Acusadas de haber secuestrado a seis elementos de la AFI, Teresa, Alberta y Jacinta estuvieron detenidas por espacio de 4 años, un mes y 2 días.
A ocho meses y una semana de su liberación, han reiniciado sus vidas “desde cero”.
Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, queretanas otomíes, afirman que han reiniciado sus vidas "desde cero" y no tienen conocimiento respecto a la demanda contra la Procuraduría General de la Justicia (PGR). El 28 de abril del 2010 recobraron su libertad luego de que dicha instancia no lograra demostrar la acusación que hizo en contra de ellas.
De acuerdo con las cuentas que Alberta y Teresa hicieron, durante el tiempo que estuvieron recluidas, sus familiares gastaron alrededor de 200 mil pesos, así que sus planes, antes de salir de prisión, eran llegar a trabajar para recuperarse.Sin embargo las cosas no han salido como planearon pues aún no han podido iniciar el negocio que pusieron, además de que nada saben aún de la demanda por la reparación del daño que sus abogados afirmaron interpondrían en contra de la PGR.
Teresa González aseguró que ellas nada sabían aún de cómo iba el procedimiento para lograr se les reparara el daño causado. "Los únicos que saben del caso son nuestros abogados, nosotros ya intentamos seguir nuestra vida normal, echándole ganas con nuestras artesanías, intentando regresar a nuestra vida normal".
Alberta comentó que nada saben sobre la demanda contra la PGR; "esperamos los resultados de nuestros abogados, no sabemos nada acerca de cómo va el proceso, o si nos van a otorgar algo, los abogados son los que están viendo esa situación". Explicó que ahora trabajan "para tener lo que teníamos antes".
Blanca Mesina no teme a las amenazas y regresa a Tijuana
Más de ocho meses permaneció en el exilio debido a las constantes amenazas y hostigamiento que sufrió desde noviembre de 2009, la defensora de derechos humanos Blanca Mesina Nevárez regresó a su lugar de residencia en Tijuana, Baja California.
De acuerdo con información de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) el Estado mexicano se comprometió a garantizar y salvaguardar la integridad de la defensora.
Blanca Mesina Nevárez, junto con Silvia Vázquez Camacho, son dos activistas originarias de Baja California, que se vieron obligadas a exiliarse porque desde principios de 2010 han recibido amenazas y hostigamiento por denunciar los abusos que cometen elementos del Ejército mexicano.
En entrevista, Blanca Mesina afirmó que este martes se venció el plazo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fijó para que el Estado mexicano respondiera qué acciones llevaba a cabo para implementar las medidas de protección que la CIDH dictó el 4 de junio de 2010.
Sin embargo el incumplimiento por parte del Estado mexicano hizo que el 27 de octubre el organismo internacional diera un plazo de 48 horas para que el Estado mexicano respondiera por escrito pero no lo hizo.
Fue hasta pasado el 30 de noviembre que el Estado mexicano, a través de la Secretaria de Gobernación, garantizó medidas de protección para Blanca Mesina, las cuales constan de un circuito cerrado de seguridad en su domicilio, cuatro escoltas, un número de emergencia y un radio de comunicación.
Una vez que se llegó a este acuerdo, Blanca Mesina ya tuvo contacto con sus escoltas, por lo que este martes regresó a Tijuana, donde continuará con su labor en defensa de los derechos humanos.
Cabe precisar que para hacer oficial el otorgamiento de las medidas, Mesina se reunió con funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública federal y de la Procuraduría de Justicia estatal, entre otras.
Con esto se dan las mínimas condiciones para que Blanca Mesina –quien representa a un grupo de 25 elementos de la policía arraigados y torturados presuntamente por militares– regrese a Tijuana.
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