en México cerca de mil 400 refugiados. Durante el periodo 2002-2010 se admitió y concedió dicha condición a cerca de 20 por ciento de los solicitantes.
Carece de mecanismos efectivos para proteger a indocumentados
Académicos piden al gobierno eliminar operativos de captura
Viernes 28 de enero de 2011, p. 18
Aunque es encomiable la propuesta de una nueva ley de migración por parte del gobierno federal –que en estos momentos se está discutiendo en el Senado–, dicha iniciativa carece de mecanismos efectivos y reales para llevar a la práctica los derechos de los miles de migrantes indocumentados que atraviesan el territorio nacional.
Así lo advirtieron los académicos y activistas participantes en el foro de opinión realizado el miércoles y jueves de esta semana en el auditorio Alfonso Reyes, de El Colegio de México, y cuyos resultados fueron presentados ayer en conferencia de prensa.
Fabianne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), ponderó que después de cuatro décadas el gobierno se haya decidido a actualizar la legislación en la materia, reconociendo los derechos de los migrantes en un sentido muy amplio, incluidos los económicos, sociales y culturales.
Además, la propuesta de ley elimina la categoría de dependiente económico
, que ponía en un segundo plano a la mujer con respecto al hombre, y garantiza el acceso de ambos al Registro Civil para dar nota de ciertos trámites.
No obstante, advirtió, la iniciativa sigue teniendo un carácter meramente declarativo, sin mecanismos que lleven a la práctica cotidiana los derechos de los migrantes indocumentados.
Uno de los aspectos en los que se hizo más énfasis fue el de solicitar a las autoridades mexicanas que eliminen los operativos de captura de migrantes, ya que son inconstitucionales, tienen consecuencias devastadoras
para la seguridad de esta población, y ni siquiera cumplen con la labor de regular su tránsito por el país.
También se alertó sobre el tema de las detenciones indefinidas de miles de personas en las estaciones migratorias, que también son contrarias a la ley cuando no siguen los adecuados procedimientos administrativos.
Asimismo, se sugirió fortalecer los métodos de rendición de cuentas del Instituto Nacional de Migración (INM); promover la cooperación de todas las dependencias y niveles de gobierno en la materia, y no olvidar los asuntos de la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos, y la migración interna.
A la falta de dientes
de la iniciativa gubernamental, señaló Venet, hay que agregarle la no existencia de programas específicos que sean aplicables en los puntos de tránsito y llegada más sensibles, así como la carencia de un presupuesto suficiente para poner en marcha cualquier esquema.
El foro, donde participaron Manuel Ángel Castillo, académico del Colmex, y Silvia Giorguli, presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, se reproducirá próximamente en otros estados de la República, para integrar la mayor cantidad de observaciones y de esa forma enriquecer la ley.
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