Hemos tocado intereses del más alto nivel
, señala Enrique Pelayo
Martes 15 de febrero de 2011, p. 12
Ensenada, BC, 14 de febrero. La clausura temporal de la planta regasificadora de gas natural de Sempra Energy, que el municipio de Ensenada aplicó el viernes pasado, fue levantada de facto por el gobierno del estado al destruir los sellos que mantenían cerrada la empresa, y ahora el Ejército Mexicano mantiene vigilados los accesos a la instalación permitiendo la operación en las instalaciones.
A tres días de aquel hecho, el alcalde del puerto, Enrique Pelayo, señala que en el marco de la ley municipal y estatal la clausura no termina, porque corresponde a él levantarla, y la determinación de la administración del estado es absolutamente ilegal.
En entrevista, insiste en que la decisión de cerrar la regasificadora obedece a su responsabilidad de velar por el interés común, la seguridad de los ciudadanos y el entorno ecológico, y subyace la defensa de la autonomía del municipio libre y soberano.
El alcalde priísta, quien ha recibido múltiples amenazas de muerte para él y su familia, y ahora es objeto de una campaña mediática que lo compara con el presidente venezolano Hugo Chávez, en el menor de los casos, y se le acusa de padecer de sus facultades mentales o ser adicto, considera que tales reacciones son constancia de la desesperación y los escasos argumentos legales que tiene en sus manos la trasnacional para refutar la decisión de cerrar temporalmente la planta de gas.
Pelayo, quien en días recientes ha cobrado notoriedad por haber enfrentado las ilegalidades de Sempra, expone que le asiste la razón jurídica. También apunta a que los congresos federal y del estado le ordenaron intervenir en el caso de la regasificadora, frente al cúmulo de denuncias y violaciones en contra de la subsidiaria de la trasnacional.
“La clausura está apegada a derecho y recae en facultades exclusivas del municipio, como es regular el uso de suelo. Cuidamos cada detalle, desde la verificación del expediente de Sempra, donde encontramos un sinnúmero de irregularidades y violaciones a las normas.
Nuestra principal preocupación es y será que la terminal de Sempra Energy cumpla con la ley, y con esto garantice las condiciones necesarias para que los ensenadenses vivamos tranquilos todos los días.
–Sus detractores insisten en que no hay razones para actuar como lo hizo. ¿Qué lo condujo a optar por la clausura?
–Exhortos y puntos de acuerdo enviados desde el Congreso de la Unión y el Congreso del estado, donde los senadores y diputados locales y federales solicitaron a este ayuntamiento que investigáramos las condiciones en que se encontraba el expediente y en consecuencia procediéramos con apego a la ley. Por ningún motivo podíamos hacernos de la vista gorda ante semejante ilegalidad y sobre todo por las dimensiones del riesgo que la terminal de Sempra Energy presenta para el pueblo de Ensenada.
–¿Le asiste la razón legal?
–Estoy plenamente convencido de que estoy actuando bajo el esquema de derecho y sobre todo que lo hago con responsabilidad. Estoy decidido a que mi gobierno no esté señalado en ningún contubernio ni en complicidad con nadie. La gente está harta de la impunidad y de la falta de transparencia de anteriores administraciones; la que presido está comprometida y siempre estará apegada al marco de la ley.
–¿Qué tipo de intereses toca usted con esto? Ahora se difunde la idea de que está loco.
–Eso dicen los afectados, que son muchos, y sí hemos tocado intereses del más alto nivel, creo yo.
–A decir de algunos empresarios locales, con la clausura de Sempra usted aleja y desalienta las inversiones privadas.
–Al contrario, con el actuar de mi gobierno generamos la certidumbre legal necesaria para cualquier inversionista.
–¿Que pasaría en caso de un siniestro o eventualidad que se presentara en la terminal de gas natural licuado?
–Al día de hoy este ayuntamiento no cuenta con ninguna información proveniente de Sempra Energy que nos permita establecer los alcances de cualquier eventualidad, es decir, la empresa nunca entrego ningún estudio de impacto de riesgo, cuestión a las que está obligada por ley, ni manual, ni planos que indiquen las trayectorias de las tuberías por donde pasa el gas licuado natural. Estamos a ciegas, y eso es una gravísima irresponsabilidad de funcionarios municipales, estatales y federales.
–¿Teme alguna represalia en contra de usted o de algún funcionario de su gobierno?
–Hasta ahora lo que hemos recibido es una oleada mediática orquestada desde el gobierno del estado por funcionarios de segundo y tercer nivel. En ninguna parte he escuchado o leído argumentos sólidos con sustento legal; sólo se han dedicado a tratar de desprestigiar una acción a todas luces legal emprendida por mi administración.
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