16/01/2011

Gobernación actuó de manera irresponsable, afirma el diputado Canek Vázquez

Chicanada, anuncio sobre la cédula de identidad, opinan en la Cámara


Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 16 de enero de 2011, p. 15

La Secretaría de Gobernación (SG) actuó de manera irresponsable, descoordinada e irrespetuosa respecto de los compromisos aceptados el año pasado que tenían el propósito de lograr consensos entre diversas instituciones del Estado mexicano antes de expedir la cédula de identidad.

“El anuncio de la dependencia –de comenzar inmediatamente el registro y entrega de dicho documento a menores de edad– es una chicanada (maniobra indebida para tomar ventaja)”, señaló Canek Vázquez, presidente del grupo especial formado en la Cámara de Diputados para revisar el proyecto de identificación oficial para todos los mexicanos.

El legislador adelantó que el miércoles próximo emitirá un exhorto al Ejecutivo, desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que se suspenda la expedición de esa cédula.

Aseguró que hay un cúmulo de cabos sueltos y temas por resolver, en particular acerca de la forma en que se garantizará la confidencialidad de la base de datos.

“Hay quienes afirman que la toma de datos biométricos en los términos anunciados por Gobernación (10 huellas dactilares y captura de imagen del rostro e iris de ambos ojos) atenta contra los derechos humanos. El debate está inconcluso.

Es un asunto complejo de Estado, por lo que no debe quedar en una acción arbitraria de un gobierno que busca etiquetar a los mexicanos con fines políticos, manifestó el diputado a La Jornada.

La dependencia anunció que la semana próxima (lunes 24 de enero) arrancarán los trabajos para capturar los datos biométricos de niños de cuatro hasta jóvenes 17 años de edad. Esta primera fase se iniciará en Tijuana, Baja California. Para cumplir la meta de entregar dichas cédulas a 25 millones de menores –durante el lapso 2011-2012– utilizará la estructura del sistema educativo nacional, público y privado.

Adicionalmente, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, René Zenteno, subrayó que la ley obliga al Estado a dotar a la población de un mecanismo de identificación oficial, por lo que no descartó que tras concluir con los menores el siguiente paso sea registrar a los adultos.

Ello provocó la inconformidad de legisladores e integrantes de varios organismos, entre ellos de los institutos federales Electoral (IFE) y de Acceso a la Información y Proteccción de Datos.

El legislador calificó la acción de chicanada y de plan con maña.

En los hechos, aseveró, es una estrategia con fines político-electorales, encubierta en una supuesta alternativa para combatir el delito.

Explicó que en junio pasado el entonces titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se comprometió ante legisladores, consejeros electorales y Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, a estudiar la eventual creación de un instituto nacional de identidad.

Adicionalmente, se formó el grupo de trabajo plural presidido por el diputado y, por unanimidad, el Congreso exhortó al gobierno a frenar sus planes de expedición de cédula en tanto se revisa el tema y se logran consensos.

Informó que en septiembre pasado solicitó un encuentro con el titular de la secretaría, Francisco Blake, para abordar el tema, “asunto del que nunca recibimos respuesta y ahora nos enteramos mediante la prensa de esta determinación, que significa una falta de respeto del Ejecutivo hacia el Poder Legislativo.

¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los jóvenes de 17 años a quienes en febrero les otorguen cédula de identidad? ¿Les será válida para todos los trámites cuando cumplan 18? ¿Ya no tendrán necesidad de sacar su credencial para votar con fotografía?, preguntó el diputado. Las interrogantes van en el mismo sentido de las preocupaciones del IFE acerca del riesgo de desactualización del padrón electoral y el doble gasto para la identificación de adultos.

Expresó que si bien la Ley General de Población plantea esta obligación del Estado, en ninguna parte de la norma se estipula que deberá ser una cédula. Además, enfatizó, los 700 millones de pesos (programados por Gobernación para la expedición de esos documentos) no fueron autorizados de forma específica para ese objetivo.

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