15/10/2010

Por unanimidad, senadores exigen a Calderón rescatar cuerpos de la mina Pasta de Conchos

Es una vergüenza que los restos sigan sepultados en el yacimiento, dice Monreal


Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 15 de octubre de 2010, p. 17

Por unanimidad, el Senado de la República exigió al presidente Felipe Calderón que se inicie de inmediato el rescate de los restos de los mineros que permanecen en el yacimiento Pasta de Conchos. Durante el debate, todas las fuerzas políticas coincidieron en que la voluntad del gobierno y los empresarios de Chile que se unieron para salvar la vida de los 33 atrapados en la mina de San José contrasta con la forma vergonzosa en que el gobierno protegió al Grupo Industrial México.

La valoración de la vida, la atención y la responsabilidad que asumió el gobierno chileno permitieron el rescate de los mineros del desierto de Atacama y ponen de manifiesto la urgencia de atender el tema de la minería en este país, comentó el panista Ricardo García Cervantes.

Es una vergüenza, advirtió el petista Ricardo Monreal, que desde hace cuatro años los cuerpos de los 63 mineros de Pasta de Conchos se mantengan enterrados bajo miles de toneladas de tierra, en las profundidades de la mina.

Legisladores de todas las fuerzas políticas deploraron el respaldo que en México se da a las empresas mineras, buena parte de ellas extranjeras, que pagan impuestos irrisorios y a las que se permite explotar al máximo a los trabajadores, incluso a menores de edad. La Secretaría del Trabajo para lo único que ha servido es para ponerse del lado de los odiosos patrones, advirtió el priísta Francisco Arroyo Vieyra.

García Cervantes dijo en tribuna que está indignado, pues ni siquiera él pudo lograr que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, recibiera a familiares de los mineros muertos. Hay que profundizar en el tema y combatir la impunidad, esté donde esté.

Monreal aprovechó un punto de acuerdo del panista Guillermo Tamborrel, para verificar el informe sobre impacto ambiental de las minas a cielo abierto, para introducir el tema y demandar que se reabra la investigación sobre Pasta de Conchos y se castigue a los responsables de la tragedia.

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Labastida Ochoa respaldó la propuesta del petista Monreal. “He subido a la tribuna para hacer algunas consideraciones sobre el accidente de Pasta de Conchos y el de la mina de Chile. Atrás de ello hay dos formas absolutamente diferentes de trabajar la minería. En una, una cultura de prevención; pudieron rescatar a los trabajadores porque había una cámara donde existía comida, agua, alimentos, y ello permitió llegar al lugar donde estaban a resguardo.

En México no existe esa cultura ni esas normas técnicas. Ésa es la gravísima parte del problema, dónde sólo se trata de maximizar las utilidades y no se tiene el suficiente cuidado y respeto a la vida de los trabajadores.

Propuso revisar la Ley de Explotaciones Mineras e incluir medidas que eviten que se continúen presentando estas tragedias en el país. Transformemos la legislación para que no tengamos que pasar los dolores y la tragedia que están viviendo y que vivieron las familias, y la vergüenza de tener una minería que sólo busca sacar dinero y recurso a la tierra y no protege a quienes se están esforzando por la explotación minera en el país.

Francisco Arroyo Vieyra, senador del PRI, denunció en tribuna la situación que están viviendo 406 trabajadores de la sección 142 de la mina El Cubo, en Guanajuato. La empresa los obliga a trabajar 10 horas. Es la compañía minera Gammon Gold, es perniciosa, y ha sido odiosa para los guanajuatenses, porque los obligó a aceptar jornadas de 10 horas.

Acusó que “desde el mes de abril se han registrado cinco muertes. Han peleado las indemnizaciones con los abogados de la empresa. Hace un año los empresarios habían aceptado mejorar las condiciones de los trabajadores, cambiarles las herramientas, renovar el transporte y darles utilidades, pero no cumplieron ni una ni otra cosa. Sólo hubo cinco muertos.

La Secretaría del Trabajo respondió a los trabajadores que eran unos chantajistas. Sobre todo los muertos. Y les declaró inexistente la huelga. 406 mineros ven cómo se les consume la vida por un pleito entre el gobierno y el sindicato, al que ellos son ajenos. Un día nos vamos a levantar con la noticia de que entre la Policía Federal Preventiva y allí advirtió, va a haber una matazón. La gente está dispuesta a todo, porque la están pasando mal.

Pablo Gómez, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuestionó en tribuna: ¿Por qué no se han rescatado los cuerpos en Pasta de Conchos? Nunca se intentó siquiera, porque eso cuesta dinero; es la empresa la que está obligada a hacerlo, y es el gobierno el que debe obligar a esa minera a sacar los cuerpos, pero no ha habido autoridad que la obligue. Debemos unirnos al reclamo de los deudos. No debemos aceptar la prepotencia, que esta gente sea la que gobierne al país.

El punto de acuerdo aprobado incluye también que la Secretaría de Economía rinda un informe detallado sobre ¿cuánto pagan las empresas mineras por la explotación de hectárea en el país? ¿Cuántas concesiones se han entregado? ¿Cuántos millones de hectáreas amparan esas concesiones? ¿Qué beneficios han recibido las comunidades?, además del rescate inmediato de los mineros de Pasta de Conchos.

Calderón debe reconocer la responsabilidad del Estado, apuntan

ONG demandan recuperar los cuerpos de los mineros fallecidos en Coahuila

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 15 de octubre de 2010, p. 16

A diferencia de lo ocurrido en Chile, donde se hizo todo para rescatar a los trabajadores de la mina San José, las autoridades mexicanas se aliaron con Grupo México para encubrir la negligencia que provocó el accidente en Pasta de Conchos, aun cuando hay indicios de que hubiera sido viable intentar el rescate.

Denunciaron lo anterior representantes del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), instancias que el próximo martes iniciarán una campaña para exigir el rescate de los cuerpos, el castigo a los responsables del accidente y la renacionalización de las minas del país.

En conferencia de prensa, destacaron que Grupo México agotó la búsqueda en apenas 48 horas y declaró muertos a los mineros en menos de cinco días, sin haber instalado un equipo de monitoreo sísmico para ubicar a los trabajadores con precisión, y sin entregar a los rescatistas información confiable.

El gobierno mexicano nunca emplazó al dueño de la mina, Germán Larrea, a cumplir la obligación de aceptar su responsabilidad directa en cualquier accidente de trabajo, como señala el artículo 123 constitucional, afirmaron.

Una muestra del desprecio por la vida de los mineros, dijeron, es que si el rescate de los chilenos costó unos 22 millones de dólares, Grupo México hubiera tenido que invertir sólo 0.85 por ciento de las utilidades netas que obtuvo en 2006 y 2007 (de 3 mil 552 millones de dólares en total) para sacar a sus obreros.

El argumento del ex secretario de Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz en el sentido de que el rescate era imposible porque se trataba de una mina de carbón con riesgo de explosiones es falso, porque desde 1902 se han recuperado los cuerpos de todos los trabajadores fallecidos en accidentes similares, que están en la misma región y comparten el mismo yacimiento que Pasta de Conchos, agregaron.

A pesar de lo ocurrido en 2006, denunció Carlos Rodríguez, del Cereal, Grupo México ha obtenido al menos 14 permisos más en todo el país, y en inspecciones realizadas en 32 minas, tan sólo en 2010, se descubrió que prácticamente ninguna cubre los requisitos mínimos de seguridad para sus trabajadores.

Sin embargo, atendiendo las quejas de los familiares de los mineros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció el 24 de septiembre que el gobierno mexicano tiene dos meses a partir de esa fecha para presentar sus observaciones sobre el tema, por lo que Felipe Calderón tiene la oportunidad de reconocer la responsabilidad estatal en la tragedia.

Los representantes del Cereal y el Centro Pro anunciaron que solicitarán a la Procuraduría General de la República que reabra el expediente de Pasta de Conchos, actualmente en reserva, para que se recuperen los cuerpos de los mineros y se castigue a los culpables de la explosión.

Por su parte, Raúl Villasaña Valadez, padre de uno de los mineros fallecidos en Coahuila, denunció que la empresa nunca tuvo intención verdaderas de rescatar a sus trabajadores.

Cuando vi el rescate en Chile, lloré hasta que me cansé. Así le hubieran hecho en Pasta de Conchos, pero aquí lo que faltó fue valor. Si la empresa hubiera querido sacarlos, otra cosa hubiera sido, lamentó.


Exige reabrir el expediente del caso y castigar a responsables del asesinato corporativo

El rescate en Pasta de Conchos habría sido más fácil que el de Chile: Gómez Urrutia


Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 15 de octubre de 2010, p. 16

La explosión en la mina Pasta de Conchos –en Coahuila–, donde fallecieron 65 trabajadores, fue un homicidio industrial aún impune. No hubo castigo penal contra los culpables ni se hizo pagar con cárcel su responsabilidad por ese hecho al dueño del consorcio Grupo México, Germán Larrea, por lo que debe ser reabierto el expediente del caso, que está congelado en los tribunales federales.

En entrevista vía telefónica, el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, apuntó lo anterior y añadió que la lección que dio Chile a México con el rescate de los 33 mineros obliga a señalar que tras el siniestro ocurrido en Pasta de Conchos en febrero de 2006 la empresa evadió, con la complicidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la demanda de los deudos de que los obreros o sus cuerpos fueran rescatados.

Grupo México, además, nunca otorgó una indemnización digna a viudas y huérfanos de los fallecidos, aun cuando ese año obtuvo utilidades por 2 mil 600 millones de dólares.

Colusión

Desde Canadá, el dirigente aseguró que es posible probar que deliberadamente no se rescató a los 65 trabajadores debido a la colusión de los dueños de la mina con autoridades de la STPS, ya que Javier Salazar Sáenz, su entonces titular, era proveedor de Grupo México, y aún lo es, y no quiso perder sus negocios con el consorcio, por lo cual tapó el homicidio.

Salazar Saénz, con dos compañías de su propiedad –Productos Químicos de San Luis y Latinoamericana de Productos Químicos de San Luis–, provee a Grupo México, y lo hacía en 2006, abundó. Además, Pedro Camarillo, su yerno, era el delegado de la STPS en Coahuila, y por eso nunca se hicieron las inspecciones que tenían que realizar en esa mina.

Sobre la declaración del ex secretario del Trabajo acerca de que lo ocurrido en Chile nada tiene que ver con lo que pasó en Pasta de Conchos y que no fue posible emprender el rescate, aseveró que sólo trata de eludir la responsabilidad directa que tuvo en la explosión, porque no atendió los llamados de los trabajadores y el sindicato debido a que habían aumentado los niveles de gasificación de la mina. Incluso el gremio realizó tres huelgas antes de la fecha de la explosión en demanda de mejores condiciones de seguridad, afirmó.

Hubiera sido más fácil el rescate en México, agregó, ya que la mina de San José, en Chile, está en una zona de montañas, en roca más dura y en un terreno más complicado, a 700 metros de profundidad, y 17 días después del incidente se tuvo la primera noticia de que los 33 mineros estaban vivos.

En Pasta de Conchos los trabajadores estaban a sólo 120 metros, en un terreno más suave, y había perforaciones para ventilación, por las cuales era posible haber introducido cámaras para ver dónde y cómo se encontraban. Sin embargo, a los cinco días se dieron por terminadas las tareas de rescate, se retiró a los familiares incluso con el Ejército y se abandonó a los trabajadores en el fondo de la mina, sin saber si estaban con vida. Eso se llama asesinato corporativo, insistió.

Demandó investigar a cuánto ascienden los contratos de Salazar Sáenz con Grupo México.

Añadió que Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox, obtuvo recursos de Germán Larrea por conducto de la Fundación Vamos México, además de que el empresario es miembro del consejo de administración de Televisa. Todo fue colusión, sostuvo Gómez Urrutia.

Debido a esos intereses no se atendió la propuesta de traer expertos de España, Canadá o Estados Unidos para el rescate, o de que lo hicieran mexicanos, apuntó. Está claro que se debe abrir el expediente para investigar las responsabilidades de funcionarios y el empresario, y aplicarles sanciones penales, reiteró.

Señaló que fue una posibilidad seria que algunos mineros hubieran sobrevivido a la explosión en Pasta de Conchos y que esperaban ser rescatados.

Pero no se hizo nada, para que no se conociera la negligencia criminal de esa compañía, a cuya cabeza está el segundo hombre más rico de México, expuso. En ese sentido, Chile nos dio una lección moral, abundó.

En 2008 un grupo de sindicalizados intentó rescatar los cuerpos y estuvo a unos metros de encontrarlos, pero con fuerzas de seguridad pública los socorristas fueron obligados a desocupar la mina, acusó.

Denunció que tras la explosión en la mina se desató una persecución política contra la dirigencia del gremio, y Fox ordenó al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que me apresara bajo el cargo que quisiera, y cuando el mandatario le respondió que no había motivos, le respondió que los inventara.

En contrapartida, luego de la tragedia, Grupo México recibió otra concesión para la explotación de gas natural en Coahuila y desde esa fecha se le han otorgado otras 400 concesiones; es decir, la negligencia criminal se premió con más negocios, aseguró.

Comentó que el actual secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ha estado en la nómina de Grupo México como asesor, lo que es vergonzoso, por lo que en este régimen también se ha encubierto este crimen.

Sostuvo que es obsesiva y enfermiza la persecución en contra suya y del sindicato.

“Habría que hacerle un profundo estudio sicológico a Javier Lozano para saber por qué tiene esa fobia tan marcada hacia la clase obrera, hacia los trabajadores, que lo analicen. O es un odio enfermo o es la corrupción, porque ha apoyado irrestrictamente y sin medida a un empresario demente que ha pagado miles de millones de dólares para seguir un proceso legal sin fin en lugar de pagarle mejor a los trabajadores, de indemnizar a las viudas, de darles una casa… es increíble. Los mexicanos no nos merecemos estos empresarios ni este gobierno.”

Felipe Calderón dijo que era el presidente del empleo y que llegaba con las manos limpias, y ha resultado lo contrario, señaló. Insistió en que se reabran las investigaciones y aplaudió a los legisladores que lo propusieron.


Acá tenían prisa... para declararlos muertos

Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Viernes 15 de octubre de 2010, p. 17

Luego de lo ocurrido en Chile con los 33 mineros rescatados, el gobierno mexicano tiene sólo una opción: recuperar los cuerpos de los 63 mineros que permanecen sepultados en Pasta de Conchos, aseguró el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez, quien oficia la misa mensual en recuerdo de los 65 mineros que perecieron el 19 de febrero de 2006.

En entrevista aseguró que, a diferencia de lo sucedido en el país sudamericano, en México lo que prevaleció en la determinación de no realizar un rescate fue el interés económico, la falta de sensibilidad y compasión y el desprecio por la vida, pues consideró que antes de emprender el salvamento hubo prisa por declarar muertos a todos los mineros sin tener certeza.

Señaló que el pasado 27 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al gobierno mexicano a responder por lo sucedido en Pasta de Conchos, lo cual –aseguró– es la oportunidad de Felipe Calderón para ponerse a la altura del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Tras lo ocurrido, el gobierno mexicano no tiene escapatoria: o se pone a ese nivel e inicia la recuperación de los restos de los 63 mineros, o les sigue dando la espalda a los deudos y se mantiene en su pequeñez. Este rescate evidencia sin duda la ridícula respuesta del gobierno cuando descartó un rescate.

Detalló que México tiene dos meses para responder a la CIDH y añadió que también la Organización Internacional del Trabajo lo emplazó a explicar lo que sucede en la minería informal del carbón, porque desde lo acaecido en Pasta de Conchos nada ha cambiado, ya que siguen las muertes.

Aparte, el obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez, expresó su regocijo por el rescate de los mineros en Chile y señaló que esto es un canto a la vida que pone de manifiesto la importancia de enfrentar las situaciones adversas con serenidad y valentía.

También subrayó que la actitud ante situaciones límite ayuda a definir y forjar el carácter del ser humano y su sentido de trascendencia y llamó a dar gracias a Dios por todos los que han sido rescatados, por sus familias, por todos los que de diferentes maneras participaron en el salvamento.

Destacó la importancia de la esperanza y de luchar unidos en gran labor de compañerismo, pues pese a que estuvieron 17 días incomunicados y se llegó a pensar que no había posibilidad de rescate, no perdieron la ilusión de ser salvados y hubo entre ellos y quienes estaban en la superficie unión de conocimientos, experiencia y destreza de agencias y personas, no sólo de Chile sino también de otras naciones, y tenemos ahora el fruto del salvamento de todos los mineros.

Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), lamentó que en México se haya optado por abandonar a los 65 mineros porque si los salvaban iba a haber constancia de las inseguras condiciones en que laboraban.

Si los hubiesen rescatado vivos nos iban a venir a decir que la empresa no cumplía con los mínimos requerimientos para tener esa mina trabajando. La diferencia con Chile es que aquí prevaleció la impunidad hacia Grupo México.

El sacerdote aseguró que para que los mineros mexicanos tengan mejores condiciones de trabajo deben aplicarse políticas de Estado en relación con las minas que eviten la corrupción de los inspectores laborales y pongan más dientes a las sanciones por incumplir las normas de seguridad, pues a los empresarios les sale más barato pagar multas que mejorar la seguridad.

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