Sábado 29 de enero de 2011, p. 6
El programa de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) se ha convertido en una herramienta del gobierno para golpear a rivales políticos y ajustar cuentas con medios incómodos, en vez de constituirse como un mecanismo eficiente de investigación judicial, alertaron organizaciones sociales.
Sergio Méndez, coordinador del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que los testigos de dicho esquema, más que protegidos, son anónimos, por lo que sus dichos carecen de legalidad, e incluso podrían ser contrarios a la Constitución.
En el caso de las acusaciones contra el candidato priísta a la gubernatura de Guerrero, Manuel Añorve –por sus supuestos vínculos con el narcotráfico–, como en el llamado michoacanazo y los ataques contra el semanario Proceso, la PGR hace un uso ilícito
de las afirmaciones supuestamente realizadas por los testigos.
Además, al violar el principio de confidencialidad bajo el cual tendrían que regirse todas las averiguaciones previas, las autoridades ponen en riesgo la eficacia de la investigación judicial, lo cual va en contra de cualquier sistema que se precie de ser moderno y democrático, y atenta contra las garantías de los involucrados.
Por su parte, Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, consideró deplorable que una figura jurídica como la de testigos protegidos esté siendo utilizada con fines político-electorales, ya que eso contribuiría más a alimentar la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno y las instituciones.
Los comicios del próximo domingo en Guerrero, añadió, son la muestra más reciente de que el programa de la procuraduría en vez de servir para el combate a los grupos del crimen organizado, está contribuyendo ahora a ahondar el déficit democrático
que tiene el país, regresando a situaciones que muchos pensaban ya superadas.
En un entorno social dominado por el narcotráfico, golpear a rivales políticos con herramientas en teoría legales es preocupante
, no sólo por el enrarecimiento que eso provoca en los comicios, sino por la eventual falta de certidumbre en las instituciones judiciales.
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