31 may 2011

Pueblo Triqui regresa a San Juan Copala. Solicita protección a la Comisión Interamericana


  • Después de casi 9 meses del brutal desplazamiento por paramilitares de la región, el gobierno mexicano es incapaz de garantizar el acceso efectivo a sus territorios y respetar el Derecho a su Libre Determinación.
  • Se solicita la ampliación de las Medidas Cautelares para proteger a cientos de Triquis que no cuentan con la protección de la CIDH.
Diferentes barrios Triquis se unieron con los desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala el pasado 23 de mayo de 2011 para iniciar su cuarta caravana también denominada La Marcha del Color de la Sangre, la cual se dirigió en primera instancia hacia la Ciudad de México para agruparse con otras organizaciones solidarias, dar a conocer su lucha y retornar a San Juan Copala el 28 de mayo.
Dicha marcha forma parte de los acuerdos tomados por las autoridades de distintas Comunidades Indígenas Triquis del Municipio Autónomo de San Juan Copala llevada a cabo el pasado 10 de abril del 2011 como respuesta a la omisión del Estado mexicano de garantizar el retorno de los desplazados de San Juan Copala.
Así, después de casi nueve meses de desplazamiento, el Pueblo Triqui irá a recobrar el corazón de su comunidad, San Juan Copala, el Chuman´a, Centro Ceremonial y Político que fue tomado por la fuerza por grupos paramilitares del MULT y UBISORT el 20 de septiembre del año pasado, quienes luego de asesinar a mas de 20 personas y herir a decenas de habitantes, incluídos niños y mujeres, prendieron fuego a casas de la comunidad y amenazaron con colgar “como perros” a los que se quedaran.
En respuesta al desplazamiento y al ataque a la Caravana donde asesinaron a Betty Cariño y Jiry Jaakkola meses antes, el 07 de octubre del 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, DC, otorgó Medidas Cautelares a favor de 135 beneficiarios de la Comunidad de San Juan Copala, que para ese momento eran desplazados de su comunidad.
Sin embargo, pese a que el Estado mexicano se encuentra obligado por el derecho internacional a garantizar la protección de los beneficiarios de las Medidas Cautelares, capturando a los responsables del desplazamiento y asegurando el retorno de los desplazados, México ha fallado frente a la CIDH y frente al Pueblo Triqui y por ello regresan al corazón de su territorio ancestral, San Juan Copala, a recobrar su territorio de manos de los paramilitares.
Esta decisión fue tomada después de que el Gobernador de Oaxaca apareciera en prensa junto con líderes del MULT, señalados como responsables de la violencia paramilitar y responsables del desplazamiento, declarándose “uno más en la lucha” de esa organización, mientras en Marzo pasado el Gobierno Mexicano en una reunión de alto nivel de seguimiento de las Medidas Cautelares en Washington, DC, respondió que era imposible asegurar el retorno por la presencia de paramilitares.
El Estado Mexicano quiere silenciar al pueblo Triqui que lucha por su autonomía, aplazar las decisiones para resolver el problema y dejar que finalmente sean los paramilitares, los que por la vía del hecho y la aniquilación de la lucha autónoma, se presenten como los interlocutores reconocidos oficialmente.
Para asegurar la protección de más miembros del pueblo Triqui que se unen al RETORNO A SAN JUAN COPALA, el 20 de Mayo de este año se solicitó por el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y por el MASJC la ampliación de las Medidas Cautelares 197/2010 otorgadas por el órgano interamericano.
La nueva petición presentada a la CIDH la semana pasada busca que se amplíe la protección a todos los indígenas triquis de San Juan Copala que no residen en el Centro Ceremonial, pero forman parte de la comunidad, porque los efectos del desplazamiento ilegal y violento de los residentes de Copala repercuten no solo en los 135 beneficiarios de las actuales Medidas Cautelares, sino en todos aquellos miembros de la Comunidad Indígena de San Juan Copala, por ello, previo trabajo de identificación se incorpora a miembros de la Comunidad de San Juan Copala y habitantes de los barrios “Paraje Pérez”, “Guadalupe Tilapa”, “Santa Cruz Tilapa” y “Yosoyuxi”. La nueva petición también busca que el Estado Mexicano brinde protección a la Marcha del Caravana que la comunidad Triqui realizará para entrar a su territorio el 28 de mayo próximo, aseguró Priscila Rodríguez Bribiesca, abogada responsable de las Medidas Cautelares por parte del MASJC.
Anteriormente la Corte Interamericana ha determinado en casos de comunidades desplazadas la obligación del Estado de adoptar medidas urgentes para garantizar su acceso efectivo a los territorios que pertenecen. Por ejemplo, el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia del 29 de Marzo del 2006, según información proporcionada por la representante de la comunidad y abogada de SAKBE.


No más injusticia militar en México. Caso Inés y Valentina
  • Amnistía Internacional hace un llamado a responsabilizar a los culpables de violación a los derechos humanos en lugar de garantizar su protección.
Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas, fueron abusadas sexualmente a través de violación por miembros del ejército mexicano en 2002. Al no lograr obtener justicia en México, llevaron sus casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2010 resolvió a su favor. El suyo es uno de los cuatro casos en los que la Corte Interamericana ha dictado resoluciones contra México desde noviembre de 2009 por violaciones graves de derechos humanos cometidas por miembros del ejército en el estado de Guerrero.
La Corte ha ordenado a las autoridades mexicanas llevar a cabo investigaciones efectivas sobre estas violaciones y reformar el sistema de justicia militar, a fin de que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar queden fuera de la jurisdicción militar y sean competencia del sistema judicial civil.
Amnistía Internacional hace campaña junto con las sobrevivientes y sus familias para pedir a las autoridades mexicanas que eliminen la jurisdicción militar sobre los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.
Es hora de acabar con el círculo de impunidad que durante tanto tiempo ha negado la verdad, la justicia y la reparación tanto a quienes sobreviven a violaciones de derechos humanos como a sus familias.

En conjunto manejan más de $ 200 mil millones, dice el PVEM

Sin contralor, 4 secretarías federales, 11 dependencias y la Universidad Pedagógica
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 31 de mayo de 2011, p. 14

La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados denunció que cuatro secretarías, 11 dependencias federales y la Universidad Pedagógica Nacional no tienen un controlador interno designado para vigilar el ejercicio de su gasto.

El presidente de la comisión, Pablo Escudero (PVEM), refirió que el gasto conjunto de esas dependencias es superior a los 200 mil millones de pesos, y que las secretarías sin un titular del órgano interno de control son Gobernación, Hacienda, Economía y Salud, que manejan un presupuesto de 177 mil 198 millones de pesos.

En conferencia de prensa, dijo que esa situación permite que las dependencias cometan irregularidades, sin que la Secretaría de la Función Pública (SPF) intervenga, y se refirió al caso concreto de Gobernación. Vemos a un secretario que utiliza las aeronaves del gobierno como taxis aéreos, paseando al presidente del PAN (Gustavo Madero) y nadie dice nada. Claro, tampoco hay contralor en Gobernación, ironizó.

Por la noche, funcionarios de la oficina de comunicación de la SFP llamaron a las redacciones para señalar que de la lista presentada por Escudero, 9 dependencias sí cuentan con titular de fiscalización, pero no supieron explicar cuáles, además de que admitieron que siete efectivamente no tienen.

Dijeron que si hay siete vacantes es porque en el gobierno federal opera un esquema de rotación en dependencias consideradas estratégicas, y que de la relación difundida por el legislador del PVEM, algunas están bajo ese mecanismo.

Existe falta de transparencia, factor que genera impunidad y corrupción, advierte en Ginebra


Hay carencias en la independencia del Poder Judicial en México, dice relatora de la ONU

En un informe da a conocer interferencia e influencia impropia de los sectores público y privado

La imparcialidad y autonomía se ven cuestionadas porque el Estado nombra a los magistrados

Periódico La Jornada
Martes 31 de mayo de 2011, p. 9

Ginebra, 30 de mayo. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y magistrados denunció carencias en la independencia del Poder Judicial en México, al presentar este lunes un informe ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.

La independencia judicial se ve afectada por la falta de transparencia, factor que genera impunidad; también por la ineficacia y por la corrupción, así como por la interferencia e influencia impropia de los sectores público y privado, señala el informe de la relatora Gabriela Karina Knaul de Albuquerque y Silva, que visitó México en octubre de 2010.

La independencia, autonomía e imparcialidad de los órganos judiciales se ven cuestionadas por la participación (...) del Estado en el nombramiento de los magistrados, afirmó Knaul, quien visitó Chiapas, estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán.

La relatora de Naciones Unidas recomendó que se garantice la inmovilidad de los magistrados y jueces, una vez que han entrado en la carrera judicial. El hecho que el Ministerio Público dependa del Poder Ejecutivo puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva, advirtió Knaul, experta independiente originaria de Brasil.

Para garantizar un control efectivo de las acciones de las procuradurías resulta necesario fortalecer su transparencia y mejorar el sistema de rendición de cuentas, incluso a través de órganos de control interno, estimó la relatora, quien abogó por una reforma constitucional en materia penal que cambie la mentalidad de todos los operadores de justicia en México.

Al respecto precisó que deben perfeccionarse los mecanismos de supervisión interna para garantizar la rendición de cuentas de todos los órganos del sistema de justicia penal (policía, agentes del Ministerio Público, magistratura, defensoría pública y agentes judiciales).

La relatora también reclamó una reforma de la jurisdicción militar en México, con el fin que no sea competente sobre casos de violaciones de derechos humanos y que no pueda juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles.

Contra el arraigo

Además, Knaul planteó a México suprimir la figura del arraigo en su legislación, que dispone la retención paracarcelaria de una persona por un plazo de hasta 80 días para que la autoridad judicial investigue, en espera de una eventual acusación formal que permita iniciar un procedimiento en regla.

Al propio tiempo, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó su preocupación por la situación de los migrantes en México, que han sido objeto de secuestros y asesinatos en gran número, la mayoría cometidos por redes criminales, un tema que espera abordar en una próxima visita al país en julio.

En la Tierra Caliente de Guerrero hay un daño creciente a causa de la inseguridad: alcalde

La ola delictiva obliga al desplazamiento de cientos de personas y al cierre de negocios

Nadie quiere ser policía en el municipio sonorense de Tubutama, por temor a ser asesinado

Sergio Ocampo, Ulises Gutiérrez y Carlos Figueroa
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 31 de mayo de 2011, p. 10

Un centenar de negocios que incluyen clínicas privadas, tiendas de abarrotes y casas de materiales para construcción cerraron sus puertas en el municipio guerrerense de Ciudad Altamirano debido a la violencia que azota la Tierra Caliente, señaló el alcalde, Gustavo Adolfo Juanchi Quiñónez.

Entrevistado vía telefónica, el munícipe priísta dijo tener conocimiento de que mucha gente abandonó la cabecera municipal, extraoficialmente unas 500 personas; pero el fenómeno es extensivo a los demás municipios de la región enclavada entre Guerrero y Michoacán, donde los negocios ya no tienen afluencia y hay un daño creciente a causa de la inseguridad.

Juanchi Quiñónez añadió que por efecto de la misma crisis el desempleo se ha incrementado y hay éxodos de ciudadanos, aunque se ignora en qué proporción.

Sin policía

La misma situación impera en Tubutama, municipio fronterizo ubicado al noroeste de Sonora, donde al menos 400 de sus 900 habitantes abandonaron sus hogares en lo que va del año, y ya no queda ningún policía, pues de los 10 que había ocho se dieron de baja, uno falleció el mes pasado y el último fue asesinado, según relató el secretario del ayuntamiento, Jaime Rodríguez Morales.

Julio Adrián Paz Robles, de 34 años, era el comandante interino y único policía municipal, pero fue asesinado el pasado domingo en pleno centro de Hermosillo junto a un joven de 14 años, expresó.

Pero en Tubutama tampoco hay alcalde, pues el panista Santos Castañeda Barceló convalece de las lesiones que se causó al caer del caballo, mientras el éxodo de habitantes continúa por el terror que siembran diversos grupos delictivos en su disputa por controlar el trasiego de drogas e indocumentados hacia Estados Unidos.

Aunque Rodríguez Morales atribuye la disminución poblacional especialmente al desempleo, hay vacantes que nadie quiere ocupar, y menos las de policías, pese a que la cabecera municipal está en aparente calma. Sin embargo, en las brechas, caminos y carreteras y comunidades aledañas hay constantes operativos militares y policiales.

El secretario espera que se solicite al gobernador Guillermo Padrés Elías la solución al problema de la inseguridad, que en junio de 2010 incluyó entre sus víctimas a dos funcionarios municipales, uno de ellos dirigente del PAN.

Otro caso es el de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde el catastro municipal hizo una revisión y encontró más de 25 mil terrenos y casas deshabitados; la mayoría de los ocupantes emigró a Estados Unidos.

La exigencia de centenares se enmarca en la semana internacional del detenido

Marchas por la presentación con vida de 6 desaparecidos en Oaxaca y Morelos

En el estado de Chiapas organizaciones hicieron bloqueos intermitentes de carreteras

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Manifestantes recorren la avenida Juárez rumbo a la Secretaría de Gobernación, en demanda de la presentación de seis desaparecidos desde 2007, en los estados de Oaxaca y MorelosFoto Jesús Villaseca

Víctor Ballinas y Helio Enríquez
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 31 de mayo de 2011, p. 17

Más de un centenar de personas marcharon ayer del Hemiciclo a Juárez –en la Alameda Central– a la Secretaría de Gobernación, para exigir la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruiz y las hermanas Daniela y Virginia Ortiz, todos ellos desaparecidos en Oaxaca hace cuatro años, y Lauro Juárez, desaparecido en Morelos, también en 2007.

La movilización fue convocada por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta encontrarlos, y participaron organizaciones, una de ellas fueron la de los triques, que se enmarcó en la semana internacional del detenido desaparecido.

A las once de la mañana partió la marcha hacia Gobernación. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Presentación inmediata de nuestros compañeros, y de todos los desaparecidos del país!, eran las consignas.

A su paso por la avenida Juárez corearon: ¡Ahora, ahora, se hace indispensable la presentación con vida de los desaparecidos!, Desaparecidos, presentación.

El contingente de los indígenas triquis demandó la presentación con vida de las niñas Daniela y Virginia Ortíz Ramírez, desaparecidas en Oaxaca desde 2007. Exigió respeto a los derechos humanos en esa entidad.

Nadín Reyes, del comité Hasta encontrarlos, encabezó la marcha con la exigencia de presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, Lauro Juárez y Francisco Paredes Ruiz.

La marcha siguió por Bucareli hasta la calle de Morelos, donde tuvo que dar vuelta por el plantón de los antorchistas; siguió por Enrico Martínez hasta llegar casi frente al Reloj Chino. Ahí se detuvo, por las vallas metálicas que le impidieron seguir.

Aquí destacaron que en el gobierno de Felipe Calderón van más de 4 mil personas desaparecidas y 40 mil muertos en el combate al crimen organizado.

Las organizaciones resaltaron que no va a haber cansancio para exigir que nos entreguen a nuestros compañeros y a todos los desaparecidos. Demandaron que se legisle sobre el delito de desaparición forzada, tanto federal como en los estados.

“Es necesario –apuntaron– que se apruebe una ley que enjuicie y castigue la comisión del delito de detención desaparición forzada por motivos sociales, delito que no prescribe.”

Por otra parte, en Chiapas, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) realizaron marchas y bloqueos carreteros intermitentes en cinco regiones del estado para exigir la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos hace cuatro años en Oaxaca.

Dirigentes de la agrupación, que pidieron el anonimato, informaron que en el norteño municipio de Tila unos 300 integrantes del FNLS efectuaron una marcha y un mitin; en el crucero Cuxuljá, entre Ocosingo y Altamirano, unos 200 indígenas y campesinos bloquearon la carretera de manera intermitente para repartir propaganda.

Añadieron que en la carretera Panamericana, cerca de la ciudad de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, alrededor de 150 miembros de la organización realizaron un semibloqueo para repartir propaganda; en Villacomaltitlán, en la costa del estado, unos150 campesinos participaron en una marcha, en tanto que en Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala, 250 personas realizaron en bloqueo intermitente en la vía que comunica a la zona.

Señalaron que además de exigir la presentación con vida de los luchadores sociales mencionados, las acciones, que se efectuaron entre las 7 y las 14 horas sin que se hayan reportado incidentes, fueron para demandar la promulgación de una ley que investigue y castigue la desaparición forzada.

En sólo cinco años, 65 homicidios contra informadores

Periodistas recuerdan a Manuel Buendía, asesinado hace 27 años

Rubén Villalpando, Juan Carlos Partida y Matilde Pérez
Corresponsales y reportera
Periódico La Jornada
Martes 31 de mayo de 2011, p. 17

Periodistas, comunicadores y estudiantes de diversas ciudades en el país conmemoraron el aniversario luctuoso de Manuel Buendía, asesinado hace 27 años; se exigió respeto a la libertad de expresión y se lanzó el reclamo al gobierno federal por el asesinato de 65 periodistas y nueve desapariciones, sólo en los últimos cinco años.

En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, miembros de la Asociación de Periodistas recordaron a los 18 comunicadores asesinados en la localidad de 2000 a la fecha, así como a los comunicadores exiliados y a uno desaparecido en el estado.

Sin embargo, casi a la misma hora, policías municipales detuvieron a Pablo Hernández Batista e Ismael Villagómez, reporteros del periódico regional Norte, y Luis Escalera, corresponsal del canal 26 de Univisión, de El Paso, Texas, quienes cubrían un operativo policiaco sobre vigilancia y reordenamiento de la actividad comercial en la zona centro de Juárez.

Los reporteros fueron empujados, esposados y despojados de equipo fotográfico y de sus teléfonos celulares.

En la conmemoración en la ciudad de México, la frase No entiendo un periodismo sin ideales, del periodista Buendía, sustituyó la de un discurso del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz que estaba inscrita en el monumento a Francisco Zarco.

A petición de la Fundación Manuel Buendía, el gobierno capitalino aceptó hacer el cambio, con lo que se recupera el sentido de dicho espacio público, dedicado a los periodistas y a la libertad de expresión.

El texto completo de Buendía dice: No entiendo un periodismo sin ideales. Ni el reporterismo, ni la entrevista, ni el reportaje, ni el artículo, ni la crónica, ni el editorial, ni mucho menos géneros de tan comprometido ejercicio como la columna, pueden llevarse a cabo sin un ideal, ¿cuál es ese ideal? Servir a nuestro país con los recursos del periodismo.

Durante el acto, convocado por el Frente Nacional de Periodistas, se recordó que de 2005 a la fecha han sido asesinados 68 periodistas y desaparecido nueve. Se reclamó al gobierno de Felipe Calderón por no entender que un reportero se asume como los oídos y ojos de la sociedad y que hacer uso discrecional de los recursos económicos, suspender o condicionar la publicidad a los medios independientes y críticos hasta asfixiarlos es una forma de asesinar el periodismo.

Judith Calderón Gómez, presidenta del Frente Nacional de Periodistas y secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada, invitó al gremio periodístico a pugnar por que se respete al periodismo y a quienes lo ejercen.

30 may 2011

También tienen responsabilidad la PGR, la SCJN y la CNDH por omisión, añaden

Juicio ciudadano declara culpables a la Presidencia y al IMSS por el caso ABC

Seguimos reclamando justicia porque a casi dos años de las muertes las autoridades no responden

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Los integrantes del jurado ciudadano muestran su veredicto luego de escuchar los argumentos de las partes en el juicio popular realizado a las autoridades por la muerte de 49 niños en la guardería ABCFoto María Meléndrez Parada

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Lunes 30 de mayo de 2011, p. 14

A una semana de que se cumpla el segundo aniversario del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños y 75 resultaron lesionados, padres de las víctimas, organizaciones civiles, juristas y activistas por la defensa de los derechos humanos realizaron en el Zócalo de la ciudad de México un juicio ciudadano al Estado mexicano. En el acto se recreó un juicio oral, en el que Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, quien fungió como juez, luego de escuchar las resoluciones del jurado y de los testigos de calidad, declaró responsabilidad de Estado a la Presidencia de la República, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Álvarez Icaza declaró responsable al Poder Judicial de la Federación, en caso concreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas e imponer el peligrosísimo criterio de que los niños y niñas no son sujetos de derechos, así como desatender de manera grave el principio del interés superior de la infancia.

Si la muerte de 49 niños y la lesión de 104 más no es suficiente para que la SCJN considere responsabilidades y actúe en consecuencia, cabe preguntarse ¿qué tendrá que pasar para que lo haga?

De igual forma, añadió, el Poder Legislativo es culpable por la omisión de legislar para proteger los derechos de niños y niñas, y en particular la Cámara de Diputados, por la falta de asignación presupuestaria para garantizar el ejercicio de los derechos de la primera infancia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también es culpable, sentenció Álvarez Icaza, por la negligencia y desatención a las víctimas, por no ejercer sus atribuciones para defenderlos y protegerlos, y por no exigir el cumplimiento de la recomendación que emitió sobre el caso de la guardería ABC 49/2009.

En su papel de juez, Álvarez Icaza condenó al Estado mexicano a modificar el esquema de subrogación de guarderías del IMSS por su clara contravención a los derechos humanos de los niños y niñas, así como de cualquier otro modelo de cuidado infantil que sea contrario a la Constitución y los tratados internacionales.

Condenó también al Estado mexicano a acatar, atender e implementar de inmediato las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño en lo que se refiere a servicios de privatización, así como en lo relativo a la garantía de los derechos durante la primera infancia.

Álvarez Icaza destacó que es indispensable remarcar la responsabilidad ética ineludible de Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, y de Daniel Karam, actual titular de ese instituto, con independencia de otro tipo de responsabilidades a las que haya lugar. Condenó a los funcionarios a presentar una auténtica disculpa pública a los niños, niñas, padres, madres, familiares y comunidad entera que se vieron afectados en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

Y también condenó a cada funcionario referido a 153 meses de trabajo comunitario, equivalente a 12 años con nueve meses. Esto es, un mes por cada niño o niña que perdió la vida o resultó lesionado, y por la gravedad de los hechos, quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y/o de representación de los tres niveles de gobierno por un periodo de 20 años.

Mónica González Contró, abogada del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó: estamos aquí porque a casi dos años de la tragedia las autoridades no han podido dar respuesta al reclamo de justicia. Señaló que el Ejecutivo “es responsable en su doble calidad de jefe del Estado mexicano y jefe de los titulares del IMSS y de la PGR. La subrogación de las guarderías contraviene la obligación del Estado, privatizan el servicio.

El jurista Daniel Márquez, quien fungió como defensor, manifestó que no tenía la certeza de que se pueda enjuiciar al Estado mexicano por este hecho; sin embargo, sí hay responsabilidades de funcionarios públicos federales y del gobierno de Sonora. La subrogación de guarderías no tiene sustento constitucional y sólo 14 de mil 480 guarderías cumplen los requisitos legales.

El jurado estuvo integrado por 11 personas, entre ellos Elena Azaola, Lorenzo Córdova, Nasheli Ramírez, Édgar Cortez y Carlos Cruz.

Los testigos de calidad también fueron 11 personas, entre ellos: Sabina Berman, Javier Sicilia, Miguel Carbonell, Eduardo Gallo, Bruno Bichir y Pietro Ameglio.

Detecta la ASF irregularidades en el rescate de empresas financieras de vivienda

Quebranto de al menos mil 637 millones de pesos en la Sociedad Hipotecaria Federal
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Lunes 30 de mayo de 2011, p. 10

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un quebranto al erario en 2009 por al menos mil 637 millones 863 mil 500 pesos, 58 por ciento del monto total asignado a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) para proveer de liquidez al mercado de la vivienda en el país.

Las irregularidades en que incurrió la SHF –fiduciaria del Fondo de la Vivienda (Fovi) al que apuntaló con 800 millones de pesos en 2009– fueron a consecuencia del rescate financiero de las sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) y de objeto múltiple (Sofomes), entre ellas Metrofinanciera y Su Casita. Esta última, de la esposa del director general de la SHF, Javier Gavito Mohar, según se consigna en la denuncia que el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD) interpuso desde 2010 ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En la última auditoría de la ASF sobre este caso (la 09-3-06HC-02-0476) se consigna que HSF y Fovi incurrieron en irregularidades al otorgar a Metrofinanciera una línea de crédito por 727 millones 863 mil 500 pesos, a pesar de los problemas financieros que presentaba, y a que en 2008 reportaba la siguiente situación:

Una pérdida de 2 mil 326 millones 557 mil pesos; la cartera vencida de la Sofom al cierre de 2008 ascendió a 2 mil 182 millones 91 mil pesos, con un incremento de mil 624 millones 612 mil pesos, es decir, de 391.4 por ciento, respecto de diciembre de 2007.

También existía incumplimiento del pago de capital e intereses de emisiones de papel quirografario de Metrofinanciera, por un monto de mil 776 millones de pesos, motivo por el cual Standard & Poor’s le bajó la calificación de riesgo crediticio de malo y dudosa capacidad a muy malo a lo peor.

Respecto a Su Casita, ésta entró en disolución anticipada al cierre del ejercicio (2009, la más reciente auditoría de la ASF), con lo cual Fovi recibió en dación en pago cartera para administrarla mediante un fideicomiso.

A esa Sofol se le dio un crédito por 910 millones de pesos, aunque presentaba deterioro de su cartera, pues el fondo que garantizaba los créditos otorgados por Fovi perdía valor en razón de 23.4 por ciento; en febrero de 2009 tenía falta de liquidez y en abril de ese año, al no serle renovado el vencimiento de papel comercial, incumplió en su pago.

Para marzo de 2009, la cartera total ascendía a 11 mil 891 millones de pesos, de los cuales 23.4 por ciento estaba vencida, muy superior al indicador de 6.1 por ciento del sector.

Asimismo, en contra de las disposiciones del Manual de Crédito y Garantía de Pago Oportuno de SHF, el comité técnico de Fovi otorgó los recursos descritos, más las cantidades necesarias para cubrir gastos que se requerían para la constitución, transmisión y administración del fideicomiso al cual se transferirían los recursos. El dinero se entregó mediante un contrato celebrado entre el Deutsche Bank México y Su Casita.

Aún más: se constató que en los créditos otorgados a Banco Invex y Deutsche Bank México no se cumplió con los requisitos establecidos en la normativa, pues carecen del registro de inscripción de la entidad financiera ante el Fovi, identificaciones oficiales de los apoderados, estados financieros internos y auditados, análisis crediticios trimestral y anual y reportes del Buró de Crédito.

Incluso en los documentos de aprobación de los créditos, donde se aduce como finalidad el rescate, se carece de la firma de la subdirección de análisis crediticio y originación de crédito, y de la calificación de los créditos que asigna la dirección de análisis y monitoreo colateral de la SHF.

Ante el cúmulo de irregularidades (aquí se describen sólo algunas), la ASF ordenó realizar las investigaciones respectivas e iniciar los procedimientos administrativos contra quienes resulten responsables.

José Humbertus, dirigente y representante legal del FMDVD, desde 2010 advirtió de las irregularidades en SHF y de una serie de fraudes de las Sofoles, en contubernio con Urbi Desarrollos Urbanos, Ara, Geo, Sadasi Homex, Promotora de Viviendas Integrales y otras constructoras, en perjuicio de unas 500 mil familias.

Recordó que en 2010 la FMDVD interpuso una denuncia ante la SFP contra Gavito Mohar; el director general adjunto jurídico y fiduciario de la SHF, Luis Ignacio Torcida Amero, y otros, por la venta de créditos hipotecarios a medio millón de familias del estado de México, con valor superior a 50 por ciento del costo real del mercado, además de que no existían las viviendas cuando las vendieron las constructoras referidas, ni los servicios urbanos.

Pese a ello, hasta ahora la SFP no ha concluido las indagatorias, mientras que la ASF ya determinó que dichas sociedades financieras fueron rescatadas con recursos del erario.

Wikileaks en La Jornada

Estados Unidos no cree al PRI que busca reinventarse

La elección de Beltrones “en lo oscurito” desmiente la afirmación

Al partido le falta introspección, considera la embajada

Arturo Cano
Periódico La Jornada
Lunes 30 de mayo de 2011, p. 2

La elección de Manlio Fabio Beltrones como coordinador de los senadores priístas en 2006 fue, para Estados Unidos, la mejor prueba de que la afirmación de que el PRI busca reinventarse a sí mismo era nada más una mentira.

Una vez consumada la elección de 2006, el 19 de julio de ese año, Manlio Fabio Beltrones se reúne con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México (según el cable 06MEXICO4100, fechado el 25 de julio de 2006).

Ese mismo día, Felipe Calderón es increpado por simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador al salir de un acto en el centro de la ciudad de México.

En medio de esa crispación, los diplomáticos quieren saber cuál será la actitud del tricolor frente al conflicto y reseñan así la respuesta del sonorense: Beltrones dice que el PRI no está de acuerdo con la estrategia poselectoral de López Obrador para impugnar los resultados y que el partido apoyará cualquier decisión dictada por el Tribunal Electoral (TEPJF).

El cable recoge las quejas del priísta sobre la intervención del presidente Vicente Fox en la campaña electoral, aunque también anota: “A pesar de su rencor contra el PAN, Beltrones dejó en claro que el PRI ‘no iba a jugar el juego del PRD’ y que no ofrecerá ningún apoyo a la impugnación (perredista) del proceso electoral”.

Además de que no cuenta con evidencias de fraude electoral, dice Beltrones, su partido no presentará impugnaciones, porque éstas podrían dar credibilidad o apoyo adicional a las del PRD.

De cara a la crisis poselectoral, Beltrones afirma que sería muy peligroso que el TEPJF no ordenara por lo menos un recuento parcial de los votos, ya que hacerlo de otra manera sería convencer a los partidarios de AMLO de que todo el proceso había sido manipulado en contra de su candidato. Dijo que lo más prudente sería que el TEPJF ordenara un recuento de aproximadamente 50 mil recintos específicamente impugnados por el PRD.

Perdona, pero no olvides

Tal es el subtítulo de la sección en la cual la embajada reseña el balance poselectoral de Beltrones, quien acusa a Fox de interferir en las campañas y de usar recursos públicos para apoyar a Felipe Calderón.

Afirma, por ejemplo, que no tiene ninguna duda de que el gobierno de Fox fue responsable de la filtración de información incriminatoria sobre el aparente enriquecimiento ilícito del ex gobernador del estado de México Arturo Montiel. Lo mismo ocurrió con las conversaciones telefónicas del poblano Mario Marín. Los escándalos posteriores, agrega, dañaron gravemente la credibilidad de Madrazo, sobre todo en aquellos estados muy poblados.

En el cable, uno de los proporcionados a este diario por Wikileaks, Beltrones también culpa al gobierno de Fox de filtrar a la prensa el rumor de que el candidato del PRI a gobernador de Jalisco, Arturo Zamora, estaba bajo sospecha de la DEA por presuntos vínculos con traficantes de drogas.

Aunque para Beltrones el tema electoral parece capítulo cerrado, los estadunidenses no le creen: “Él repitió, con falta de sinceridad, que si bien el PRI no guardaba rencor hacia el PAN, no podía olvidar que había sido ‘perjudicado’ por el gobierno de Fox durante la campaña”.

A pesar de que marca su distancia con la ruta postelectoral de López Obrador, Beltrones comparte un punto con quienes entonces se disponían a instalar un plantón en el Paseo de la Reforma: los consejeros del Instituto Federal Electoral hicieron siempre un trabajo mediocre en las elecciones y su desempeño posterior a los comicios fue errático. El ya electo coordinador de los senadores priístas adelanta que si los consejeros se resisten a renunciar, su partido apoyará su destitución, planteada por el PRD, en la siguiente legislatura.

El redactor del cable critica los argumentos poco convincentes de Beltrones y el uso de un estribillo frecuente de los tricolores desde su histórica derrota de 2000: Dijo que el PRI había aprendido una lección de la paliza electoral de este año y que se haría más fuerte por ello. El Revolucionario Institucional, comenta Beltrones a la embajada, tratará de posicionarse como una fuerza de centro, haciendo hincapié en el crecimiento económico y la igualdad, a la manera de un partido de la socialdemocracia europea. Si el PRI consigue rehacer su imagen, afirma un optimista Beltrones, doblará su fracción legislativa en los comicios de 2009. (De 2006 a 2009, el partido pasó de 121 a 237 diputados).

El informe es clasificado confidencial por Alan Meltzer y firmado por la ministra consejera Leslie Bassett (según una fuente de este diario, que cuenta con fuertes vínculos con la diplomacia estadunidense, la más antilopezobradorista de los funcionarios de la embajada de EU en México).

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Manlio Fabio BeltronesFoto Marco Peláez/archivo
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Andrés Manuel López ObradorFoto Cristina Rodríguez/archivo
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Felipe Calderón HinojosaFoto Yazmín Ortega Cortés/archivo

El PRI no quiere aparecer como cómplice del PAN

En 2006, los funcionarios políticos de la embajada quieren saber si los priístas consideran factible un gobierno PRI-PAN y Beltrones les responde que los comentarios de campaña de Calderón sobre una coalición o gobierno de unidad nacional fueron insinceros. Beltrones expresa dudas de que Calderón, en caso de ser confirmado por el TEPJF, estaría dispuesto a ofrecer al PRI puestos importantes o concesiones a cambio de apoyo.

El PRI podría considerar seriamente una oferta, dice Beltrones, si Calderón ofrece posiciones como la Secretaría de Desarrollo Social y la Auditoría Superior de la Federación, que permitan garantizar que los programas del gobierno mexicano no sean utilizados con fines políticos.

Pero la ve difícil: “(Beltrones) dijo que, dado el clima poselectoral, altamente polarizado, espera que los partidarios de AMLO sean críticos de Calderón durante su sexenio y que el PRI no quiere ser visto como ‘cómplice’ de una administración ‘desacreditada’ mientras recibe poco a cambio”.

Beltrones asegura que el Revolucionario Institucional rechaza una coalición en condiciones desfavorables, pero está dispuesto a cooperar con el PAN en una serie de leyes, en particular las reformas estructurales que el propio PRI había propuesto en la legislatura saliente.

El peinado de Beltrones

En los cables sobre temas partidistas no suelen presentarse descripciones tan detalladas de los personajes como la que sí se redactó sobre el ex gobernador de Sonora, quien al parecer cautiva a sus interlocutores. Aquí su descripción: Extremadamente afable e impecablemente peinado y arreglado, Beltrones exuda confianza en sí mismo. Suele hablar deliberadamente de modo intenso y en tono de voz bajo, intercalando en la conversación frecuentes pausas elocuentes y haciendo contacto directo y prolongado con los ojos de sus interlocutores.

Para completar el retrato del personaje se dice que a menudo aparece con un séquito de ayudantes y que tiene la reputación de ser un implacable operador político que florece y prospera en la política de puertas cerradas.

Otra muestra del interés particular de la embajada en el político norteño es que presenta su perfil biográfico (en otros casos y en los cables disponibles sólo ocurre algo similar cuando se trata de movimientos en el gabinete presidencial).

Los detalles de la extensa trayectoria de Beltrones son aderezados con los rumores de prensa de tener vínculos con el narcotráfico. En realidad se refieren a notas cuya información “él negó en una carta al editor del New York Times el 5 de abril 1997” (publicarla, dicen los beltronistas, fue una suerte de aceptación tácita de que la información, filtrada por la DEA, era falsa). En esa misma línea el cable recoge informes de la prensa mexicana que lo vinculan con lavado de dinero y que él ha negado.

La literaria descripción de la embajada parece más el embeleso frente a un dinosaurio del PRI que un acto de simpatía. Así, a la hora del comentario final, la embajada juzga desde el subtítulo: ¿Regreso al futuro para el PRI? (“Back to the future for the PRI?”)

Primero, los elogios finales: “Emerger de la debacle de Madrazo con el suficiente prestigio intacto como para ganar sin oposición la coordinación del PRI en el Senado da testimonio de las habilidades políticas de Beltrones… Habida cuenta de estas habilidades, podemos esperar que sea un líder legislativo eficaz para el PRI, que logrará sacar al PAN el precio más alto posible por el apoyo de los senadores priístas”.

Y luego la luz amarilla frente a quien consideran un priísta de los de antaño: “No obstante, se requerirán más que habilidades para llegar a acuerdos políticos para restaurar la credibilidad del PRI entre los electores mexicanos. De hecho, la elección de este operador ‘en lo oscurito’ a una posición tan prominente desmiente la afirmación de que el partido busca reinventarse a sí mismo. En este punto, lo que el PRI realmente necesita es un periodo de introspección genuina y, con Beltrones atribuyendo casi toda la culpa por la derrota al gobierno de Fox, la introspección tal vez sea una habilidad que le falta”.

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El gobierno prefiere un régimen semiautoritario en la isla cuando muera Fidel: PGR

México y EU tienen plan contra migración masiva de cubanos

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La Habana Vieja durante la Feria Internacional de Turismo, el pasado 7 de mayoFoto Marco Peláez
Arturo Cano
Periódico La Jornada
Lunes 30 de mayo de 2011, p. 3

Cuando se trata de Cuba, Michael Chertoff obtiene lo que quiere, y más. El gobierno mexicano –estamos a principios de 2007, en el arranque de la administración de Felipe Calderón– le informa que sí cuenta con un plan ante la posible migración masiva de cubanos tras la muerte de Fidel Castro.

El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, va más allá cuando dice a Chertoff que, tras la muerte de Fidel Castro, el gobierno panista preferiría en Cuba un régimen semiautoritario, pues de otro modo se nos viene encima –al hemisferio entero– una bomba parecida a la mafia rusa.

El embajador Anthony Garza reseña así las palabras del procurador mexicano: “Medina Mora advirtió de los peligros de desestabilización de un rápido colapso del régimen posCastro en Cuba y afirmó que un régimen ‘semiautoritario’, que evolucionara hacia la democracia, sería mejor para la estabilidad en la región. Dijo que los elementos desplazados del régimen cubano, en particular de las fuerzas armadas, podrían suponer una amenaza de delincuencia organizada en el hemisferio, parecida a la mafia rusa en Europa” (cable 07MEXICO983).

El despacho reseña las reuniones de Chertoff con Medina Mora, entonces procurador general, y con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública.

En ese viaje de febrero de 2007 Chertoff se reúne también con Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación (cable 07MEXICO965). A pregunta expresa de la parte estadunidense, Ramírez dice que México sí cuenta con un programa para enfrentar la posible migración masiva de cubanos tras la muerte de Fidel Casto.

En la reunión bilateral para temas de seguridad, Chertoff ofrece la colaboración de la Guardia Costera con la Secretaría de Marina frente a la eventualidad de una fuga masiva de cubanos.

En la misma reunión, el secretario de Gobernación dice que el gobierno de Calderón comparte la preocupación de Estados Unidos sobre la influencia del presidente Hugo Chávez en la región y en México. Poco antes, Chertoff ha externado la preocupación estadunidense por las alianzas de Chávez con poderes peligrosos y solicita a México que imponga visa a los ciudadanos venezolanos que visiten territorio nacional.

Anthony Garza reseña para el Departamento de Estado: Ramírez Acuña planteó la cuestión de las condiciones en Cuba y Venezuela e hizo notar la incertidumbre en la región ante el advenimiento de la muerte de Fidel Castro haciendo hincapié en las preocupaciones de México sobre una posible migración masiva. Estados Unidos y México necesitan compartir enfoques ante ese problema potencial. El secretario Chertoff le preguntó si la Armada de México (Semar) había elaborado un plan para hacer frente a una migración masiva. Ramírez Acuña dijo que sí existe. Chertoff ofreció poner al Servicio de Guardacostas en contacto con la Semar para garantizar una planificación coordinada de la contingencia.

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Michael Chertoff, ex secretario de Seguridad Interna, en una rueda de prensa el 16 de febrero de 2007Foto Francisco Olvera

Acto seguido, Chertoff pregunta sobre las intenciones de Venezuela tras la muerte de Castro. Es cuando afirma que Chávez parece estar en busca de amigos entre los poderes más peligrosos del mundo.

El ex gobernador de Jalisco asegura que la administración de Felipe Calderón comparte la preocupación del gobierno de Estados Unidos respecto de Chávez, y hace un seguimiento cuidadoso de su alcance dentro de la región, así como dentro de México.

Chertoff se congratula, dada la preocupación estadunidense respecto de Venezuela, país que no sólo ha demostrado ser hostil a los intereses comunes de EU y México, sino también es descuidado a la hora de emitir documentos de viaje a sus ciudadanos y a aquellos que dicen ser venezolanos.

De ahí que Chertoff –rudo enemigo de los migrantes, aunque tuvo trabajadores sin documentos limpiando su casa– pide a México considerar la posibilidad de exigir visa a los venezolanos. Guillermo Valdés, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, le responde que el país ya actúa con la debida diligencia respecto de los viajeros venezolanos.

En su discurso público de bienvenida, el 16 de febrero de 2007, Ramírez Acuña dijo que en un mundo globalizado, cada vez más con las mayores problemáticas que tenemos que enfrentar los países, éstas deben ser resueltas de manera conjunta y coordinada, y con apego estricto a nuestra soberanía. Más aún cuando se comparte una de las fronteras más complejas, intensas y dinámicas del mundo.

Esas fronteras, ya se ve, se extienden a Cuba y Venezuela.

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México pone los muertos y EU las armas

Afp
Periódico La Jornada
Lunes 30 de mayo de 2011, p. 13

El canciller argentino, Héctor Timerman, durante la visita a México de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se solidarizó con el gobierno del presidente Felipe Calderón y su lucha contra el crimen organizado, un problema que, consideró, afecta a toda América Latina y en el que tiene más responsabilidad Estados Unidos, pues es donde está la demanda de drogas.

“México es más víctima que responsable de la tragedia que es la lucha contra el narco, porque ya sabemos de dónde vienen las armas y quién consume las drogas; lo que pone México es la muerte”, dijo.

Con mejor pago por litro, habría más lácteo y se requerirían menos apoyos oficiales, señalan


¿Por qué gobierno e industriales quieren aniquilarnos?, dicen productores de leche

Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Lunes 30 de mayo de 2011, p. 20

Por tradición familiar y por ser médico veterinario, Víctor Martínez conoce a profundidad la producción de leche en Querétaro. Es integrante de la cuarta generación que se dedica a ordeñar vacas, pero hace dos años tuvo que vender sus 200 reses para afrontar los problemas de cartera vencida. Actualmente sólo tiene 70 animales, todos los días –dice– valora junto con su familia continuar con dicha actividad.

En Jalisco, Ladislao Pérez, también tuvo que vender 70 cabezas de las 120 que integraban su hato para continuar con la producción de leche y carne, actividad heredada desde sus bisabuelos. Hace algunos días, menciona, tuvo que sacrificar una vaca para dar de comer a su familia.

Los altos precios de los granos, energéticos y otros insumos para mantener su actividad productiva han estrechado más su economía, pues requiere al menos 6 mil pesos mensuales para sobrevivir y no los obtengo.

Al igual que estos dos pequeños productores, cientos de ganaderos lecheros han sacrificado algunas vacas para que –como ellos explican– las otras puedan seguir comiendo. Al igual que Ladislao Pérez, se preguntan ¿por qué el gobierno y los industriales quieren aniquilarnos? ¿Por qué se niegan a pagar 5.80 pesos por litro por este alimento producido en el país, sano, higiénico y de alta calidad?

A Ladislao se le oye triste cuando dice que el oficio –de ordeñar vacas– es muy noble, pero siempre ando sin dinero, vivo con muchas limitaciones. Vía telefónica, comenta que sus vecinos, también pequeños ganaderos, se han visto obligados a vender parte de su ganado, camionetas, tractores y porciones de sus tierras para continuar.

Apunta que una vaca les cuesta 12 mil pesos; en el rastro por ese animal reciben no más de 7 mil 200. Varios nos hemos visto obligados a sacrificar varias cabezas de ganado. No sabría qué hacer si tuviera que dejar de producir leche y por eso tengo esperanzas de que el gobierno e industriales respondan positivamente a la demanda de incremento del precio, tantos años de lucha no pueden tirarse ni perderse.

Víctor Martínez considera que si los industriales reconocieran la actividad de los ganaderos con un mejor pago por litro de leche, se elevaría la producción, generarían más empleos y no se requerirían tantos apoyos gubernamentales.

Pero los precios bajos siguen minando a los pequeños y medianos productores. En Querétaro reciben 3 pesos por litro, el año pasado les pagaron 4.80 pesos. Somos muy trabajadores, hemos logrado abatir costos de mano de obra, cubrir las exigencias sanitarias; ahora que los precios de los granos subieron, es cuando nos pagan menos por litro, apunta.

Desde hace tres años, pequeños y medianos productores del Frente Nacional de Productores de Leche, Confederación Nacional Ganadera y de la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros pugnan por un pago justo. Han efectuado marchas desde sus lugares de origen hacia la ciudad de México; derramado de cientos de miles de litros del alimento; llevado a cabo plantones fuera de los centros de recepción de leche de algunas de las principales industrias; se han reunido con legisladores, directivos de Liconsa y de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y siguen –como ellos describen– con la guillotina en el cuello.

Álvaro González Muñoz expuso que en 2008, los productores dijeron que sacrificarían 10 mil cabezas. Este año, en la mesa del titular de Sagarpa está la propuesta se retirar 500 mil vacas para lograr la rentabilidad que exige el mercado y esperan que Liconsa haga un esfuerzo para procesar más de 100 mil litros diarios de leche para, ya pasteurizada y envasada, venderla a precios 15 por ciento por debajo de los establecidos por empresas como Lala, Nestlé y Alpura, entre otras.

De acuerdo con la Sagarpa, la producción de leche el año pasado fue de 10 mil 700 millones de litros anuales, con los que se cubre 73 por ciento de la demanda nacional. Los productores han insistido en que en cinco años, el país podría lograr la autosuficiencia en la oferta del lácteo, si tienen los precios adecuados. Actualmente, los ganaderos producen de 30 millones de litros diarios.

28 may 2011

EN DEFENSA DE LOS DERECHO LABORALES APOYEMOS EL LUNES 23 ...



DEFENDAMOS LOS DERECHOS LABORALES APOYENOS A IRMA CONTRERAS YÀÑEZ:

Sin causa justificada, las autoridades de Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal pretenden despojar de su trabajo a la compañera Irma Contreras Yàñez, como culminación de una serie de actos de hostigamiento laboral, iniciados después de sufrir acoso sexual por parte del Josè Cruz Estrada, magistrado de la Tercera Sala Familiar de la Instituciòn en menciòn.


Las autoridades de dicho tribunal pretenden impedir que la compañera Irma Contreras Yánez, registre su asistencia y continúe desarrollando sus labores en la Tercera Sala Familiar, con el fin de simular que ella abandonó su empleo y así burlar los derechos laborales de la compañera, quien ha laborado para el Tribunal desde hace cinco años.

Por lo anterior, una comisión de trabajadores se presentará el lunes 23 de mayo del año en curso a las 8:30 en las instalaciones de la Tercera Sala Familiar, ponencia 2, ubicada en AV. JUAREZ NÙMERO 8, COLONIA CENTRO, DELEGACIÒN CUAUHTÈMOC, ENFRENTE DEL BELLAS ARTES, para exigir que sean respetados los derechos de la compañera, quien de acuerdo con la Ley, tiene derecho a la definitividad (base) en su trabajo.

¡Basta de arbitrariedades y de abuso de poder!

Los trabajadores organizados podremos tener la fuerza para hacer respetar nuestros derechos laborales.

GRACIAS POR LA SOLIDARIDAD Y DIFUSIÒN.

Contacto: ipcy1@hotmail.com

irma_coyi@msn.com


Ingresa Esiquio Martínez al Reclusorio Norte

Corrupción en el Poder Judicial

Acumula secretario de juzgado más de $432 millones en siete años

En tan sólo una transacción recibió 50 mdp, revela la PGR

Laboró con el juez del caso El Encino, ligado a López Obrador

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Los integrantes del Consejo de la Judicatura, Jorge Efraín Moreno y Daniel Francisco Cabeza de Vaca, durante la conferencia de prensa en la que afirmaron que el caso de Esiquio Martínez Hernández es una situación aisladaFoto Guillermo Sologuren

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 2

La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de Esiquio Martínez Hernández, secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa con sede en la ciudad de México, al detectar movimientos financieros en una sola de sus cuentas bancarias por 432 millones 536 mil 378 pesos, y en la cual se llegaron a recibir hasta 50 millones de pesos en efectivo en una sola transacción.

Martínez Fernández quedó a disposición del juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en la ciudad de México y podría ser hasta el lunes cuando se le decrete auto de libertad o formal prisión. En tanto permanecerá preso en el Reclusorio Norte.

El caso fue revelado por Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y Jorge Efraín Moreno Collado, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que afirmaron durante una conferencia de prensa que se trata de un asunto aislado e indignante que mancha el buen nombre de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), y el prestigio ganado.

Las operaciones millonarias que se realizaban en las cuentas de Martínez Hernández, quien tenía su oficina en el bulevar Adolfo López Mateos (Periférico Sur) 1950, en la colonia Tlacopac, delegación Álvaro Obregón, fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien a su vez advirtió del asunto al Consejo de la Judicatura Federal.

De esa manera, el 28 de enero de este año el órgano del PJF presentó una denuncia de hechos ante la PGR al detectarse que en años recientes (de 2003 a 2010) obtuvo y registró ingresos y egresos superiores a sus percepciones como servidor público.

En el lapso antes mencionado, Esiquio Hernández ganó oficialmente 5 millones 444 mil 814 pesos, luego de los descuentos de ley, y eso declaró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la hora de presentar sus declaraciones patrimoniales. Al mes obtenía como salario 45 mil pesos en promedio.

Sin embargo, las autoridades elaboraron un dictamen contable de sus cuentas bancarias y en una de ellas registró movimientos por 432 millones 536 mil 378 pesos con 57 centavos.

De acuerdo con información obtenida en el Poder Judicial, los peritajes realizados por Hacienda y el Ministerio Público Federal detectaron que especialmente en los últimos seis meses de 2010, el secretario de acuerdos del juez Álvaro Tovilla León realizaba al menos tres movimientos financieros al día. Sacaba de una cuenta, movía los recursos de sus inversiones, contrataba nuevos plazos enviaba dinero a otras cuentas y luego le depositaban en efectivo cantidades que superaban los 10 millones de pesos.

Los depósitos a las cuentas del funcionario judicial no sólo se realizaron en sucursales bancarias del Distrito Federal, también se hicieron en Morelos, Tlaxcala y algunas más alejadas del centro del país, revelaron funcionarios del CJF y de la PGR.

La investigación corrió a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y tras obtener las pruebas documentales necesarias la PGR solicitó una orden de aprehensión al juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte de la ciudad de México.

El viernes el mandamiento judicial fue librado y de inmediato agentes de la Policía Federal Ministerial (también conocida como AFI) montaron un operativo de vigilancia, y antes de que ingresara a sus oficinas fue detenido y llevado ante el juez que emitió la orden de captura.

Horas más tarde, al filo de las 14:30, los consejeros de la Judicatura señalaron que este es un caso aislado y que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la Federación se rigen por una conducta independiente, imparcial, recta, honorable y transparente.

El caso de Esiquio Martínez obligó al CJF a emitir un acuerdo los primeros días de abril para que los ingresos y patrimonio de todos los integrantes del PJF sean fiscalizados, esto incluye la revisión de las cuentas bancarias y la evolución patrimonial de jueces, magistrados y ministros, para evitar, prevenir y detectar otros actos de corrupción.

El de Esiquio Martínez se ha convertido en el caso más importante de corrupción en años recientes dentro del PJF, y por ello la indagatoria que llevó a su captura sigue en curso y se investiga a otros funcionarios del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, incluido el juez Álvaro Tovilla.

Con anuencia del juez, el 4 de octubre de 2007, dentro del expediente 1267/2007 Esiquio Martínez Hernández en su calidad de secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, concedió autorización al casino Paradise, que operaba en la ciudad de Monterrey, sin permiso de la Secretaría de Gobernación, y del cual supuestamente existía una sucursal en el Distrito Federal.

Álvaro Tovilla, con quien laboraba Esiquio Martínez, ha tenido casos controversiales, entre ellos el caso El Encino, que dio origen al juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2004. En marzo pasado, fue el único juzgador que concedió un amparo al Grupo Iusacell en contra de la llamada licitación 21. Sin embargo la resolución fue revocada por el 17 tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.

También en marzo de este año, el juez Tovilla León concedió una suspensión al grupo Corporativo Pedregal Hispamex, empresa encargada de la construcción de la llamada Torre Pedregal, en la colonia Lomas de Chapultepec, y con su resolución impidió clausuras a la obra.

Negligencia oficial en creación de espacios, señalan activistas

Garantizar educación, única opción contra el crimen: ONG y Unesco

Laura Poy, Fernando Camacho y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 7

Representantes de grupos civiles y de la Organización de Naciones Unidas pidieron a los gobiernos garantizar condiciones adecuadas –en calidad y cantidad– de servicios educativos, como única alternativa para evitar que cada día más jóvenes se conviertan en blanco fácil de la delincuencia y las adicciones.

En tanto, activistas del norte del país señalaron que en lugar de reconstruir el tejido social mediante la educación, el gobierno ha sido negligente en la creación de alternativas escolares para este sector de la población.

La víspera, alcaldes de la zona norte de México admitieron que los muchachos truncan sus estudios por falta de preparatorias, situación que los pone en el blanco del crimen organizado. Presidentes municipales calculan que hasta 80 por ciento de los adolescentes padecen el abandono de las autoridades en este renglón.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, rechazó el diagnóstico de las autoridades locales: esas cifras no coinciden bajo ninguna circunstancia con las nuestras.

Dijo que este año la SEP cuenta con un presupuesto importante para la construcción de nuevas preparatorias. Estamos analizando dónde vamos a colocar, estratégicamente, las nuevas preparatorias para dar más espacio a los jóvenes donde más se requieren, expresó.

Arne Carlsen, director electo del Instituto de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, señaló que atender la demanda de educación de los jóvenes debe ser prioridad para cualquier país, frente a fuerzas poderosas, como la violencia.

Dijo que la formación de jóvenes y adultos es una de las respuestas para ir contra la violencia, pero son necesarias otras medidas, como valores en la familia, contar con condiciones económicas para sobrevivir y tener perspectivas de empleo digno, entre otras.

Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de la Unesco, indicó que debe invertirse más en cobertura en zonas difíciles, pero advirtió que no sólo se trata de poner más plata al problema, sino hacerlo de forma astuta e inteligente.

Consuelo Morales, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) –con sede en Monterrey, Nuevo León–, recordó que hace apenas dos años la preocupación respecto a los jóvenes era que no había lugares suficientes para que continuaran estudiando, a lo que actualmente se suma el hecho de que buena cantidad de ellos ya ni siquiera hacen el intento de matricularse.

Ahora, a muchos los desaparecen o se incorporan en la delincuencia organizada. Empiezan de forma muy sutil, vendiéndole droga a sus amigos, y luego terminan involucrados en esa estructura, muchas veces con la complicidad de las autoridades, deploró.

Blanca Mesina, activista de derechos humanos asentada en Tijuana, Baja California, confirmó que en esa ciudad las escuelas públicas son escasas, y no pueden cubrir la enorme demanda que generan las ciudades fronterizas.

En tanto, los diputados Mauricio Toledo (PRD) y Pedro Vázquez (PT) señalaron que el incremento en el número de jóvenes que carecen de oportunidades para trabajar y estudiar no podrá frenarse si la administración federal se obstina en enfrentar las consecuencia de la pobreza, de un pésimo sistema educativo.

Legisladores de PRI, PRD y PT replican al Ejecutivo federal

La violencia es lo que mina el ánimo, contestan senadores a Calderón

Lamentan que el Presidente no busque acuerdos con las fuerzas políticas

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 9

Senadores de PRI, PRD y PT replicaron al presidente Felipe Calderón que lo que mina el ánimo nacional es el clima de violencia e inseguridad imparable, la falta de empleos, los jóvenes ninis y otros problemas que el gobierno federal no ha sido capaz de resolver.

Los perredistas Arturo Núñez y Tomás Torres, el priísta Francisco Arroyo y el petista Ricardo Monreal deploraron que en lugar de buscar acuerdos con las fuerzas políticas, Calderón provoque mayores fricciones y censure a quienes señalan los errores de su gestión.

Arroyo Vieyra, vicepresidente del Senado, consideró que en lugar de tender puentes de concordia con las demás fuerzas políticas, Calderón adelanta los tiempos electorales, ante la inminente derrota electoral de su partido.

Sobre la censura del Ejecutivo federal a quienes, dijo, minan el ánimo nacional, el legislador priísta dijo que el desánimo en la población es por los 40 mil muertos en la guerra de Calderón, por las bandas de secuestradores y delincuentes que operan en todo el norte del país y en muchas otras entidades, entre ellas Guanajuato, a las que debe pagar tributos más altos inclusive que los impuestos que cobra el Estado mexicano.

Agregó: La demolición del ánimo nacional se da por la situación de crisis en la que viven millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan ni tienen esperanzas.

Añadió que el Presidente no se dedica a gobernar, sino a tratar de impulsar electoralmente a su partido. No se da cuenta que en la medida que trabaja para el PAN, lo hunde más.

En entrevista aparte, el perredista Arturo Núñez hizo notar que esas opiniones, que a veces reflejan un ánimo pesimista, tienen su sustento en la realidad, y Calderón, “más que replicar, lo que tendría que hacer es actuar para modificar lo que está mal, especialmente la estrategia de combate al crimen organizado, que es la que ha provocado el enrarecimiento de la convivencia nacional.

Deploró que “tomar posición frente a la deprimente situación nacional sea motivo de crítica y de enojo para el Ejecutivo federal, como si no existieran las condiciones objetivas para sustentar los cuestionamientos.

También integrante del grupo parlamentario del PRD, el senador Tomás Torres dijo que ese tipo de declaraciones, muy frecuentes en Calderón, distancian a las fuerzas políticas y provocan mayor polarización. Pidió al Presidente que se serene y mantenga la calma, ya que aún le queda algo de tiempo a su gobierno y debiera aprovecharlo.

El problema, agregó, es que Calderón no se ha sentado con las fuerzas políticas para buscar una solución conjunta a la realidad nacional, ya que le interesa más seguir metido plenamente en el proceso electoral.

El senador Torres consideró que hay desánimo y desesperanza en los mexicanos, por un gobierno que no ha sido capaz de protegerlos, de frenar a la delincuencia.

De igual forma, el coordinador del PT en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que casi al final de su mandato Calderón se ve desesperado, responsabilizando a otros de su incapacidad y sus errores.

Anthony Wayne vendrá a "orientar la sucesión presidencial", advierte

EU enviará como embajador a un policía especialista en terrorismo: Muñoz Ledo
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 9

La postulación de Earl Anthony Wayne como próximo embajador de Estados Unidos en México representa un severo golpe a la soberanía nacional, porque Washington trata de imponer a un policía especialista en terrorismo, que orientará la sucesión presidencial de 2012, adujo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

Es una afrenta y una burla al pueblo de México, que cuenta con la obsecuente connivencia de la administración panista de Felipe Calderón; con esto, la señal que se envía desde Estados Unidos es que el proceso de intervencionismo se mantendrá, incidiendo en la política interna para dar curso a la participación directa de las fuerzas armadas de aquel país en su frontera sur.

–Anthony Wayne es considerado un diplomático especializado en terrorismo.

–La nueva etapa de nuestro país no pide un monitor político de Estados Unidos, sino dignidad de las fuerzas políticas del país para fincar la relación estratégica México-Estados Unidos. Carlos Pascual se fue por los cables de Wikileaks, él venía de Irak; en cambio, el señor Wayne viene de Afganistán, y ese es un matiz fundamental.

“Carlos Pascual, según él lo dijo, era experto en estado fallido –país ocupado en el cual pueden ocurrir cualquier tipo de cosas que son previsibles, pero no determinables–, administraba la presencia de las agencias estadunidenses en México. Pero el que viene es un grado más avanzado de la ocupación de un país: viene de Afganistán; quiere decir que estaba administrando una invasión. Todo indica que fue escogido del modo más cuidadoso.”

–En el fondo, ¿se vislumbra mayor intervención de Washington en los asuntos mexicanos con el embajador Wayne?

–Su función en Afganistán era penetrar las estructuras del gobierno y de la sociedad con la idea de combatir al terrorismo. Él tiene como misión profundizar, con mayor nivel de exigencia, en los compromisos del gobierno con la estrategia estadunidense. Es un hombre muy singular, con altos grados académicos, perteneciente a una generación de diplomáticos consagrados en la época de George Bush, expertos en intervencionismo, pero con alto nivel de sofisticación. Es un agente experto en administrar el conjunto de agencias: el Pentágono, la CIA, el FBI.

–En Argentina su paso fue calificado de intervencionista.

–En los periódicos de Estados Unidos lo califican de dinámico y vertiginoso. ¡Que definición! Es la expresión diplomática de rápido y furioso; es un hombre que no tendrá los escrúpulos latinos que sí tenía Carlos Pascual. Lo más interesante, además de su alta especialidad en Afganistán, es que es un experto en el rock latino: se informa que cuando Mercedes Sosa y Café Tacuba se encontraban en Argentina, él los invitaba a conciertos, y es una gente con gran capacidad de penetración social.

“A Argentina fue enviado para establecer una línea de contrapeso con el gobierno de ese país. Llegó a situaciones límite, está documentado en Wikileaks. Su relación con los Kirchner fue de mucha tensión. No es un diplomático de línea suave, es bohemio y duro, confronta; lo que sucedió en Argentina nos lleva a concluir que no va a llegar a México como corderito: va a llegar a pedir cuentas.”

–Llegará al país en plena efervescencia política.

–Estamos ya en la sucesión presidencial, lo que mas temo es la lambisconería mexicana. La embajada estadunidense se ha convertido a sus ojos en el diván de un sicoanalista. Este nuevo embajador llegará a México con intenciones de concentrar información y relaciones para ser factor clave en la sucesión presidencial. Ya no lo mandan a administrar los acuerdos con Calderón, sino a ser hombre clave en la sucesión presidencial, sobre todo por la debilidad y la obsecuencia del gobierno actual.

–¿Cual es la responsabilidad del gobierno mexicano al dar el visto bueno a un diplomático como éste?

–México dará el visto bueno porque es parte de una política aceptada, seria incongruente que no lo hiciera. El tema es cómo se enfrentarán el gobierno y los actores políticos al nuevo embajador estadunidense. Este hombre viene a orientar la sucesión presidencial bajo la sola idea de que el próximo gobierno mantenga la estrategia de seguridad dictada desde Washington.

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