Denuncian los constantes agravios a activistas en el estado de Chihuahua
Miércoles 23 de febrero de 2011, p. 21
Las diputadas Leticia Quezada (PRD) y Teresa Guadalupe Reyes (PT) interpusieron ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones a las garantías individuales de la familia Reyes Salazar, que el pasado lunes trasladó su plantón de Ciudad Juárez al Distrito Federal.
En la denuncia, las legisladoras advirtieron sobre los constantes agravios a los que se ven sometidos los defensores de derechos humanos en Chihuahua, sin que las autoridades de aquella entidad hagan algo para impedirlo.
Ambas legisladoras lamentaron que a más de un año del asesinato de Josefina Reyes –seguido de la ejecución de su hermano Rubén, el secuestro de Malena y Elías Reyes y su cuñada Luisa Ornelas– no haya ningún avance en las investigaciones.
Quezada anunció que llevarán el tema como primer punto de la agenda política que se discutió ayer en la Cámara de Diputados, y aprovecharían la presencia ahí del gobernador chihuahuense, César Duarte, para exigirle una explicación sobre este asunto y apremiarlo a resolver cuanto antes las agresiones.
Es una lástima y una vergüenza que toda una familia tenga que venir al Distrito Federal porque en Chihuahua no les hacen caso. Ahí hay algo turbio que investigar; este tipo de omisiones no son gratis. Intentan acallar a los defensores de derechos humanos porque el país se está pudriendo en materia de inseguridad
, lamentó.
En el mismo sentido, la diputada petista denunció que el programa Todos somos Juárez es una vil mentira
que no ha logrado reconstruir el tejido social y en el que se invirtieron de forma inútil más de 3 mil millones de pesos.
Hay un desinterés por la población pobre, los jóvenes, las mujeres. Lo más doloroso es que para algunos funcionarios de este país es más importante resolver el asesinato de extranjeros
, señaló.
Por su parte, la madre de Josefina Reyes, Sara Salazar, reiteró que las autoridades de Chihuahua no han querido recibirla para escuchar sus demandas, a pesar del plantón que mantienen desde el 8 de febrero frente a la Procuraduría de Justicia de la entidad.
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