Los problemas del país, tan graves como los de hace 42 años, señala el Comité 68

Emite la agrupación un manifiesto la víspera del aniversario de la masacre estudiantil

Exige el cese de políticas económicas genocidas neoliberales y garantizar educación y empleo

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Sábado 2 de octubre de 2010, p. 14

En víspera del 42 aniversario de la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el Comité 68 emitió un manifiesto en el que señala que la situación que enfrenta el país es dramática y exigió el cese de las políticas económicas genocidas neoliberales y garantizar más educación y empleo para los jóvenes.

Resaltó que las políticas gubernamentales han dejado como saldo más de 28 mil muertos por la guerra contra el narcotráfico, cientos de miles de jóvenes rechazados en educación media superior y superior y 7 millones sin empleo. Agregó que los problemas que vive México son tan graves como los que enfrentaron los estudiantes en 1968.

A esta visión fotográfica de lo que sucede en México debe añadirse la perspectiva agobiante de la crisis económica mundial y los anuncios ominosos de las políticas públicas antipopulares, represivas, violentas y de control opresivo con las que se pretende sofocar el descontento social.

El documento indica que las marchas que cada año se realizan para conmemorar la matanza estudiantil del 2 de octubre han sido verdaderas jornadas de lucha popular en las que no sólo se refrendan los reclamos históricos y asuntos pendientes, sino también los temas y casos de actualidad referidos a las prácticas de violencia política ejercida por el sistema en sus modalidades de fuerza militar o policiaca con sus complementos judiciales y mediáticos. Se trata de las mismas situaciones vividas con especial gravedad en el movimiento estudiantil de 1968, ahora restablecidas en sus contenidos, aunque con nuevas maneras o disfraces en la situación actual, obligando al pueblo a responder puntualmente y en cada ocasión a las formas violentas que se ejercen en su contra, con la notable y ejemplar característica de que se trata de movimientos de resistencia pacífica que hacen uso de los recursos legales de los que se puede disponer.

Refiere que la contraparte de la práctica abusiva y desviada de ejercicio del poder la representa la conciencia creciente de que los movimientos sociales se han venido constituyendo en un poder fáctico, que dentro de la legalidad puede determinar decisiones trascendentes.

Hoy los casos más graves “son la represión antiobrera (sobre todo contra electricistas y mineros) encaminada a imponer un nuevo marco de relaciones laborales; las medidas de violencia abierta y encubierta con la que se pretende contener el flujo migratorio y la ominosa amenaza que se cierne sobre los jóvenes estigmatizados con el nada gracioso y sí peyorativo apelativo de ninis, que conlleva la intención de señalarlos como una de las fuentes principales de delincuencia, o sea, criminalizar su condición social de la que no son responsables, sino en todo caso víctimas de las políticas neoliberales instrumentadas en 30 años”.

A ello se suman cuotas pendientes para alcanzar la justicia en el país, como los procesos penales contra el ex presidente Luis Echeverría y las 52 averiguaciones previas concluidas en 2005 que no se han consignado por crímenes del pasado, entre otros.