Reporte del Centro ProDH

El caso Tabasco: muestra de la impunidad militar

• La PGJE de Tabasco pide a la PGR apoyo para aclarar nuevo crimen de militares contra civiles.
• Esclarecer los homicidios y encarcelar a los responsables, exigen familiares de las víctimas.

Una muestra más de la violencia indiscriminada que los soldados han dirigido contra la población civil, en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, es el asesinato de dos jóvenes en Jalpa de Méndez, Tabasco, por efectivos militares, luego de que supuestamente evadieron un retén, es, sostuvieron activistas de derechos humanos, y agregaron que el ciclo de agresiones e impunidad se repite cada vez con más frecuencia en el país.

Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que en el asesinato de Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román se presentan muchas características de ese patrón de violencia de las fuerzas castrenses, como el uso excesivo de armas; el encubrimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional al decir que los muchachos asesinados abrieron fuego primero; la alteración del escenario del crimen, al sembrar armas, y el hermetismo del Ejército.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que lo ocurrido en Jalpa de Méndez demuestra que la estrategia anticrimen del Ejecutivo federal no ha dado resultados, porque el tráfico de drogas no ha cesado y, en cambio, la violencia contra civiles va en aumento. Nos preocupan los abusos de las fuerzas de seguridad contra la población. Hay que dejar bien claro que se trata de violaciones graves a los derechos humanos que van a ser juzgadas por organismos militares.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pidió ayer la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) con el propósito de que apoye la realización de peritajes con la intención de esclarecer el asesinato de los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Ramos el domingo pasado en el municipio de Jalpa de Méndez durante un operativo de patrullaje efectuado por fuerzas federales y estatales.

El procurador Rafael González Lastra, en conferencia de prensa, explicó que en el convoy que realizó el operativo participaron 33 efectivos: diez del Ejército, siete de la Marina, seis de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, seis de la PGJE, dos de la Policía Estatal de Caminos y dos de la Policía Federal.

El propósito de apoyar la transparencia en las investigaciones y proseguir con el desahogo de pruebas, según indicó, se solicitó apoyo a la PGR, porque la PGJE carece de equipo y tecnología para realizar pruebas químicas de absorción atómica para localizar antimonio –elemento característico de los residuos de un disparo– en los 33 uniformados que participaron en el operativo.

También se solicita la colaboración de peritos de la PGR para el desahogo de la prueba comparativa de casquillos y armas. Aseguró que "estas dos pruebas periciales son indispensables y contundentes para que la dependencia federal valore atraer el asunto".

Manifestó que con la intención de alcanzar la aclaración plena del caso, "y porque no tenemos nada que ocultar", se puso a disposición y consideración de la PGR a los 14 elementos estatales que participaron en los hechos para que se lleven a cabo las diligencias necesarias.

En la ciudad de México, el gobernador Andrés Granier Melo sostuvo que los jóvenes asesinados pertenecían a "familias honorables" y se manifestó en favor de que la PGR atraiga el caso. Sin embargo, recomendó a los ciudadanos detenerse cuando sean requeridos para revisiones aplicadas por soldados, marinos y policías federales, pues estamos en una guerra.

"Mi llamado es a toda la sociedad, debe entender que ante los retenes que se aplican en la ciudad o en las carreteras hay que pararse y permitir que nos revisen porque, desafortunadamente, luego ocurren accidentes de esta naturaleza, pérdida de vidas de inocentes (...). Ellos (los delincuentes) no se tientan el corazón para terminar con vidas, (por eso) se tienen que hacer retenes, porque no bastan las cámaras de vigilancia de las ciudades", señaló.

Familiares de las víctimas se reunieron ayer con autoridades judiciales e insistieron en que los fallecidos eran personas dedicadas al trabajo y no usaban armas, por lo que exigieron el esclarecimiento de los homicidios y que se encarcele a los responsables.

La noche del martes, después de sepultar a su hijo en el panteón municipal de Jalpa de Méndez, Víctor Manuel Chan Huicab, comerciante de ropa y padre de una de las víctimas, dijo en entrevista con el Periódico La Jornada que "el pueblo exige al Presidente de México (Felipe Calderón) que meta al Ejército al cuartel, que no lo saque para que no mate a la gente pobre, a los que trabajan, y que no ande tapando a los que son sicarios, para decir: 'estamos combatiendo la delincuencia'".

La PGJE divulgó la noche del domingo un comunicado en el que se aseguró que uno de los jóvenes asesinados realizó disparos con arma de fuego y que las muertes ocurrieron durante un operativo de patrullaje de fuerzas federales y estatales.

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Esta recopilación también puede ser consultada en: http://www.centroprodh.org.mx/sididh2008/