07/07/2011

Los criterios del organismo interamericano no son obligatorios, resuelven los ministros

Las sentencias que emita la CIDH deben ser cumplidas por el Estado mexicano: SCJN

Falta determinar cuál será la participación del Poder Judicial en el caso de Rosendo Radilla

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Ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, la titular del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Griselda Nieva Aldana, rindio ayer su informe semestralFoto José Antonio López
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de julio de 2011, p. 18

En una decisión divida de cinco votos contra seis, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solamente tienen carácter de orientadores y no obligatorios.

Sin embargo, los ministros votaron en favor de que las sentencias que emita ese organismo internacional deben ser cumplidas por el Estado mexicano, como ocurrió con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, quien desapareció durante la llamada guerra sucia, en 1974, a manos del elementos del Ejército.

Al continuar con el análisis de cuáles son las obligaciones que corresponden al Poder Judicial Federal y la forma de instrumentarlas, de acuerdo con la sentencia emitida por la CIDH en el caso de Rosendo Radilla, el presidente la SCJN, Juan Silva Meza, decidió hacer tres preguntas a sus pares. En la primera de ellas se cuestionaba si ¿frente a las sentencias condenatorias del organismo interamericano se pueden revisar las salvedades, reservas y declaraciones interpretativas por parte de esta Corte?

Por mayoría de ocho votos se estableció que en las sentencias condenatorias no se pueden revisar las excepciones hechas por el Estado mexicano, entre ellas cuestiones que tienen que ver con la modificación del fuero militar y que los integrantes de las fuerzas armadas sean procesados penalmente en tribunales civiles. Sin embargo, el tema en particular se tratará en próximas sesiones.

En segundo lugar, Silva Meza preguntó si ¿las sentencias condenatorias de la CIDH son obligatorias para el Poder Judicial en sus términos?, a lo que todos los miembros de la Corte votaron en favor, pero cuatro de ellos cuestionaron los límites de las resoluciones del organismo internacional, e inclusive señalaron que había incurrido en violaciones a su estatuto que debían ser analizadas, porque los límites de ellas son la Constitución mexicana.

En su oportunidad, el ministro Luis María Aguilar Morales señaló: no es un asunto menor que la Corte Interamericana quiere ir más allá de sus facultades, estableciendo obligaciones al Estado mexicano, que exceden la reparación individualizada a la que debe limitarse, ordenando conductas cuyo cumplimiento tiene efectos generales en el propio Estado.

Consideró que si se aceptaran todas las sentencias sin análisis de por medio, “la Corte Interamericana será la que decida por sí y ante sí, cuándo y en qué forma debe modificarse la legislación del país, como lo dice en los puntos 10 y 11 de su resolución; será la que determine la forma y amplitud de la interpretación jurisdiccional a cargo del máximo tribunal de la República, como lo pide en el punto 12 de la resolución, y no como criterios orientadores, sino obligatorios, pues no estamos ante una recomendación, sino ante el cumplimiento vinculatorio de una sentencia.

La Corte Interamericana será entonces la que determine que no se acate lo dispuesto por el artículo 13 de nuestra Constitución, o se haga conforme a su parecer; será la que determine las actividades académicas que corresponden al Consejo de la Judicatura Federal y al Instituto de la Judicatura correspondiente. Será entonces esta Corte Interamericana la autoridad suprema, por encima de las instituciones nacionales, la que dicte la política pública del Estado mexicano.

Por ello, agregó, no puedo estar de acuerdo, si la obligación, por mínima que parezca, no está dirigida únicamente a satisfacer la reparación individual que exige la propia convención, que en este caso consiste en reparar las violaciones a los derechos humanos de don Rosendo Radilla Pacheco.

Con diferentes matices, pero al igual que el ministro Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Fernando Franco González Salas y Margarita Luna Ramos señalaron sus reservas.

A la crítica se sumó también el ministro José Ramón Cossío, quien mencionó que la sentencia debía ser aceptada por el Poder Judicial Federal, pues consideró que cuál sería la opinión de los integrantes de la Corte “si cuando resolviera, por ejemplo, un amparo directo, entendiéramos que un tribunal, cualquiera de este país, dijera: ‘bueno, antes de ver si el sistema de acatamiento de la fracción XVI, del artículo 107 se surte o no, veamos si la Suprema Corte de Justicia tuviera competencia con esto’, sería un sistema jurisdiccional, por decir lo menos, pintoresco y peculiar, creo que esto no se puede dar, o se acepta la jurisdicción, y eso no es responsabilidad de la Corte, fue el Presidente y el Senado los que determinaron esta condición”.

Pero, argumentó que un tribunal extranjero no puede determinar condiciones de política pública en nuestro país.

La tercera pregunta que realizó el ministro presidente de la Corte fue: ¿los criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia de la CIDH son orientadores o son obligatorios para el Poder Judicial de la Federación?

Aquí la SCJN se dividió y por mayoría de seis votos, se determinó que los criterios interpretativos de la CIDH son sólo orientadores. El asunto continuará desahogándose el próximo jueves, pues aún falta esclarecer cuál debería ser la participación del Poder Judicial Federal en el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla.

Esperamos que con la visita de Navi Pillay nos hagan caso las autoridades, señalan

ONG acusan ante comisionada de la ONU las graves violaciones a derechos en el país
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de julio de 2011, p. 17

La criminalización de la protesta social, el desacato a las sentencias y recomendaciones de la justicia internacional, la persistencia del fuero militar y sobre todo las graves violaciones a los derechos humanos que ha generado la estrategia gubernamental de seguridad pública son algunos de los señalamientos que organizaciones civiles plantearon ayer, durante su encuentro con la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los derechos humanos, Navi Pillay.

Luego de sostener una reunión privada con la funcionaria, que duró alrededor de una hora y media, activistas de 30 colectivos y redes le manifestaron algunas de sus principales inquietudes, y le solicitaron que se las haga llegar al presidente Felipe Calderón, con quien se reunirá hoy.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, explicó que las organizaciones destacaron gran cantidad de temas, entre ellos la impunidad que domina el país, la criminalización de la protesta social, la resistencia del gobierno a acabar con el fuero militar y la falta de castigo de los delitos ocurridos durante la llamada guerra sucia.

De manera especial se habló del desacato reiterado de las autoridades a las resoluciones de diversos organismos internacionales, incluyendo las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Ella conoce muy bien la situación de derechos humanos en México; tenía un panorama bastante fresco sobre lo que ocurre, y nos dijo que nuestras exposiciones reforzaron las inquietudes que ella ya tenía. Esperamos que pueda colocarlas en un nivel muy alto en el diálogo con Calderón y con otras autoridades, aseveró.

Sanción moral

Aunque no puede haber sanciones legales por su incumplimiento ante los organismos internacionales, la sanción moral y la presión política contra el gobierno mexicano deben venir de la ciudadanía y de las víctimas de la estrategia presidencial de seguridad pública, dijo Raczynska.

México ha tratado de mantener un discurso esquizofrénico de decir afuera una cosa, pero en casa no puede cumplir con lo mínimo necesario. Esta visita es una oportunidad para que el Estado cumpla las recomendaciones, dijo.

Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que los colectivos presentes en la reunión también mencionaron el tema del arraigo y el peligro que implica la Ley de Seguridad Nacional, actualmente a debate en el Congreso.

Le dijimos que el amparo es un sistema disfuncional que no responde a los estándares internacionales, y le planteamos la altísima preocupación de que se llegue a validar el proyecto de ley de (Alfonso) Navarrete Prida, con el cual tenemos inconformidades manifiestas porque legaliza la presencia del Ejército en labores policiacas.

Pillay, indicó el activista, viene de la sociedad civil y sabe que es un trabajo ingrato denunciar, visibilizar, dar poder a las víctimas, y por eso mismo creo que hubo comprensión y empatía. Tenemos plena confianza de que va a honrar su compromiso de hacerle llegar nuestras peticiones a las autoridades.

Antes de hablar con las organizaciones de derechos humanos, la funcionaria de Naciones Unidas se encontró con algunas víctimas de la ola de violencia que sufre el país, entre ellos el poeta Javier Sicilia, quien le presentó una radiografía más seria de la emergencia nacional, del estado de indefensión que viven los familiares de las víctimas, del grado de impunidad, reportó la agencia Afp.

Olga Reyes, hermana de la activista chihuahuense asesinada Josefina Reyes, indicó que en esa reunión se hizo énfasis en las consecuencias negativas de la guerra contra el crimen organizado, que ha dejado más de 40 mil muertos y un número indeterminado de heridos.

Ella quedó muy impactada de que todo esto estuviera pasando; se quedó como pasmada. Nos dijo que tenía dos hijos y entendía lo que estábamos pasando. Espero que con su visita por fin nos hagan caso, y ojalá no se quede más con la impresión de lo que le diga el Presidente, manifestó.


Secuestros de migrantes, sin atención
Octavio Vélez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de julio de 2011, p. 16

Oaxaca, Oax., 5 de julio. Los secuestros de migrantes en México se han convertido en una realidad grave y poco atendida por las autoridades, a pesar del compromiso del gobierno federal de implementar un plan interinstitucional para hacer frente a este fenómeno, afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano en la zona Pacífico Sur.

En conferencia de prensa –ofrecida con los representantes de la Posada Belén Casa del Migrante, en Saltillo, Coahuila; del Hogar Refugio para Migrantes, en Tenosique, Tabasco, y de Paso Libre, en Guadalajara, Jalisco, Pedro Pantoja, Tomás González y Mónica Salmón, respectivamente–, después de reunirse con la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, Solalinde sostuvo que el común denominador en la comisión de abusos contra los migrantes en México es la impunidad, porque el sistema de procuración e impartición de justicia se ha mostrado incapaz de hacer rendir cuentas a los responsables.

Las autoridades federales, añadió, se han mostrado incapaces de generar un registro que permita dar seguimiento a los ilícitos.

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