Las autoridades sólo reaccionaron cuando se descubrió la ejecución de 72 indocumentados
Por la masacre de San Fernando han sido detenidas ocho personas, varias centroamericanas
Martes 19 de octubre de 2010, p. 13
Desde hace 14 meses, autoridades militares y civiles en México tenían conocimiento de que el cártel de Los Zetas secuestra a migrantes y los amenaza para que colaboren con ese grupo criminal a cambio de 5 mil pesos a la semana por realizar robos, asesinatos y participar en los plagios de sus propios compatriotas, revelaron a La Jornada fuentes castrenses y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunque el gabinete de seguridad nacional conocía bien desde finales de 2009 los métodos que utilizan Los Zetas para reclutar gente donde sea –principalmente indocumentados–, fue apenas en agosto pasado, luego de que efectivos de la Secretaria de Marina descubrieron los cuerpos de 72 migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, cuando las autoridades mexicanas lanzaron una alerta internacional para que países centro y sudamericanos prevengan a sus connacionales del peligro que representa su paso por México.
En su edición de ayer, La Jornada reveló que el cártel de Los Zetas ha encontrado en el secuestro de migrantes su principal método ilegal de recaudación de recursos para la organización delictiva, y ha hecho valer su control de esa actividad criminal en plazas del sureste y el Golfo del país, según consta en datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la PGR.
En esos informes se tiene documentado, por ejemplo, que los sicarios exigen entre 25 mil y 200 mil pesos a las familias de los migrantes secuestrados a cambio de liberarlos de las casas de seguridad que utiliza el grupo criminal en diversos municipios de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Sobre el caso de los 72 migrantes ejecutados por sicarios de Los Zetas, fuentes de la PGR informaron que hasta el momento se ha detenido a ocho personas, varias originarias de Centroamérica, como presuntas responsables de haber secuestrado y asesinado a esos indocumentados, cuyos cadáveres fueron localizados por efectivos de la Marina el pasado 24 de agosto.
Los ocho inculpados se encuentran presos y sujetos a proceso ante el juzgado de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas. Se les imputan los cargos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como corrupción de menores y homicidio calificado.
En su momento, la Marina informó que detuvo a cuatro presuntos sicarios del cártel de Los Zetas durante un enfrentamiento en las inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas, donde se descubrió una fosa clandestina con dos cadáveres, aún no identificados, y fueron liberadas tres personas secuestradas.
No es el único caso de migrantes detenidos que tienen vínculos con Los Zetas. El 4 de septiembre anterior, elementos de Policía Federal trasladaron a seis personas de nacionalidad guatemalteca, presuntamente vinculadas a ese grupo criminal, de la estación migratoria de Iztapalapa a un centro de readaptación social.
Dos días antes, el juez 15 de distrito libró orden de aprehensión contra los seis migrantes que el 20 de abril de 2010 fueron liberados por un comando armado de la estación migratoria de Acayucan, Veracruz.
El intercambio de datos de las autoridades de países centroamericanos con la Sedena precisa que ese grupo criminal tiene controlada la zona fronteriza entre Guatemala, El Salvador y Honduras.
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