05/02/2011

La militarización avanza en Nuevo León


Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Sábado 5 de febrero de 2011, p. 36

Camilo Cantú sabe que puede morir en cualquier momento. Duerme pocas horas al día y en cinco casas diferentes. Cambia diariamente su camino para ir al trabajo, modifica los horarios, hace rotación de escoltas y coches. Conoce su trabajo, lleva 45 años como policía. Dice estar viviendo el peor momento de su vida. Lo han encañonado, baleado, rafagueado: De milagro sigo aquí. Será porque tengo varias vidas.

Es director de Policía y Tránsito de San Pedro Garza García, en Nuevo León, un estado donde asesinaron a 21 policías y agentes de tránsito durante enero pasado y ejecutaron a más de 100 personas. La caza de elementos de seguridad sigue siendo uno de los objetivos del crimen organizado: 13 municipios se han quedado sin policía por las renuncias masivas.

El déficit policiaco alcanza hasta 30 por ciento en el estado, según datos oficiales. La militarización avanza. Seguridad Pública ha integrado a más de 300 soldados para realizar funciones policiacas vistiendo el uniforme azul, patrullando en unidades de la corporación, pero usando armas largas de uso exclusivo del Ejército.

Los militares también participan en las Bases de Operación Mixta, los 43 retenes policiacos llamados filtros de seguridad, el operativo del blindaje carretero y los grupos antibloqueos.

Las voces en contra de la suplantación surgen: “Jamás se justifica que alguien se quite la cachucha de militar para disfrazarse y ponerse otra, entonces cualquiera lo puede hacer. Así como se disfrazan unos de policías, otros lo hacen de zetas. No porque son autoridad tienen derecho a disfrazarse de lo que les dé la gana”, señala en entrevista Tatiana Clouthier, quien lidera el movimiento ciudadano Evolución Mexicana.

La militarización de Nuevo León la encabeza ahora el nuevo secretario de Seguridad Pública, el general de división Jaime Castañeda Bravo, quien sustituyó a Luis Carlos Treviño Berchelmann. Es el tercero en el cargo en 16 meses del gobierno de Rodrigo Medina.

Los abusos cometidos por militares en la entidad y denunciados por organismos de derechos humanos no han sido atendidos por el gobernador, según el reciente informe de Human Rights Watch, que investigó ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones por parte del Ejército, las policías y la Marina.

Cada vez más, militares y ex militares son integrados a las corporaciones e instituciones, realizan labores de escoltas con funcionarios y conforman las llamadas guardias blancas del empresariado regiomontano. Camilo Cantú lo justifica. Reconoce que su grupo rudo está formado por 20 hombres que antes fueron soldados: Todos mis escoltas han sido militares, son gente de honor. Están equipados con lo mejor, traen láser, armas largas, chalecos antibalas. Todos han sido miembros del Ejército y necesitamos más y más equipo. Ahora quiero 2 mil cámaras para vigilar las calles.

El ambiente marcial ha crecido tanto que los sectores que piden la aplicación del estado de excepción aumentan: Queremos la suspensión de garantías. No pasa nada. La población lo necesita e incluso ya lo está aplicando. ¿Ha salido a las 9 de la noche? No hay nadie en las calles. El Estado está rebasado, dice en entrevista Ervey Sergio Cuéllar Adame, presidente de la Comisión Ciudadana de Tránsito.

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil se han reunido en varias ocasiones para intentar un consenso: Hay dos posturas: unos dicen que la sociedad debe tomarse de la mano del Ejército para declarar el estado de excepción, porque el gobierno está hecho un caos. Y otros piden que Felipe Calderón declare el fin de la guerra. Pero ante la ausencia de autoridad, el exceso de corrupción y la falta de estado de derecho, la gente pide un estado de excepción, comenta Clouthier.

La cacería

Ser policía lleva un riesgo latente ahora más que nunca. Es miércoles 2 de febrero y Camilo está acuartelado desde hace unas horas. Hay balazos en la calle. La Marina acaba de matar a cuatro supuestos narcos. Tiene un rifle 223 al lado de su escritorio y una pistola encima: “Hemos decidido replegarnos todos los días cambiando rutinas. Cuando hacemos operativos, una patrulla es seguida por otras más a 15 o 20 metros. Estamos viviendo una cacería de policías”.

Las fuerzas de seguridad han enfrentado la disyuntiva impuesta por los cárteles de la droga de plata o plomo (aceptar dinero del narco o la muerte). La plaza cambia de control. El enfrentamiento entre los Zetas y el cártel del Golfo ha dejado un reguero de sangre. Las estrategias para la caza de elementos de seguridad van desde las emboscadas con base en llamadas de auxilio que resultan falsas, seguimiento, persecución en las calles mientras patrullan, granadazos y los llamados levantones.

Camilo patrulla en un auto blindado. Uno de sus objetivos es preparar a 26 policías para las armas largas de uso exclusivo de los militares: “Estamos avalados. El Ejército está de acuerdo. Esta matazón de policías lo que busca es bajarle la guardia al gobierno federal. Si antes los policías estaban comprados por unos y llegaron otros a hacer una limpia, desconozco. La policía ha sido utilizada, no digo que no haya infiltración, pero también faltó la motivación para que esa policía no fuera distraída de sus funciones”.

Estampida policial

Hasta hace unos meses el sueldo de los policías oscilaba entre los 5 mil pesos. Ahora, la corporación estatal ofrece más de 12 mil y prestaciones para estimular la entrada de nuevos elementos, ante las constantes bajas producto de los asesinatos que afectan también a la seguridad vial.

Los últimos elementos ejecutados fueron dos motociclistas regiomontanos cuando iban a multar a un conductor. El Ayuntamiento de Monterrey decidió entonces dotar de chalecos antibalas a sus agentes de tránsito: “Son 50 chalecos y queremos 100. Sabemos que esto no resuelve el problema, porque la seguridad debe ser resuelta por el Estado, pero el Estado está rebasado. Y lo que está claro es que los narcos tienen mejor armamento y mejor sistema de inteligencia”, afirma Cuéllar Adame.

Ante la ola de ejecuciones, los agentes de tránsito son acuartelados por la noche y a partir de las ocho ya no patrullan las calles, sólo atienden las llamadas de accidentes viales: Estamos viviendo una especie de guerra de guerrillas. La gente vive en la zozobra. Hay mucho maleante y tenemos que restringir la actividad, comenta.

A la narcoviolencia se han unido los delitos del fuero común. Monterrey tiene el primer lugar a nivel nacional en robo de coches según un estudio de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA). El año pasado se robaron 5 mil 618 vehículos, 40 por ciento más que en 2009, lo cual significa un promedio de 15 autos robados al día. También han aumentado los secuestros, los robos a mano armada en la calle y a casas habitación.

La seguridad se le fue de las manos al gobierno porque, dice Clouthier, crearon al monstruo y ahora no pueden pararlo: “Es como Frankenstein, ya no saben cómo resolverlo, pensaron que tenían el control, pensaron que jugar al narquito o al narcopolítico iba a ser más fácil y ahora resulta que ya no saben cómo meter la reversa. Se metieron a jugar un juego que no conocen y ahora no saben cómo salirse. El estado ya no tiene tiempo.”

La sociedad civil intenta implicarse de una forma u otra. Decenas de madres de familia han decidido inscribirse en el programa Alto, mamás vigilando para hacer labores de tránsito en zonas escolares solo por las mañanas. El toque de queda ya existe, dice Cuéllar Adame, ahora falta una estructura de seguridad que incluya a los militares: Las armas no van a arreglar la seguridad si no se tiene un sistema de inteligencia.

Sin candidatos

Los asesinatos, amenazas y agresiones a las corporaciones policiacas han provocado una baja considerable en el reclutamiento de efectivos a pesar de que la oferta laboral pueda resultar más atractiva con aumento de sueldo y prestaciones.

En el país existe un total de 135 mil 555 personas que ejercen tareas de seguridad pública en los 2 mil 440 municipios y 16 delegaciones del país, lo cual equivale a que un policía debe velar por la seguridad de 960 personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La meta del gobierno de Nuevo León es reclutar mil 700 policías cada año, objetivo difícil de cumplir ante la actual situación: Es algo muy difícil. Tenemos un déficit de policía muy grande. Se necesitan muchos y cada vez hay menos candidatos. Hay quien dice claramente prefiero hacer otra cosa que vivir en riesgo. Y sí, evidentemente todos sabemos que es un trabajo riesgoso; ahora más, comenta en entrevista Leonor Castillo Treviño, instructora de policía con 11 años de servicio.

Su misión actualmente es preparar a los elementos que pretenden acceder a la entrega de una arma larga de uso exclusivo del Ejército: Tomamos en cuenta su expediente, antigüedad, comportamiento, exámenes de confianza, el nivel físico y mental, para poderles dar una arma larga. Se necesita mucha vocación de querer servir y proteger a la comunidad. No cualquiera la tiene.

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