16/02/2011

Varios de los acusados de hechos violentos en Bachajón ni siquiera estaban ahí cuando ocurrieron

Se violaron garantías judiciales de 10 indígenas detenidos por defender su tierra: Centro Frayba

No tuvieron abogados que hablen su lengua y firmaron textos sin conocer su contenido, señala

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Custodia policiaca en Mitzitón, luego del ataque del pasado domingo a adherentes a la otra campaña por integrantes del Ejército de Dios, que dejó un herido de bala y 23 detenidosFoto Moysés Zúñiga Santiago
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 25

San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de febrero. Ante el auto de formal prisión a 10 ejidatarios que defendían su territorio en San Sebastián Bachajón, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) sostuvo hoy que en el proceso se registraron violaciones a las garantías judiciales de los detenidos, presos políticos perseguidos por el gobierno de Juan Sabines Guerrero.

Según documentó el organismo, Jerónimo Guzmán Méndez, acusado de homicidio calificado, y Domingo Pérez Álvaro, de homicidio en grado de tentativa, así como varios más de los señalados, no se encontraban en el lugar de los hechos ocurridos el 2 de febrero en el camino a las cascadas de Agua Azul, donde perdió la vida Marcos Moreno García y resultó herido Tomás Pérez Deara, ambos del grupo que había tomado con las armas la caseta el ejido.

Los detenidos alegan ser inocentes. Los demás son Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro López Gómez, Miguel Álvaro Deara, Pedro García Álvaro (con discapacidad mental), y el menor Mariano Demeza Silvano, acusados de atentar contra la paz y la integridad corporal, el patrimonio del estado y daños.

La Procuraduría General de Justicia del Estado sostiene que al menos cinco de ellos dieron positivo en la prueba de radiozonato de sodio, mientras éstos niegan haber disparado y el CDHFBC documenta la infinidad de violaciones procesales y de derechos humanos cometidas por las autoridades.

Al rebatir al gobierno estatal en su afirmación de que los detenidos contaron con garantías judiciales, el CDHFBC certifica, entre otras cosas, que la defensora de oficio Yolanda Álvarez Cruz –quien los asistió– es de lengua chol, y el actual defensor, Darío Sánchez Escobar, desconoce el idioma de sus defendidos (tzeltal). Además, los testigos que declararon en favor de los detenidos no fueron asistidos por intérpretes calificados, sino por policías municipales uniformados, presentados como traductores, lo que intimidó a varios.

Posteriormente –abunda el CDHFBC–, los 10 presos “recibieron presiones para que sus familiares o autoridades comunitarias, adherentes a la otra campaña, participaran en una ‘mesa de negociación’ promovida por el gobernador y su secretario general de Gobierno, Noé Castañón León”. Las autoridades escenificaron esta mesa con el pequeño grupo de oficialistas del ejido de San Sebastián (Chilón) y con los priístas del vecino Agua Azul (Tumbalá). En Ocosingo firmaron un pacto de civilidad y concertación para la paz en el Centro Ecoturístico Agua Azul, sin considerar a los verdaderos interesados: la mayoría de ejidatarios de San Sebastián, donde cruza el camino cuyo peaje turístico estaría en disputa.

Las declaraciones de las personas que acusan a los detenidos resultan no claras y enrarecidas. Al menos 25 de los 117 indígenas inicialmente detenidos firmaron declaraciones sin conocer el contenido, donde (al parecer) se señalaba a sus compañeros. Otros indican que les condicionaron su libertad a la firma de ese documento, y otros más, que fueron amenazados: Me dijeron que si no cooperaba me iban a torturar y a meter una bolsa en la cabeza.

Los más de 100 hombres y mujeres de San Sebastián que salieron libres el día 4 tienen un apercibimiento judicial, y fueron amenazados de nuevo encarcelamiento “si no se desistían de su lucha por la defensa del territorio y de su organización social y política a través de la otra campaña”.

Para el CDHFBC, la captura y el procesamiento de las personas injustamente encarceladas configura un escenario de represión por autoridades del gobierno del estado, que priva arbitrariamente de la libertad a 10 personas por su acción política y social en la defensa de sus derechos.

Demanda una investigación seria, exhaustiva y apegada a la verdad de los hechos del 2 de febrero”, cuando fue despojada la caseta de cobro del ejido, así como el esclarecimiento del fallecimiento de García Moreno y la agresión a Pérez Deara. Una investigación, en fin, que sancione a los funcionarios de procuración y administración de justicia de Chiapas que incurrieron en actos violatorios a los derechos humanos.

Este miércoles, colectivos y organismos de derechos humanos convocan a una jornada de protestas y acciones a escalas nacional e internacional demandando la libertad de los ejidatarios de la otra campaña y el fin a los atropellos en sus tierras.

Tensión en Mitzitón

En Mitzitón (San Cristóbal), otro ejido donde los indígenas adherentes a la otra campaña han sido agredidos en días recientes por grupos oficialistas, el gobierno asegura que regresó el orden. Y sí, en las inmediaciones del poblado se mantiene una fuerte presencia policiaca.

Los representantes comunitarios informaron que aún hay tensión, pues personas del grupo evangélico Ejército de Dios amagan con secuestrar a varias mujeres para canjearlas por los 23 evangélicos aprehendidos por la policía la madrugada del lunes.

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