28/09/2011

Derechos de la mujer


En la discusión sobre el aborto también está en juego la vigencia del Estado laico
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 4

En la discusión que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las reformas legislativas que penalizan el aborto en Baja California y San Luis Potosí no sólo está a debate la preminencia de los derechos de las mujeres, sino también está en juego la vigencia del Estado laico o su desaparición para dar paso a uno confesional y de corte fascista, indicó la historiadora Patricia Galeana, vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias.

Josefina Vázquez Mota, aspirante a la candidatura presidencial del PAN, dijo que está por la defensa de la vida, pero que no acompañaría ninguna ley que estuviese criminalizando a las mujeres. En todo caso, respaldará la postura oficial del PAN.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su convicción de que el ser humano es persona desde el momento de su concepción y, por tanto, sujeto de derechos.

En tanto, diversas organizaciones que defienden la vida desde la concepción, la mayoría de inspiración cristiana, realizaron jornadas de oración para pedir que los ministros se pronuncien en favor de la vida.

Durante el seminario internacional Historia comparada de las mujeres en las Américas, Patricia Galeana indicó que la aprobación de legislaciones contra el aborto en varias entidades del país fue una medida dictada desde el Vaticano, en alianza con el gobierno de extrema derecha que lleva un decenio en el poder en México, con el objetivo de echar por tierra los avances aprobados en el Distrito Federal.

“El Estado no puede darnos seguridad ni detener a los criminales, pero sí ha esposado a mujeres en los hospitales –que acudieron por complicaciones por abortos inseguros– para que no se vayan a escapar y llevarlas a prisión”.


Derechos de la mujer

Las políticas públicas sobre población

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 3

En el Programa Nacional de Población 2008-2012, el presidente Felipe Calderón y el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, destacaron que con la política pública en la materia se ratifica el claro compromiso con el precepto constitucional que garantiza a toda persona el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

En este documento oficial se advierte además que los más altos porcentajes de mujeres con demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos se encuentran entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, esto es, los más pobres, marginados, en zonas rurales e indígenas. Más de la mitad de este rezago se concentra en las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, en el contexto de un inicio de la vida en pareja a temprana edad, de 21 años, en promedio.

La alerta del Programa Nacional de Población en este punto es contundente: “El uso de medios de regulación de la fecundidad en el inicio de la vida sexual parece ser una práctica inexistente: siete de cada 10 mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual sin protección, a pesar de que la mayoría de ellas no tenía la intención de embarazarse.

Si bien el desconocimiento de los métodos anticonceptivos constituye una causa de no protección para cerca de una de cada cinco mujeres, persisten otros obstáculos de tipo cultural y social que impiden a los jóvenes tomar las decisiones que les permitan evitar embarazos no planeados y el contagio de infecciones de transmisión sexual.

El documento subraya la existencia de planes que hay derivados en menores niveles de fecundidad, con base en profundas transformaciones socioeconómicas y en una verdadera revolución en el plano de las ideas, las actitudes y los valores de las parejas mexicanas, así como en la gradual expansión y la creciente cobertura de los programas de salud reproductiva y planificación familiar.

En varios apartados de ese programa se hace énfasis en que la política de población en México tiene como centro y fin las personas y las familias.

El eje –y responsabilidad gubernamental– es dotar de las condiciones necesarias para que las personas decidan libre, responsable e informadamente sobre su conducta en los ámbitos de relevancia demográfica, de acuerdo con sus valores, creencias y convicciones y sin coacción o interferencia alguna.

Derechos de la mujer

Busca usar al Senado para intimidar a los ministros de la Suprema Corte, aseguran

Alineación al centroONG: el Presidente dice proteger el derecho a la vida, pero encabeza guerra con miles de muertos

Es inconcebible que se pretenda echar abajo derechos ganados por las mujeres

Foto
En el Hemiciclo a Juárez ayer celebraron el Día Internacional de la Lucha por la Despenalización del Aborto
Foto Yazmín Ortega Cortés

Alma E. Muñoz y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 4

La solicitud presidencial al Senado para que se retire la declaración mexicana en el Pacto de San José fue considerada por diversos sectores políticos y sociales como una grosera, desproporcionada y condenable irrupción de Felipe Calderón en el debate que se desarrolla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de las leyes antiaborto en Baja California y San Luis Potosí.

En rueda de prensa, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, consideró una grosera intromisión presidencial en el debate de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y consideró su actitud como un retroceso. En tanto, la secretaria general de ese partido, Dolores Padierna, señaló que México no puede regirse por dogmas religiosos. No podemos admitir que Calderón esté queriendo eliminar un tratado internacional basado en el Estado laico, señaló.

Zambrano llamó a los senadores a no retirar –como pide Calderón– la declaración interpretativa del gobierno de México sobre el párrafo primero del artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, donde se prevé que la ley protegerá en general el derecho a la vida a partir de la concepción.

Actuar congruente

Confió en que la SCJN actúe en congruencia con el rechazo que dio al recurso de inconstitucionalidad que en su momento se promovió contra la ley que despenaliza la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal.

En tanto, para representantes de colectivos feministas el presidente Felipe Calderón está actuando más como líder de un partido, en este caso Acción Nacional, que como jefe de Estado.

Nos parece desproporcionado que se coloque en esa posición para tratar de incidir en la Suprema Corte de Justicia en el debate sobre el aborto; evidentemente no actúa como un representante de los mexicanos, señaló Martha Juárez, de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir.

Elsa Conde, del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, lamentó que el titular del Ejecutivo federal tome partido en contra de los derechos de las mujeres y quiera usar al Senado para intimidar a la SCJN.

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México también condenó la solicitud, y su coordinadora, Alba Jiménez, señaló que es una incongruencia que el Presidente diga que busca proteger el derecho a la vida desde la concepción y, al mismo tiempo, encabece una guerra en contra del narcotráfico que ha dejado más de 50 mil muertos.

Él no es un defensor de la vida, no la protege. Me parece desafortunada su intervención, porque ha habido más de 50 mil muertos, los que llaman daños colaterales, por una guerra que no le pedimos.

Sostuvo que esta petición presidencial también es retrógrada, pues es inconcebible que después de 30 años de que México hizo la declaración interpretativa del primer párrafo del artículo cuarto del Pacto de San José, se pretenda echar atrás derechos ya ganados por las mujeres.

Pidió que el Senado no permita que se retroceda en los derechos de las mujeres, sobre todo cuando existe una deuda con este sector por parte de los legisladores de diversos estados en los que se limita e incluso penaliza la interrupción del embarazo.

Con información de Ariane Díaz

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