- Organizaciones civiles denuncian la postura del gobierno del Distrito Federal.
- La respuesta de Ebrad descalifica institucionalmente a la CDHDF y vulnera el estado democrático y de derecho.
El pasado 11 de febrero el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó la respuesta a la recomendación 1/2011 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en torno al proyecto de la Supervía Poniente. Una vez conocido su contenido las organizaciones civiles rechazamos enérgicamente la postura del gobierno de la ciudad.
La recomendación acreditó que este megaproyecto genera múltiples violaciones a los derechos humanos de quienes habitamos la Ciudad de México. Esta recomendación deriva del mandato constitucional que faculta a la CDHDF a investigar violaciones a derechos humanos y, en su caso, hacer cualquier recomendación que estime pertinente para lograr una reparación integral de los daños.
En este sentido, el documento de respuesta signado por el jefe de gobierno cuestiona las premisas de investigación y las conclusiones del ombudsman capitalino. Sin estar facultado legalmente para ello, su respuesta pretende argumentar que no hay violaciones a los derechos humanos. Esencialmente se desconoce la labor institucional de la CDHDF, se rechazan las violaciones a los derechos humanos y se pretende formular una “aceptación parcial” que lleva implícito el rechazo al sentido de la recomendación y manifiesta la no aceptación del punto recomendatorio central.
Al respecto queremos señalar que la recomendación emitida por la CDHDF fue realizada en el marco de su competencia y estuvo precedida de una investigación amplia y exhaustiva que le permitió acreditar fehacientemente y de manera incuestionable las violaciones de derechos humanos. El documento de respuesta se caracteriza por expresar una serie de vaguedades e inconsistencias argumentativas y de justificaciones legales que supuestamente demuestran que no hubo violaciones a los derechos humanos.
La contestación del jefe de gobierno representa una descalificación institucional al órgano público de protección a los derechos humanos en la ciudad y una vulneración del estado democrático y de derecho. El hecho de no reconocer la investigación y pretender aceptar algunos puntos recomendatorios hace patente una actitud del gobierno de la ciudad por la que, desconociendo las violaciones probadas, simularía aceptar las recomendaciones. En suma, pretende hacer pasar como una concesión y como gestos de buena voluntad lo que es una obligación política y legal.
Con lo anterior se pretende confundir a la opinión pública presentando una imagen garante de los derechos humanos y de la democracia en la ciudad cuando lo cierto es que el rechazo a la suspensión de la obra representa una vulneración del derecho a la participación y la consulta pública. En materia de protección ambiental el mecanismo de consulta pública se basa en un esquema de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno y pretende brindar elementos de valoración a las autoridades para el otorgamiento de las autorizaciones. En este sentido, toda consulta debe ser realizada de manera amplia, plural e informada previamente a cualquier autorización e inicio de proyecto.
Realizar la consulta de manera posterior a una autorización y con una obra iniciada deviene ineficaz. En este caso, realizar la consulta sin aceptar la suspensión de la obra representa una simulación y un acto que pretende legitimar una acción gubernamental ya decidida y caracterizada por su ilegalidad y extremo autoritarismo.
Esgrimir que existen actos jurídicos consumados y obligaciones contraídas para no suspender la obra y al mismo tiempo anunciar la realización de la consulta, resulta un contrasentido, pues si el resultado es desfavorable a los intereses gubernamentales se volverá a aducir la existencia de compromisos previamente contraídos con las empresas. El argumento de afectación a la seguridad jurídica es falaz ya que la vulneración no deriva de la recomendación sino del actuar ilegal del gobierno de la ciudad que generó actos jurídicos con vicios de origen y por tanto anulables.
La respuesta contradice el discurso democrático del gobierno de la ciudad y los compromisos adquiridos por el Gobierno del Distrito Federal en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.
Organizaciones y colectivos firmantes
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, Alarbo, Alconsumidor, Alternativas y Capacidades, Bicitekas, CEMDA, Central Unitaria de Trabajadores, Centro de Estudios Ecuménicos, Centro de Orientación y Asesoría Pueblos Indígenas, Colectivo Casa Sin Puertas, Congreso Popular, Social y Ciudadano del DF, Congreso Social hacia un nuevo Constituyente-DF., Coordinadora Metropolitana de Movimientos Populares, El Poder del Consumidor, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular, Greenpeace México, INCIDE Social, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Nodo de Derechos Humanos, Organización Social Patria Nueva, Servicios y Asesoría para la Paz y Union de Colonias Populares.
Esta recopilación también puede ser consultada en: Sididh
