14/01/2011

Rechaza que el estado de México sea la entidad con la tasa más alta de estos crímenes

Desdeña Peña Nieto emitir alerta contra feminicidios; hay interés político detrás

En Tenancingo, a 20 kilómetros de Toluca, encuentran el cadáver de una mujer estrangulada

Israel Dávila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 14 de enero de 2011, p. 17

Toluca, Méx., 13 de enero. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que la entidad no es la que registra la tasa más alta de feminicidios en el país, por lo que, dijo, no habría lugar para decretar una alerta de género, como exigen organizaciones civiles.

El mandatario dijo que resulta sospechoso que se haga este tipo de señalamientos contra el estado de México, justamente en el año en que se renovará la gubernatura, por lo que consideró que existe un interés político detrás de ello.

Entrevistado luego de entregar los premios estatales de Ciencia y Tecnología, Peña Nieto expresó que más que emitir una alerta por el tema de los asesinatos dolosos contra mujeres, se requiere de una alarma para todo el país, ante la creciente violencia que ha cobrado la vida de más de 30 mil personas.

Pide analizar el fenómeno

El gobernador exhortó a los actores políticos, medios y organizaciones sociales a analizar el fenómeno del feminicidio en la entidad en todo su contexto, porque, dijo, si se toma en cuenta el número de casos de homicidios dolosos contra mujeres respecto del número de habitantes, la entidad se ubica en el lugar 22 de incidencia, a escala nacional.

Asimismo, Peña Nieto reiteró los datos proporcionados el miércoles por el procurador del estado, Alfredo Castillo, de que en la entidad se cometen 1.3 homicidios dolosos contra mujeres por cada 100 mil habitantes, cuando existen otros estados con tasas hasta 10 veces mayores.

El gobernador aseguró que la administración que encabeza no pretende minimizar este asunto, porque sí es un problema social que hay que atender, bajo distintos enfoques y aristas.

De la misma manera, el funcionario anunció que convocará a las áreas de su administración que tengan la encomienda de atender a la mujer, para ver de qué forma se puede reforzar lo que ya se está haciendo, e incluso se realizarán foros donde participen organizaciones de la sociedad civil, para ver qué pueden aportar.

En tanto, en el municipio de Tenancingo, ubicado a 20 kilómetros de esta capital, se confirmó el hallazgo del cadáver de una mujer que presuntamente murió estrangulada.

La víctima fue localizada en un terreno baldío ubicado en la calle Matamoros, en plena cabecera municipal. El cuerpo corresponde a una mujer de 30 años, que trabajaba como tesorera en una escuela primaria.

Se anteponen objetivos de grupo, afirman

Las ONG interpondrán amparo por negativa para declarar alarma
Carolina Gómez, Ariane Díaz y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Viernes 14 de enero de 2011, p. 17

Organizaciones defensoras de derechos humanos informaron que ante a la negativa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para emitir una declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de México, interpondrán un amparo, pues la resolución se determinó de manera infundada y anteponiendo intereses políticos por encima de la vida y la seguridad femeninas.

Además, junto con académicas de la UNAM y el Instituto Nacional de las Mujeres, lanzaron una severa crítica al procurador del estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, quien el pasado miércoles redujo de 944 a 468 la cifra de feminicidios; de la misma manera, criticaron el argumento de que la petición de la alerta tiene un sentido político electoral.

Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, calificó de discriminatoria la afirmación del procurador respecto de que muchas de las mujeres asesinadas ni siquiera eran originarias de la entidad. No quieren ser gobernadoras. Sólo desean vivir en paz. La discusión no está en los números, aseguró, y agregó que si ya le bajó (a la cifra), eso no implica que no se requiera atender urgentemente la situación.

Por separado, en conferencia de prensa, la diputada Teresa Incháustegui; María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Ana Yeli Pérez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y Verónica Abreu, de Visión Mundial, lamentaron las declaraciones y argumentos de Castillo Cervantes.

Estrada Mendoza denunció que el sistema de prevención minimizó los feminicidios en el estado de México, los cuales según el Observatorio Ciudadano y la CMDPDH ascienden a 922 entre 2005 y 2010. Rechazó que con la petición de declaratoria de alerta se quiera perjudicar al gobernador mexiquense. “Dicen que todo esto es porque se quiere atacar a Peña Nieto, pero no tiene nada que ver. Lo hacemos porque el estado de México está marcando un foco rojo en feminicidios en el país”. Según las ONG, Chihuahua y esa entidad están en los primeros lugares del país donde ocurren estos crímenes.

Para Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de delitos contra las mujeres de la Procuraduría General de la República e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la depuración de las cifras sobre feminicidio en el estado de México refleja el desinterés de la administración de Peña Nieto por resolver el problema de la violencia de género.

“No le debería importar si mataron a una mujer en una relación de pareja; si la levantaron, abusaron de ella, la mataron y tiraron a la calle, o si fue en un asalto. Un procurador debe investigar todos los casos y tener responsables ante tribunales o en la cárcel”, dijo.

Por su parte, Lourdes Enríquez, de la Coordinación de Derechos Sexuales y Reproducctivos del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, lamentó que en el estado de México exista apatía en el tema de justicia y equidad de género, al grado de que es la única entidad donde no hay un instituto de la mujer.

Ambas especialistas lamentaron que esa entidad y el Estado mexicano incumplan los lineamientos y normas nacionales e internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció a México en los casos del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, y de dos indígenas abusadas sexualmente por militares en Guerrero.


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