Reporte del Centro Pro DH

Centro Prodh expresa preocupación por intimidación oficial a opositores en Supervía

• El Gobierno de la Ciudad envía más granaderos a la zona del parque de la Loma.
• La fuerza pública es utilizada para apoyar las acciones de empresas privadas e intimidar a los opositores del proyecto de la Supervía.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), expresa su preocupación por los hechos recientes en relación al proyecto de la Supervía Poniente, pues ha obtenido información confiable que deja ver la existencia de medidas de intimidación en contra de los opositores a este macroproyecto.

La madrugada de ayer, aproximadamente 80 integrantes del cuerpo de granaderos ingresaron en 5 camiones a la zona del parque de la Loma, área natural por la que se pretende realizar la Supervía que es colindante con la Colonia la Malinche donde se encuentra el plantón permanente.

Este contingente se une a un grupo de alrededor de 150 granaderos que se encuentran en esa zona desde el pasado 30 de octubre. En las primeras horas del día comenzaron a cercar la zona de la Loma con malla ciclónica y alambre de púas y a cerrar todos los accesos públicos a la misma resguardándolos con elementos del llamado Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), quienes han realizado actos de agresión contra vecinos y visitantes del Parque de la Loma.

Este contingente de granaderos se suma a la presencia de granaderos y vallas que además de la zona del Parque de la Loma se encuentran en la avenida San Jerónimo y Luis Cabrera que permanecen desde el 30 de octubre en este lugar donde han iniciado obras de la Supervía Poniente por parte de las empresas privadas concesionadas.

El pasado 29 de octubre el Frente Amplio contra la Supervía alertó sobre el posible desalojo del plantón permanecerte que llevan a cabo desde hace más de 100 días en la llamada "zona cero" de la Colonia la Malinche. Denunciaron el sobrevuelo de dos o tres helicópteros a muy baja altura en la "zona Cero " de desastre por la madrugada del miércoles, jueves y viernes, así como la presencia por la madrugada, de gente extraña a la colonia con corte tipo militar, con  aparatos especiales de video, posiblemente infrarojos y geolocalizadores o geoposicionadores, realizando medidas y toma de video y fotografía en la "Zona Cero".

Alrededor de las 23 horas de ese día se desplegó un gran operativo de fuerza pública en la zona integrado por alrededor de 30 camiones de granaderos, 25 panel, 30 pick ups, 25 patrullas de seguridad pública, y 20 patrullas de la Procuraduría capitalina que se concentraron en varios puntos estratégicos: la glorieta de San Jerónimo, la calle de Magnolia y Luis Cabrera, Avenida San Jerónimo y Luis Cabrera, la zona del Tanque. Otro convoy compuesto por aproximadamente 6 camiones 150  granaderos, 8 panels y dos tanquetas antimotines ingresaron por el Parque de la Loma.

El 30 de octubre el gobierno de la Ciudad expresó públicamente que el motivo del operativo fue la realización de "estudios de mecánica de suelos". Lo anterior resulta cuestionable considerando el despliegue desproporcionado de la fuerza pública y las versiones que circularon en medios de comunicación como Excelsior, Reforma y Milenio que difundieron el día siguiente información en términos similares donde se daba por hecho el desalojo con la fuerza pública de los integrantes del Frente Amplio concentrados en el campamento permanente de La Malinche, aspecto que jamás ocurrió, y no se mencionaba de los supuestos trabajos que iniciarían en el camellón de la Avenida Luis Cabrera y San Jerónimo, y menos aún, por qué en esas altas horas de la madrugada y apoyando el GDF a las concesionarias de las empresas particulares.

Aunque a lo largo del día 30 algunos elementos del cuerpo de granaderos fueron retirándose permanecieron en dos puntos: el cruce de la Avenida San Jerónimo y Luis Cabrera y en la zona del parque de la Loma.

La presencia de granaderos en zonas clave para el inicio de las obras se suma a los actos de hostigamiento que han denunciado los integrantes del Frente Amplio contra la Supervía desde la emisión de los decretos expropiatorios que han sido realizados por personal de la empresas privadas OHL y COPRI y de representantes del Gobierno del Distrito Federal que han ido escalando y desencadenado situaciones de violencia.

Lo anterior se suma a las denuncias de intimidación y hostigamiento que han recibido los integrantes del Frente Amplio contra la Supervía y a las agresiones por parte de personal de las empresas y de supuestos representantes del gobierno de la Ciudad como lo acontecido el pasado 20 de octubre donde una manifestación pacífica realizada por vecinos de La Malinche fue reprimida con violencia y con un uso desproporcionado de la fuerza lo que dejó un saldo de 15 personas lesionadas, en su mayoría mujeres. La manifestación se realizó por las agresiones realizas el día anterior en la misma zona por supuestos trabajadores de las empresas.

Resulta cuestionable que el gobierno de la Ciudad ponga a disposición de empresas privadas a la fuerza pública. La presencia de más granaderos acontecida el día de hoy en la zona de la Loma pone en evidencia que el Gobierno de la Ciudad no está dispuesto a dialogar y exponer públicamente sus argumentos y la pretensión de imponer a toda costa un proyecto a la ciudad. El hecho de poner a disposición de empresas privadas al cuerpo de granaderos es muestra de la ausencia de voluntad política para atender y resolver  por medio de cauces institucionales que privilegien el diálogo esta problemática y por otro que el Gobierno de la Ciudad está al servicio de intereses económicos particulares en detrimento de los habitantes de la Ciudad.

Cabe destacar que el proyecto ha sido cuestionado por especialistas, científicos y académicos de diversas instituciones públicas y privadas por carecer de argumentos técnicos, sociales y jurídicos que sustenten la realización de esta mega obra. Asimismo diversas organizaciones de la sociedad civil organizada, de defensa de derechos humanos y del medio ambiente han cuestionado el proyecto señalado que éste sólo favorecerá a las empresas privadas concesionarias y coloca en grave riesgo la sustentabilidad ambiental de la Ciudad afectando gravemente un conjunto de derechos humanos.

También se resalta que existen procesos judiciales en curso en Tribunales locales y federales y medidas cautelares dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procesos de denuncias ante la PAOT, razón por  la cual no es posible la realización de las obras.

El gobierno de la Ciudad se ha caracterizado por la opacidad en este proyecto y por la imposición antidemocrática del mismo. En diversas ocasiones ha acudido a la fuerza y se ha negado reiteradamente a las propuestas de diálogo y discusión informada que se han realizado diversos actores.