Jueves 27 de enero de 2011, p. 5
Más allá de documentar los múltiples abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en la llamada guerra
contra el narcotráfico, como hizo ayer ante el Congreso el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, es necesario que dicho organismo asuma una postura más firme en defensa de los ciudadanos.
En lo anterior coincidieron representantes de organizaciones civiles, quienes además resaltaron que si no se lleva a cabo una reforma completa del Código de Justicia Militar, las fuerzas armadas seguirán apareciendo en la lista de entidades que no respetan las garantías individuales.
Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, resaltó que el informe del ombudsman confirma el poco interés de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública federal por respetar a los civiles durante sus operativos contra la delincuencia organizada, pero sigue sin comprometerse a actuar para ponerle un alto a esta situación.
Lo importante es que este tema dé lugar a una política más integral de atención, porque la CNDH ha tenido una posición nada contundente en términos de exigir reformas al fuero militar. La clave no son tanto las recomendaciones particulares de algunos casos, sino llegar al origen del problema
, explicó.
En el caso de las recomendaciones rechazadas por la Secretaría de Marina, Cortez afirmó que la comisión debe fortalecer sus argumentaciones para obligar a las autoridades a acatarlas.
De su lado, Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, sostuvo que el primer lugar del Ejército en el conteo de quejas de la CNDH, se explica por la falta de una reforma al Código de Justicia Militar, en los términos que lo solicita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lo peor que puede pasarnos es asumir como una realidad dada que la Sedena siga a la cabeza de la lista, porque detrás de ello está la impunidad.
El problema de reformar el codigo de justicia militar recaería en el hecho de que con dicha acción se legitimaría la flagrante violación del artículo 129 constitucional por un lado y por otro se dejaría en un severo estado de indefensión al personal castrense que vendría a convertirse en una suerte de "policias" más que de soldados, pero en una condición más grave aún, puesto que a los policias por ser civiles se les aplican los codigos punitivos regulares mientras que a los militares se les ve ampliado el margen en que pueden ser castigados por un mismo delito. La solución a las violaciones de derechos humanos no está en castigar a los militares por cometer errores al querer defender a la ciudadanía sino en regresarles a los cuarteles puesto que no es su función la de la seguridad pública, sino la de seguridad nacional. Debemos ver el problema de las drogas como un problema de salud, no como un problema de seguridad nacional y en el mismo tenor hacer las politicas publicas.
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