26/01/2011

Presenta hoy Raúl Plascencia informe de labores ante la Comisión Permanente

Envió la CNDH 22 recomendaciones a la Sedena por violar garantías, en 2010

El segundo lugar lo ocupan la SSP federal y el ISSSTE, con ocho cada dependencia

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de enero de 2011, p. 15

En el informe de labores 2010, que presentará este miércoles el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, da cuenta que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocupó el primer lugar en número de quejas por violaciones a las garantías, con mil 415, y también el primero por el número de recomendaciones, con 22, que representan más de la cuarta parte del total de las que emitió el organismo.

Las dependencias de la administración federal que ocuparon el segundo lugar por el número de recomendaciones de la CNDH fueron la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con ocho cada una.

En 2010, el Congreso del estado de Oaxaca se ubicó en el tercer lugar por el número de recomendaciones; el cuarto lugar lo ocupó la Secretaría de Marina, con seis –de las cuales rechazó cuatro–; en el quinto se posicionó el Congreso de Guerrero, con cinco, y el sexto fue para el gobierno de Chihuahua, con tres.

En el informe de la CNDH se presenta un recuento de las autoridades señaladas en los expedientes de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos: la Sedena acumuló en el año mil 415; el Instituto Mexicano del Seguro Social, mil 83; la Policía Federal (PF) 595; la Procuraduría General de la República, 537; el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP, 480; el Instituto Nacional de Migración, 389; el ISSSTE, 343; la Secretaría de Educación Pública, 343; la Comisión Federal de Electricidad, 229, y el Infonavit, 224.

En el documento también se indica que las 86 recomendaciones estuvieron dirigidas a 115 autoridades, porque en algunos casos los destinatarios eran dos, tres o más dependencias.

Se precisa que en las 86 recomendaciones los hechos violatorios denunciados fueron, en primer lugar, tratos crueles, inhumanos y degradantes, con 24; prestación indebida del servicio público, 23; detención arbitraria, 21; por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, 19; impugnaciones por no aceptación de la recomendación por la autoridad, 15, y tortura, 11.

En el informe anual que presentará el ombudsman ante la Comisión Permanente, detalla que en 2010 se atendieron 29 mil 428 expedientes de quejosos y se tramitaron 72 mil 148 expedientes. Al calificar el total de casos que se presentaron, indica que sólo en 6 mil 916 –más de la tercera parte– se abrió expediente de queja.

En 4 mil 962 casos se dio orientación directa; en otros 4 mil 849 se hicieron remisiones; 353 fueron expedientes de inconformidad; 10 mil 970, aportaciones de los quejosos; 2 mil 221, documentos de control, y 121, solicitudes de información de recursos de la CNDH.

Asimismo, la comisión señala que en 2010 solicitó 63 medidas cautelares –nueve en favor de periodistas y reporteros de diversos medios de comunicación, con la finalidad de garantizar su seguridad e integridad física, y 13 para defensores civiles e integrantes de organismos no gubernamentales–.

En el informe 2010 del ombudsman se detalla que por medio del Mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, la CNDH realizó 424 vistas a diferentes centros de detención; se efectuaron 2 mil 705 visitas a estaciones migratorias, aeropuertos, terminales de autobuses y ferroviarias, cruces fronterizos, casas, albergues y lugares de tránsito de migrantes, con el propósito de salvaguardar los derechos de este grupo vulnerable.

En cuanto al área de asuntos indígenas, se indica que se gestionaron beneficios de libertad anticipada en 324 casos; entre ellos, 182 por libertad preparatoria, 70 por remisión parcial de la pena y 72 tratamientos de preliberación, y se obtuvo la liberación de 525 personas.

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