07/10/2010

Después del DF, en Oaxaca ocurren más agresiones a periodistas

Se buscan convenios para fomentar las denuncias: Piña Kurczyn

Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Oaxaca, Oax 7 oct 10 (CIMAC).- Después del Distrito Federal, Oaxaca ocupa el segundo lugar, a nivel nacional, en agresiones contra integrantes de los medios de comunicación. En los últimos diez años se han acumulado 39 casos, sin embargo la cifra no puede representar todos los agravios.

En una visita a esta ciudad, el director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Juan Pablo Piña Kurczyn, indicó que se tiene “el temor fundado de que exista una cifra negra”.

Por ello, se reunió con directivos de periódicos para que, junto con organizaciones de periodistas y la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), se concreten algunos convenios que fomenten las denuncias.

Uno de los casos que actualmente está investigando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es la agresión que el 10 de junio pasado sufrió la corresponsal de MVS Noticias, Ixtli Martínez, quien recibió un balazo en la pierna izquierda mientras cubría un enfrentamiento en la Facultad de Derechos de la UABJO.

“Estamos dándole seguimiento al caso, solicitamos un informe a todas las instancias que están involucradas. La información que obra en los expedientes, es confidencial, pero le puedo decir que estamos haciendo una investigación”, dijo en breve entrevista con Cimacnoticias.

La Procuraduría local, es la cuarta instancia oficial que a nivel nacional tiene más quejas, sólo superada por la Secretaría de Seguridad Pública federal. Indebida integración de las Averiguaciones Previas, uso indebido de la fuerza y prestación indebida de servicios públicos, representan las principales agresiones a periodistas.

“Un ataque es especialmente grave porque de manera indirecta se afecta contra la sociedad”, indicó en entrevista Piña Kurczyn, quien consideró que los delitos contra periodistas deben de ser atendidos por la Procuraduría General de la República, en lugar de que lo hagan las procuradurías locales.

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