Frente Amplio y organismos civiles rechazan agresiones gubernamentales contra opositores a la Supervía
- Frente Amplio y organismos civiles denuncian abuso de la fuerza pública contra opositores a la Supervía.
- Los funcionarios públicos que han intervenido lo han hecho de manera ambigua.
- La única posibilidad de solución institucional es la emisión de una recomendación por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
El Frente Amplio contra la Supervía Poniente de cuota, movimiento ciudadano pacífico y apartidista, así como diversos organismos civiles, denunciamos un uso excesivo de la fuerza pública por parte del Gobierno del Distrito Federal (GDF), especialmente los días 19 y 20 de octubre de 2010, contra opositores pacíficos a un macroproyecto que pretende ser impuesto por parte de los funcionarios públicos en contra del interés mayoritario. De la misma manera exigimos respeto a los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México, especialmente de la zona poniente, quienes se verían afectados no sólo por el hecho de no haber sido consultados para la realización de dicho macroproyecto, es decir en sus derechos civiles y políticos, sino además en su derecho a un medio ambiente sano y a otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Consideramos que el día 19 de octubre el GDF instrumentó una provocación que buscaba generar violencia para deslegitimar al movimiento, cuando de manera subrepticia y dolosa pretendieron engañar a los vecinos introduciendo de manera oculta herramientas de trabajo y confrontándolos con la presencia de más de 30 trabajadores a quienes se incitó a la violencia. De estos hechos se desprendió la agresión en contra de la señora Josefina Martínez y de Florina Cortés; de esta agresión se presentó denuncia a la autoridad correspondiente. Posteriormente y a raíz de diversas provocaciones la policía se excedió en el uso de la fuerza: resultaron lesionadas por los granaderos, Lizeth Valencia García, Teresa García, Gerardo Mendienta Ávalos, Mariana González Alvarado, Jorge Alfredo Medrano Meza, Juan Padrón, Socorro Salazar e Iván Martínez.
La agresión se extendió a lo largo de ese día, lo que representa una muestra de arbitrariedad reprobable, máxime cuando existe litispendencia en juicios federales y locales que impide la realización de obras mientras existan procesos judiciales en curso. Además las agresiones fueron realizadas en presencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, no obstante la existencia de medidas precautorias dictadas a favor de los vecinos de la comunidad. Exigimos que se respeten dichas medidas y que el organismo público garantice su efectividad y la observancia de los derechos humanos en la Ciudad.
Los hechos del día martes evidencian la indolencia de diversas instancias del gobierno de la ciudad. Lejos de favorecer canales institucionales que privilegien el diálogo y el consenso sobre una cuestión de suma importancia para la Ciudad, las autoridades han incurrido en omisión a las solicitudes de diálogo público e informado con la ciudadanía, en acciones dilatorias, en rechazo al debate, en engaño generalizado a la opinión pública y en actitudes de franca y abierta provocación de parte de servidores públicos como Héctor Hernández Llamas, Jesús Lucatero Rivas y Enrique Aguilar.
Tampoco pasa desapercibido que en su momento el secretario de gobierno José Ángel Ávila y su subsecretario se retiraron de la mesa de concertación del diálogo ante la Comisión de Derechos Humanos del DF en la que el Frente Amplio habría solicitado de nueva cuenta, con la intervención del Ombudsman capitalino y con la presencia de diversas organizaciones de la sociedad civil, la propuesta de realizar un proceso de diálogo público e informado en el que se pudieran presentar los argumentos técnicos, sociales y legales por los que se considera lesivo para la ciudad este proyecto. Posteriormente el gobierno de la Ciudad manifestó públicamente su disposición al diálogo e indicó que su propuesta había sido rechazada, desde esa fecha no ha existido ningún canal de interlocución que posibilite la solución del conflicto.
Ante el autoritarismo del gobierno de la ciudad y considerando que los procesos judiciales requieren tiempo para su resolución definitiva, consideramos que la única posibilidad de solución institucional de esta problemática es la emisión de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal. Ésta actualmente investiga las denuncias de múltiples y continuas violaciones a los derechos humanos que conlleva el proyecto y posee todos los elementos de carácter técnico generados en las mesas de debate.
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