05/02/2011

Rosario Ibarra: no debe descartarse que exista "un escuadrón de la muerte" en ese estado

Senadores exigen al gobierno atender el reporte de HRW sobre asesinatos en NL

La violencia delictiva y la oficial tienen atrapados a los civiles en todo el país, señalan ONG

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 5 de febrero de 2011, p. 9

Senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), e incluso Acción Nacional (PAN), exigieron al gobierno federal tomar en cuenta el informe del organismo Human Rights Watch (HRW) en el que se responsabiliza a policías y elementos de las fuerzas armadas de asesinatos y desapariciones de civiles en Nuevo León. Advirtieron que lo mismo ocurre en Chihuahua y otras entidades en que el Ejército participa en el combate al crimen organizado.

Por separado, activistas sociales y defensores de derechos humanos consideraron que la investigación de HRW corrobora el grado de descomposición del aparato de justicia en ese estado y en todo el país, donde los civiles ahora están atrapados entre la violencia del los delincuentes y la del Ejército.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, advirtió que no debe descartarse incluso la existencia de un escuadrón de la muerte en Nuevo León, dedicado a ejecutar y desaparecer a gente de escasos recursos económicos. Insistió en que el gobierno federal pasa a los narcotraficantes la responsabilidad de los abusos de militares y policías.

El panista Ramón Galindo pidió al presidente Felipe Calderón y al alto mando del Ejército no minimizar ni descalificar en automático el informe de HRW y los reclamos que organizaciones no gubernamentales han formulado por las muchas muertes de civiles que nada tienen que ver con el crimen organizado y a las que se cataloga sólo como daños colaterales.

En entrevista aparte, Rosario Ibarra, presidenta también del Grupo Eureka!, dijo que tiene una tristeza profunda porque cree que el gobierno de Felipe Calderón se aprovecha de la narcoviolencia, para hacer cosas terribles. Me duele mucho decirlo, es algo muy atrevido, que va a caer mal y no se qué me va a acarrear, pero creo que hay hasta una especie de escuadrón de la muerte que está acabando con gente pobre, con lo que gente del poder llama jodidos.

Expuso que llega a esa hipótesis por los muchos testimonios que ha recibido de gente humilde, sin vinculación con la delincuencia, a quienes militares les matan hijos, hermanos y otros familiares. Me parece una desviación, a menos que los soldados, que como todos seres humanos, tengan mucho miedo y le disparen a todo lo que se mueve. La denuncia la formulará en la tribuna del Senado, además de llamar al pueblo a organizarse y salir a la calle a protestar.

El senador del PRD René Arce comentó que no tiene elementos para asegurar haya escuadrones de la muerte, pero le queda claro que hay una deserción impresionante en el Ejército y muchos soldados y oficiales podrían optar por pasarse a la delincuencia o participar en grupos al servicio de criminales.

Delitos al alza

En tanto, activistas de derechos humanos llamaron la atención sobre las consecuencias negativas de la estrategia de seguridad del gobierno federal, y el creciente número de abusos que ha generado.

Consuelo Morales, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac) –organización asentada en la ciudad de Monterrey–, advirtió que el informe no hace más que confirmar el grave nivel de descomposición que enfrentan las instituciones de justicia y seguridad en el estado, y la nula respuesta de las autoridades ante la inseguridad.

Los casos presentados en el documento de HRW son sólo una muestra, porque ahora enfrentamos un crecimiento de delitos del fuero común, como extorsiones, secuestros y robos. Hay casos de gente desaparecida o secuestrada en los que se presume que hay funcionarios estatales metidos, lamentó.

Frente a este panorama, indicó, la militarización de los órganos de seguridad pública no ha servido para recuperar la tranquilidad del estado y sí, en cambio, ha causado un incremento en el número de violaciones a los derechos humanos, como la tortura, allanamientos ilegales de morada y detenciones arbitrarias.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, resaltó que el informe de HRW pone de manifiesto los daños que causa la participación castrense en tareas de vigilancia.

Con información de Fernando Camacho Servín

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