16/01/2011

Invasión al sector energético


Sancionada en EU por actos ilegales, Sempra pretende instalar campo eólico en BC

La trasnacional fue multada en el país vecino con 800 millones de dólares

Manipuló en 2006 el suministro de gas natural para incrementar su precio

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Sempra Energy aprovechó la construcción –con recursos públicos– de la autopista Bicentenario para tender debajo un gasoducto entre Ensenada y Mexicali. A este último municipio conecta el tramo carretero de la imagen, captado en La RumorosaFoto Francisco Olvera

Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 16 de enero de 2011, p. 2

Tijuana, BC. La trasnacional estadunidense Sempra Energy se estableció en México al amparo de empresarios y políticos panistas y priístas, pese a que en su país ha sido identificada por alentar actos de corrupción, malversar recursos de los contribuyentes y actuar negligentemente en los mayores incendios en la historia de San Diego, California.

Con la aquiescencia oficial, fue la primera empresa extranjera en producir energía eléctrica en territorio mexicano. Aprovechó la construcción –con recursos públicos– de la autopista Bicentenario para tender debajo un gasoducto entre Ensenada y Mexicali. Pasó por alto las leyes civil y ecológica del país al levantar la única planta regasificadora de producto licuado natural en el litoral de la península de Baja California, y ahora pretende instalar un campo eólico en la sierra de Juárez.

En la región sur de California, Sempra es la encargada de los servicios público y privado de electricidad. Durante la crisis energética de 2001 fue responsable –junto con Enron– de maniobrar el mercado con objeto de allegarse ganancias récord.

Cinco años después manipuló el suministro de gas natural para subir su precio, desviándolo de sus plantas en San Diego a una termoeléctrica –también de su propiedad– en Mexicali. Por esos actos ilegales debió pagar multas en su país por un monto superior a 800 millones de dólares.

Durante los pasados 15 años extendió su influencia en México. En los gobiernos de los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, los principales directivos de la firma han recibido trato preferente y gozado de derecho de picaporte. Consiguieron las lealtades de Eugenio Elorduy, ex gobernador de Baja California, y de su hija, Érika Elorduy, quien fue contratada como apoderada legal de una filial de la trasnacional.

La empresa también se asoció con reconocidos empresarios, como Gastón Luken y Eduardo Bours Castelo –ex gobernador de Sonora–, quienes, dada su pertenencia al poder político mexicano, le abrieron la puerta de éste.

En ese entorno, la trasnacional aprovecha sus relaciones inconfesables con el ex gobernador Eugenio Elorduy para convertir a Baja California en el cuarto de máquinas del sur de Estados Unidos; ambos socios utilizaron los bienes de la nación para favorecer sus intereses por encima de la colectividad, refiere Jaime Martínez Veloz, ex candidato perredista a la gubernatura de Baja California, integrante de la Comisión para la Concordia y la Pacificación y en la actualidad interesado en revelar la verdad histórica en el caso del daño ecológico y social que Sempra Energy provoca en suelo mexicano.

La consolidación de la empresa en el país se dio en medio de la transición política del priísmo al panismo. Ernesto Zedillo les prometió la participación en el mercado mexicano de energía eléctrica desde febrero de 1999. Vicente Fox impulsó y consiguió la aprobación en el Congreso para la apertura al sector privado en la industria eléctrica, y Felipe Calderón inauguró la planta regasificadora de Sempra en Ensenada.

Hace siete años, la trasnacional comenzó a operar la termoeléctrica de Mexicali (planta de ciclo combinado que utiliza tanto gas natural como combustible líquido) con el fin de producir 625 megavatios de energía, suficiente para abastecer 470 mil hogares estadunidenses.

En 2004 los gobiernos federal y estatal dieron el visto bueno final para la construcción de la planta de almacenamiento de gas natural licuado. Ubicada 78 kilómetros al sur de Tijuana, la obra violó el Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, que impide erigir industrias de alto riesgo en la zona.

El interés sustancial de Sempra Energy por instalar la planta regasificadora en territorio mexicano –en la zona más cercana a Estados Unidos– se desvela al entenderse que la Comisión de Servicios Públicos de California impide la construcción de ese tipo de industrias en el litoral de la entidad estadunidense. El argumento está centrado en la peligrosidad que representa el elevado almacenaje de gas licuado natural –procedente de Indonesia– para los asentamientos urbanos aledaños.

Pese a conocer lo anterior, las autoridades permitieron la construcción de la planta, inaugurada el 28 de agosto de 2008 por Felipe Calderón, Donald E. Felsinger –presidente de Sempra–, Luis Téllez, Carlos Ruiz Sacristán y Gastón Luken.

Se pretendía entonces que la regasificadora generara cientos de empleos, pero la realidad es muy distinta: la plantilla laboral es de 80 trabajadores, incluyendo funcionarios y operadores.

La expansión de Sempra Energy también tocó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE): se firmaron dos contratos para el abastecimiento de gas natural a plantas generadoras de energía de la paraestatal, por un monto superior a 20 mil millones de pesos, pagaderos entre 1998 y 2022.

A lo anterior se suma el nuevo proyecto para instalar un complejo de rehiletes aerogeneradores de energía en la sierra de Juárez. A pesar de la oposición de grupos ecologistas y académicos, que denuncian el grave deterioro ecológico y social que sufrirá la zona, las autoridades federales y estatales mantienen su respaldo a la trasnacional.

La falta de transparencia y el desorden legal que persiste en Baja California acerca de estos temas fueron eludidos por el ex gobernador Elorduy cuando justificó la construcción de la planta regasificadora en el litoral conocido como Costa Azul, en el municipio de Ensenada.

Por lo que se refiere al almacenamiento, regasificación y conducción de gas natural licuado en Costa Azul, se ha cumplido con la planeación urbana y la normatividad de protección al ambiente, contando con las autorizaciones necesarias de los gobiernos federal, estatal y municipal, afirmó entonces.

Ahora, el área protegida del corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada se encuentra en riesgo de consolidarse como el cuarto de máquinas no sólo de California, sino de México, y va en camino de serlo: en la zona de Costa Azul ya se construye una planta de la empresa Z Gas y se proyecta una nueva central generadora de energía eléctrica de la CFE.


Invasión al sector energético

Funcionaria de San Diego denuncia el historial de corrupción de Sempra Energy

Es un monopolio con influencia en la oficina del presidente de EU
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Aspecto de la terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado Energía Costa Azul, en EnsenadaFoto Francisco Olvera

Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 16 de enero de 2011, p. 3

Tijuana, BC. Las actividades de Sempra Energy que hacen caso omiso de las leyes mexicanas se extienden a los centros del poder político estadunidense. Funcionarios de diversos niveles en el país vecino convalidan la participación fraudulenta de esa empresa en el principal proyecto de infraestructura energética del sur de Estados Unidos.

Dianne Jacob, supervisora del segundo distrito del condado de San Diego, California, da cuenta en entrevista que la trasnacional –acogida por las autoridades mexicanas– es ejemplo de las que se hacen llamar industrias limpias, pero poseen un historial negro de multas y castigos por su desempeño fuera de toda norma.

Desde su oficina como supervisora en el condado de San Diego, Jacob insiste en revelar la maquinaria corruptora de Sempra en sus tratos con funcionarios y organizaciones, así como para doblegar las voluntades de personas opuestas a sus intereses.

Los donativos de Sempra han sido estratégicamente diseñados para callar a sus detractores. A la trasnacional le interesa hacer dinero y la línea final es el dinero. Un ejemplo es el proyecto Sunrise (el más grande en infraestructura de energía en la región). ¡No necesitamos Sunrise! Hace unos días el (entonces aún) gobernador Arnold Schwarzenegger ordenó a sus allegados dentro de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) que votaran para mantenerlo vigente, ¡y esto es el fraude más grande en California!

El pasado 7 de diciembre, Dianne Jacob solicitó a la Comisión Federal Reguladora de Energía y a la CPUC investigar el desvío de 17 millones de dólares que Sempra Energy dispuso para la construcción de una mansión en el litoral mexicano, y el pago de sobornos a funcionarios locales con la finalidad de favorecer sus intereses comerciales, que comprenden una planta regasificadora en Ensenada, una termoeléctrica en Mexicali, un gasoducto tendido bajo la autopista Bicentenario (que comienza en Ensenada, cruza Tecate y llega a Mexicali) y un parque eólico a instalarse en la sierra de Juárez.

Leí sobre los 17 millones de dólares que Sempra gastó para edificar la extravagante Casa Azul, y me pregunté de inmediato si ese dinero era del contribuyente de Estados Unidos. Y al estudiar el historial de Sempra Energy y sus subsidiarias San Diego Gas and Electric (SDG&E) y Southern California Gas me percaté de que no tienen muy buen cartel, apunta Jacob.

La desconfianza pública hacia ambas empresas se inició con la crisis energética de California, al descubrirse la manipulación financiera de los mercados con objeto de elevar precios y tarifas. Por ese delito Sempra fue obligada a pagar una multa de 800 millones de dólares.

Con el tiempo también encontré que Sempra ha dado dinero para callar a sus críticos e influye en la región fronteriza para poder mantener el silencio de diversos grupos. Presiona a las cámaras de comercio y otras organizaciones para que básicamente entreguen su apoyo. Esto también incluye a funcionarios que cuando la empresa lo necesita le dan su apoyo con testimonios favorables ante las autoridades de la CPUC.

–Asimismo se abrió un debate público en California en torno a las actividades poco claras de Sempra en el proyecto Sunrise –se le recordó.

–El proyecto de infraestructura Sunrise debería traer 33 por ciento de energía renovable del Valle Imperial al condado de San Diego a través de la planta ubicada en Mexicali, para distribuirla a esa área y quizá hasta el norte del estado. Aun así, SDG&E se negó a cumplir con el requerimiento de 33 por ciento de energía renovable que había impuesto la CPUC.

–¿El lema de Sempra Energy es empresa limpia, energía renovable y honestidad?

–Ellos nos dijeron que no iban a responder al requerimiento. Vendieron Sunrise con intenciones falsas, y a pesar de las demandas federales y estatales Sempra continúa con el proyecto de tendido de las líneas de transmisión desde Mexicali.

–La de Sempra es una historia ligada al poder político en Estados Unidos y México.

–Otro ejemplo: durante los incendios que hubo aquí en San Diego, en 2007, los más graves, en tres de ellos se comprobó la negligencia de SDG&E por el escaso mantenimiento de sus líneas y se les multó con casi mil millones de dólares, y aún hay demandas pendientes. La única forma de llegar a ellos es mediante una iniciativa legal. Lo único que pido al nuevo gobernador (Jerry Brown) es que cambiemos la composición de la CPUC de California. Vamos a ver si a este gobernador también lo compra y le paga Sempra. Estoy frustrada porque esta empresa compra influencias –señala.

Prosigue: Esta empresa es un monopolio, y lo he visto de primera mano: tiene influencia desde la oficina del gobernador hasta la del presidente de Estados Unidos.

–¿Cómo interpreta usted la posición de Schwarzenegger?

–Yo digo que se le compró. Él lo va a negar y va a decir que está apoyando lo que es la energía renovable para California, pero no está en su línea ayudarnos para que seamos independientes energéticamente.

–En México la corrupción facilita prácticas como las de Sempra –se le expone.

–Lo que sucede en relación con México es la legalización de los sobornos. En México mi impresión es que el soborno es mucho más abierto y no se limita a cantidades de dinero.

–¿Es posible que el Congreso acepte la investigación? Sempra cotiza en Nueva York...

–Sempra sí puede ser investigada en el Congreso. Se necesita un miembro del Congreso dispuesto a hacerlo. Yo me reuní en Washington con la senadora Dianne Feinstein en relación con el asunto de Sunrise, y vi que no quiso tener nada que ver con esto. Podría ser que el Congreso mexicano pida al de Estados Unidos que investigue. Es importante que el público de su diario sepa de las actividades de esta empresa, y no creo que Sempra tenga la intención de parar, a menos que alguien los pueda frenar.

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