Amenazan a defensores de la ley

Roberto Garduño

Enviado

Periódico La Jornada
Martes 15 de febrero de 2011, p. 12

Ensenada, BC, 14 de febrero. La clausura temporal de la planta regasificadora de gas licuado natural propiedad de la trasnacional Sempra Energy generó un clima de amenazas, incertidumbre e inseguridad entre ciudadanos y políticos que se involucraron en el proceso que desenmascaró las irregularidades y golpeó las redes de protección que ha tejido esa empresa entre políticos, abogados, cabilderos y periodistas mexicanos.

Tres de los involucrados anunciaron que presentarán denuncias penales, y señalan a la trasnacional de responsable en caso de ocurrir algún hecho de violencia contra ellos y sus familias.

Jaime Martínez Veloz, ex diputado federal, ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación y hoy personaje involucrado en el proceso de paz en Chiapas, fue hostigado en horas recientes con mensajes intimidantes.

Su familia, en especial su esposa, recibió llamadas en las que advertían que van a valer madres. Ante tal nivel de amedrentamiento, Martínez Veloz, quien se ha convertido con los años en Tijuana en uno de los principales referentes de la defensoría de los derechos humanos en la región, acusó que la responsabilidad de cualquier acto de violencia o intimidación contra sus personas cercanas será responsabilidad de Sempra, el gobierno del estado, el gobernador y sus secuaces.

También el presidente municipal, Enrique Pelayo, con rastros de preocupación, reconoció que fue objeto de amenazas. Me han dicho que me voy a arrepentir, porque me va a ir de la chingada. El alcalde priísta anunció que presentará una denuncia penal contra aquellos que pudieran resultar responsables, principalmente la trasnacional Sempra Energy, que recientemente ha movilizado un ejército de leales.

Enrique Acosta, político priísta, ex diputado y hoy asesor de la bancada de su partido en el Congreso local, fue amenazado el pasado fin de semana. Te vas a morir, hijo de la chingada, le dijeron.

Tanto en el caso de Acosta como en el de Martínez Veloz las llamadas de amedrentamiento se realizaron desde teléfonos públicos.