31/05/2011

Pueblo Triqui regresa a San Juan Copala. Solicita protección a la Comisión Interamericana


  • Después de casi 9 meses del brutal desplazamiento por paramilitares de la región, el gobierno mexicano es incapaz de garantizar el acceso efectivo a sus territorios y respetar el Derecho a su Libre Determinación.
  • Se solicita la ampliación de las Medidas Cautelares para proteger a cientos de Triquis que no cuentan con la protección de la CIDH.
Diferentes barrios Triquis se unieron con los desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala el pasado 23 de mayo de 2011 para iniciar su cuarta caravana también denominada La Marcha del Color de la Sangre, la cual se dirigió en primera instancia hacia la Ciudad de México para agruparse con otras organizaciones solidarias, dar a conocer su lucha y retornar a San Juan Copala el 28 de mayo.
Dicha marcha forma parte de los acuerdos tomados por las autoridades de distintas Comunidades Indígenas Triquis del Municipio Autónomo de San Juan Copala llevada a cabo el pasado 10 de abril del 2011 como respuesta a la omisión del Estado mexicano de garantizar el retorno de los desplazados de San Juan Copala.
Así, después de casi nueve meses de desplazamiento, el Pueblo Triqui irá a recobrar el corazón de su comunidad, San Juan Copala, el Chuman´a, Centro Ceremonial y Político que fue tomado por la fuerza por grupos paramilitares del MULT y UBISORT el 20 de septiembre del año pasado, quienes luego de asesinar a mas de 20 personas y herir a decenas de habitantes, incluídos niños y mujeres, prendieron fuego a casas de la comunidad y amenazaron con colgar “como perros” a los que se quedaran.
En respuesta al desplazamiento y al ataque a la Caravana donde asesinaron a Betty Cariño y Jiry Jaakkola meses antes, el 07 de octubre del 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, DC, otorgó Medidas Cautelares a favor de 135 beneficiarios de la Comunidad de San Juan Copala, que para ese momento eran desplazados de su comunidad.
Sin embargo, pese a que el Estado mexicano se encuentra obligado por el derecho internacional a garantizar la protección de los beneficiarios de las Medidas Cautelares, capturando a los responsables del desplazamiento y asegurando el retorno de los desplazados, México ha fallado frente a la CIDH y frente al Pueblo Triqui y por ello regresan al corazón de su territorio ancestral, San Juan Copala, a recobrar su territorio de manos de los paramilitares.
Esta decisión fue tomada después de que el Gobernador de Oaxaca apareciera en prensa junto con líderes del MULT, señalados como responsables de la violencia paramilitar y responsables del desplazamiento, declarándose “uno más en la lucha” de esa organización, mientras en Marzo pasado el Gobierno Mexicano en una reunión de alto nivel de seguimiento de las Medidas Cautelares en Washington, DC, respondió que era imposible asegurar el retorno por la presencia de paramilitares.
El Estado Mexicano quiere silenciar al pueblo Triqui que lucha por su autonomía, aplazar las decisiones para resolver el problema y dejar que finalmente sean los paramilitares, los que por la vía del hecho y la aniquilación de la lucha autónoma, se presenten como los interlocutores reconocidos oficialmente.
Para asegurar la protección de más miembros del pueblo Triqui que se unen al RETORNO A SAN JUAN COPALA, el 20 de Mayo de este año se solicitó por el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y por el MASJC la ampliación de las Medidas Cautelares 197/2010 otorgadas por el órgano interamericano.
La nueva petición presentada a la CIDH la semana pasada busca que se amplíe la protección a todos los indígenas triquis de San Juan Copala que no residen en el Centro Ceremonial, pero forman parte de la comunidad, porque los efectos del desplazamiento ilegal y violento de los residentes de Copala repercuten no solo en los 135 beneficiarios de las actuales Medidas Cautelares, sino en todos aquellos miembros de la Comunidad Indígena de San Juan Copala, por ello, previo trabajo de identificación se incorpora a miembros de la Comunidad de San Juan Copala y habitantes de los barrios “Paraje Pérez”, “Guadalupe Tilapa”, “Santa Cruz Tilapa” y “Yosoyuxi”. La nueva petición también busca que el Estado Mexicano brinde protección a la Marcha del Caravana que la comunidad Triqui realizará para entrar a su territorio el 28 de mayo próximo, aseguró Priscila Rodríguez Bribiesca, abogada responsable de las Medidas Cautelares por parte del MASJC.
Anteriormente la Corte Interamericana ha determinado en casos de comunidades desplazadas la obligación del Estado de adoptar medidas urgentes para garantizar su acceso efectivo a los territorios que pertenecen. Por ejemplo, el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia del 29 de Marzo del 2006, según información proporcionada por la representante de la comunidad y abogada de SAKBE.


No más injusticia militar en México. Caso Inés y Valentina
  • Amnistía Internacional hace un llamado a responsabilizar a los culpables de violación a los derechos humanos en lugar de garantizar su protección.
Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas, fueron abusadas sexualmente a través de violación por miembros del ejército mexicano en 2002. Al no lograr obtener justicia en México, llevaron sus casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2010 resolvió a su favor. El suyo es uno de los cuatro casos en los que la Corte Interamericana ha dictado resoluciones contra México desde noviembre de 2009 por violaciones graves de derechos humanos cometidas por miembros del ejército en el estado de Guerrero.
La Corte ha ordenado a las autoridades mexicanas llevar a cabo investigaciones efectivas sobre estas violaciones y reformar el sistema de justicia militar, a fin de que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar queden fuera de la jurisdicción militar y sean competencia del sistema judicial civil.
Amnistía Internacional hace campaña junto con las sobrevivientes y sus familias para pedir a las autoridades mexicanas que eliminen la jurisdicción militar sobre los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.
Es hora de acabar con el círculo de impunidad que durante tanto tiempo ha negado la verdad, la justicia y la reparación tanto a quienes sobreviven a violaciones de derechos humanos como a sus familias.

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