Demandan diputados dar seguimiento a acusaciones por vínculos con el hampa

Faltan cambios de fondo en el INM; cesar a funcionarios de segunda, insuficiente

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Sábado 14 de mayo de 2011, p. 4

Diputados de PRI, PAN y PRD solicitaron al gobierno federal dar un paso adelante y avanzar más allá de la destitución de empleados y funcionarios de segundo nivel del Instituto Nacional de Migración (INM) acusados de mantener ligas con la delincuencia organizada y consideraron insuficiente el despido para resarcir el tipo de delitos cometidos contra migrantes centroamericanos.

En Mérida, Yucatán, la presidenta de la Comisión Especial de Migración y Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes, estimó que el gobierno federal debe emprender una revisión de su política migratoria y, además de la depuración, analizar un cambio de la estructura orgánica del INM.

México está obligado, sostuvo, a que la frontera sur sea ejemplar, fuente de desarrollo y espacio de pleno respeto a los derechos humanos. Lamentó que la limpia en el INM se haya iniciado sólo cuando se corroboró que agentes migratorios entregaban a indocumentados sudamericanos a bandas del crimen organizado.

Paredes afirmó que si bien hay funcionarios del INM que realizan su trabajo respetando las leyes y su profesión, sin duda se han presentado fenómenos de descomposición que deben depurarse.

En la ciudad de México, el diputado Javier Corral Jurado, del PAN, calificó de positiva la acción gubernamental, porque la remoción indica un acto de voluntad política para poner el INM en mejores manos.

Propuso la rotación de delegados del instituto y sugirió que el propósito de la depuración no se ubique en el terreno de los despidos, “sino que haya seguimiento a alguna de las investigaciones que se han abierto por presuntos vínculos con la trata de personas, sobre todo ligadas al crimen organizado.”

Arturo Zamora Jiménez (PRI) dijo que no es suficiente la destitución de funcionarios, pues es una especie de premio a su ineficiencia y a las omisiones de cuidado que tenían con los migrantes. Es una medida tardía, porque desde hace un año el PRI denunció las prácticas de corrupción y colusión de algunos miembros del INM.

En La Patrona, Veracruz, una voluntaria entrega comida a un migrante centroamericanoFoto Reuters

A su vez, Norma Leticia Salazar Vázquez (PAN), presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, indicó que es importante comenzar a depurar a los funcionarios. El gobierno federal está mostrando disposición antes de que entre en vigencia la Ley de Migración, de tal manera que cuando comience a trabajar el Centro de Evaluación, tendremos elementos para depurar en su totalidad la institución.

Nazario Norberto Sánchez (PRD) comentó que lo urgente es limpiar de corrupción a las entidades gubernamentales. Los legisladores ofrecemos apoyo total a las víctimas o familiares de quienes hayan sido objeto de abusos por parte de estos malos funcionarios.

Raúl Domínguez (PRI) demandó a la Procuraduría General de la República presentar en tiempo y forma el resultado de las investigaciones y que verdaderamente se sancione a quien está incurriendo en actos ilegales.

Sacudida completa

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, aseveró que el INM necesita una sacudida completa de arriba hacia abajo para garantizar la mejoría en su operación y el abatimiento de la corrupción.

Al comentar sobre el anuncio de la destitución de siete delegados del INM, señaló que se requieren medidas complementarias, como revisar la normatividad interna del organismo y de sus funciones. Aceptó que cesar a los delegados es el reconocimiento de que ya se había llegado a niveles de inoperancia y corrupción. Propuso que otra de las acciones sea reforzar los recursos de acreditación y control de confianza del personal que labora en el Instituto

La medida es tardía; el gobierno debe escuchar a críticos: académica

El sacerdote Alejandro Solalinde recibe con escepticismo la purga en Migración

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Sábado 14 de mayo de 2011, p. 3

La purga anunciada en el Instituto Nacional de Migración (INM), tras señalarse la complicidad de algunos de sus agentes en el secuestro de indocumentados, no funcionará porque sucede de forma tardía y superficial, y muy probablemente sea una medida cosmética del gobierno mexicano para desviar la atención del público sobre este tema, consideraron el sacerdote Alejandro Solalinde y la académica Leticia Calderón.

Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, señaló que tiene pocas esperanzas, por no decir ninguna, de que estas medidas vayan a ser efectivas, porque desgraciadamente ya son muy tardías, y a estas alturas el crimen organizado ya infiltró muchísimo al instituto. Es muy difícil saber en quién se puede confiar y en quién no.

El hecho de que corran a algunos delegados o los transfieran a otras entidades, añadió, no podría considerarse una auténtica depuración, ya que las mismas prácticas estructurales corruptas seguirían vigentes.

La crisis del INM es tal, indicó el sacerdote, que incluso sería viable plantearse su desaparición, y crear en su lugar una subsecretaría con personal confiable y sin la carga de desprestigio y desconfianza que ahora tiene.

Además, conociendo la tendencia del gobierno a negar la realidad, no dudaría de que ésta fuera una estrategia más para cambiar su imagen y convencer a la opinión pública de que está haciendo algo. En el fondo se trata de un paliativo, y no se está investigando nada. Otra vez están realizando acciones sin consultarnos, desde arriba, y así no van a funcionar las cosas, dijo.

Por su parte, Leticia Calderón, especialista del Instituto Mora en temas de migración, coincidió en que la limpia del INM es indispensable, pero se produce de manera tardía, ya que las denuncias de complicidad entre los agentes y los secuestradores se han documentado con rigurosidad desde hace por los menos dos años.

En vez de atender las críticas, el gobierno mexicano se ha dedicado a descalificar datos contundentes. La restructuración sólo será posible si considera las voces críticas, disidentes y contestatarias de la gente que trabaja con los migrantes y los conoce.

Aunque las autoridades no supieran de la existencia y ubicación de las fosas del terror, su actitud omisa ha profundizado esta tragedia. Lo que se ha descubierto hasta ahora se queda corto, y ese encubrimiento es una actitud criminal, acusó.