30/01/2011

El ex gobernador Elorduy autorizó el uso de la fuerza para arrebatar lote a propietario

Para aparentar legalidad, Sempra simuló comprar un terreno en BC

Un ex contralor de la trasnacional denunció sobornos a funcionarios bajacalifornianos

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Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 5

En el expediente sobre violaciones a las leyes mexicanas que la trasnacional Sempra Energy ha infligido, destaca la simulación de compra de un terreno de más de 100 hectáreas a una fallecida. En éste se establecería la zona de resguardo y protección de las comunidades aledañas a la regasificadora Costa Azul, que por su peligrosidad es la única que opera en todo el litoral de Norteamérica. Ni los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han permitido la instalación de ese tipo de industrias en sus playas.

A la par hubo una maniobra policiaca promovida por la empresa estadunidense, en connivencia con el ex gobernador panista de Baja California Eugenio Elorduy, quien autorizó el uso desmedido de la fuerza pública contra el propietario legal del terreno, Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, con la que éste fue despojado de su terreno y encarcelado.

El contralor interno de Sempra, Rodolfo Michelón –quien posteriormente fue despedido injustificadamente–, denunció en medios de comunicación estadunidenses que autorizó un pago por 8 mil 200 dólares en sobornos para funcionarios del gobierno local y los policías que intervinieron en el desalojo de Sánchez Ritchie, quien se encuentra autoexiliado en el sur de California.

El pasado 26 de enero Sempra Energy descalificó la información publicada en páginas de este diario. Carece de razón y pruebas, adujo Ricardo Moreno, director de relaciones públicas de esa empresa en México. No obstante, los documentos del expediente de la trasnacional son inobjetables y revelan una vez más que la compañía se brinca las leyes del país.

La Semarnat deberá presentar informe

No sólo autoridades estadunidenses investigan las prácticas ilegales. El Congreso mexicano ya solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe claro y objetivo sobre las actividades de la trasnacional en Baja California. A ello se sumó la intervención del Congreso de ese estado, que también dará seguimiento a la denuncia contra la regasificadora Costa Azul en Ensenada, porque viola todas las disposiciones de preservación del medio ambiente en la franja costera Tijuana-Playas de Rosarito-Ensenada.

Sempra consiguió, con la complicidad de autoridades federales, ignorar la manifestación de impacto ambiental requerida por la Semarnat. Esta dependencia defiende a la compañía con el argumento baladí de que se trata de una empresa limpia que genera empleos. La paradójica postura del gobierno de Felipe Calderón es inexplicable, porque la empresa incumple tratados y convenciones internacionales en materia de protección al ambiente, amenaza especies marinas y terrestres en peligro de extinción, únicas en el mundo, que habitan en el área de la regasificadora.

A esos argumentos se añade el de conformar la zona de amortiguamiento de impacto, para que en caso de posibles contingencias se evite daño a las poblaciones aledañas a la planta. Esa obligación fue la que llevó a Sempra a descarrilarse y manifestar su participación irregular en el mercado de generación de energía en México.

En marzo de 2003 la firma contactó a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, propietario de un terreno en el litoral de Ensenada, para hacerle una oferta de compra. De esa negociación no hubo resultados.

Pasaron casi tres años. El 31 de enero de 2006, la empresa Energía Costa Azul (propiedad de Sempra Energy) adquirió el terreno de Sánchez Ritchie a un tercero. La notaría pública número cinco, de Diego Monsiváis Franco, de la ciudad de Ensenada, oficializó la escritura número 16 mil 989, que consta en el volumen 390.

En ese documento, del que se tiene copia, se establece el contrato firmado por la señora Elodia Gómez Castañón, representada por Dinora Villafán Gutiérrez como la parte vendedora, y como adquiriente la persona moral denominada Energía Costa Azul, representada por Luis Armando Navarro Peña y Gabriela Natera.

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El engaño fue denunciado por el propio Sánchez Ritchie. Lo más grave del caso fue que, en el Distrito Federal, la delegación sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que Gómez Castañón había fallecido un año y cuatro meses antes de la firma notarial.

El documento del IMSS establece: En atención al oficio 3890016141100 P/1830, expediente GP/08/406, del 25 de julio de 2008, se informa que la hoy extinta Elodia Gómez Castañón, matrícula 24716, jubilada del instituto por años de servicio a partir del 16 de febrero de 1996, fue dada de baja de la nómina de jubilados, en febrero de 2005, por defunción el 10 de octubre de 2004.

Esa información se corrobora en un acta de defunción emitida en la ciudad de México el 10 de octubre de 2004. El documento sostiene que Gómez Castañón, de 65 años, nació en Tampico, Tamaulipas. Era casada y su domicilio se ubicaba en la calle de Siena número 90, Residencial Acoxpa Tlalpan. Murió el día antes señalado por un cúmulo de enfermedades.

El proceso de compraventa se legalizó con la intervención del notario público Diego Monsiváis, y Sánchez Ritchie enfrentó un proceso que incluyó su encarcelamiento, acusado de despojo de lo que era su propiedad.

Pasaron más de cuatro años hasta que el juez primero de lo penal, Francisco Alberto Molina Hernández, con sede en Tijuana, Baja California, decretó la inocencia de Sánchez Ritchie. El 24 de mayo de 2010 el juez argumentó: En virtud de lo ordenado por el juez séptimo de distrito en el estado, dentro del juicio de amparo número 446/2009-IV, se deja insubsistente la orden de aprehensión dictada en la presente causa penal, en que se actúa de fecha 17 de noviembre de 2009, contra el inculpado, de nombre Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, por el delito de despojo.

El mismo día el juez Francisco Molina emitió una resolución para que se restituyera la propiedad arrebatada a Sánchez Ritchie. Adjunto a la presente copias debidamente certificadas, consistentes en dictamen de topografía de fecha 29 de agosto de 2006, auto de fecha 14 de septiembre de 2006, donde se ordena la restitución provisional del inmueble motivo de la presente causa; diligencia de restitución llevada a cabo el 15 de septiembre de 2006 del inmueble de referencia; escritura pública número 16889, volumen 390, de fecha 31 de enero de 2006, elevada ante el notario público número cinco, Diego Monsiváis, y el acuerdo de fecha 16 de octubre de 2007, dictado por el juez mixto de primera instancia de Playas de Rosarito, en el cual se ordenó la restitución del inmueble multicitado en favor de Ramón Eugenio Sánchez Ritchie.

Para Jaime Martínez Veloz, ex candidato a la alcaldía de Tijuana por el Partido de la Revolución Democrática, “la colusión de Sempra y la administración del entonces gobernador del estado, Eugenio Elorduy Walter, para perjudicar y encarcelar a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, ha sido plenamente asumida por el ex contralor de Sempra, Rodolfo Michelón, quien al ser despedido injustamente por esa empresa manifestó haber entregado, en 2006, 8 mil 200 dólares al ejecutivo de Sempra-México Alex Ríos para realizar el pago en efectivo y sobornar con ello a funcionarios del gobierno de Baja California, previamente al desalojo de Sánchez Ritchie de su predio.

En su denuncia, Michelón presenta documentos de Sempra y manifiesta que su despido se debió a que cuestionaba y realizaba muchas preguntas en relación con las prácticas comerciales de los ejecutivos de la empresa en México y sobre una mansión de súper lujo, llamada Casa Azul, construida en un terreno contiguo a la regasificadora, valuada en más de 17 millones de dólares.

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