07/07/2011

Exigen evitar que la ley de seguridad nacional acote las garantías básicas

La CNDH pide legislar para reparar daños a víctimas de violaciones a los derechos humanos

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 7 de julio de 2011, p. 14

Al inaugurar el seminario sobre Reforma constitucional en materia de derechos humanos, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, aseveró: esta modificación coloca a las garantías básicas en el eje central de todo el marco jurídico y político del Estado mexicano, obligándolo a crear las condiciones necesarias para garantizar la seguridad, la libertad y la dignidad de las personas.

Ante los líderes del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones, y de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que las reformas en materia de garantías básicas representan el inicio de una transformación nacional en la que los derechos básicos de todos los habitantes del país se verán fortalecidos.

Subrayó que en materia de educación la reforma obliga a todas las autoridades competentes a impulsar el respeto por los derechos humanos desde una formación basada en valores sociales, en donde el proceso educativo tiene una importancia fundamental para fomentar el conocimiento, el ejercicio y el cumplimiento de nuestras garantías ciudadanas.

Plascencia Villanueva resaltó que para cumplir con los objetivos es necesario que las autoridades legislativas impulsen la elaboración y aprobación de las leyes que harán posible una efectiva reparación del daño causado por violaciones a derechos humanos.

El senador Beltrones refirió que en los 90 en México los derechos humanos buscaban ser protegidos por la sociedad en su conjunto, pero no por el Estado mexicano. Un descuido de mucho tiempo que obligaba a que el Estado (gobierno en ese momento) institucionalizara la búsqueda del respeto a las garantías básicas, como una obligación que el Estado debería tener con los ciudadanos, y no una obligación de los ciudadanos para hacerlo valer como su derecho ante el Estado.

Explicó que así surgió la Dirección de Derechos Humanos del gobierno de la República, “que intentaba poner orden en ese aspecto y como un intento de que el mismo Estado reflexionara.

Que en momentos tan difíciles debería procurar instituciones sumamente sólidas, que nos dieran las garantías suficientes para permanecer en paz y tranquilidad, y sobre todo en valorar el término justicia. Luego, detalló que en esa dirección se creó la CNDH, que surgió y se impuso, no obstante las resistencias que existían en algunos u otros lugares.

Enseguida hizo referencia a la reforma que aprobó el Congreso para fortalecer los derechos humanos. Toca ahora a la comisión nacional hacerlos valer y a la sociedad exigirlos. Con esta reforma se da un gran paso en la ampliación de la protección jurídica de los derechos humanos, incluye la aplicación directa del régimen internacional en la materia y la modernización de las instituciones encargadas de garantizar su protección.

Dijo que este es un paso trascendente, que costó una enorme discusión en el Congreso y venció enormes resistencias en el Congreso y fuera de él. La modificación incluye el cambio al Capítulo uno del título uno, al referirse a los derechos humanos y sus garantías, con lo que se sitúa a la persona en el centro del sistema jurídico.

El presidente de la Cámara de Diputados, Ramírez Marín, manifestó que la reforma muestra el compromiso con los derechos humanos. El Estado deberá prevenir, investigar y sancionar sin excepción todos los delitos.

El jurista e integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, manifestó que la reforma es importante y que es necesario que se elaboren las leyes reglamentarias, sobre todo que se precise el fondo de reparaciones. Dijo que es momento de revisar otras reformas que se han hecho y que se contraponen a la modificación en derechos humanos, sobre todo las de la ley de seguridad nacional y el sistema penal.

Al foro estuvieron invitados el presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, David Langtry; la presidenta de la Comisión Irlandesa, Kirsten Roberts; el Defensor del Pueblo de Argentina, Horacio Esber; el Defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez Ortiz, y la defensora del Pueblo de España, María Luisa Cava.

Al final, el ombudsman refirió que en 2010 y 2011 el número de quejas se ha incrementado 45 por ciento, sobre todo en materia de seguridad; que con las nuevas atribuciones se incrementará en 35 por ciento el número de quejas, porque ahora recibirán e investigarán denuncias en materia laboral, realizarán inspecciones laborales y los casos de trata de personas, entre otros.

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