29/09/2011


ONG piden a la CIDH fin del arraigo
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 9

Organizaciones defensoras de garantías fundamentales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sumarse al consenso por la eliminación del arraigo en México, y expusieron ante representantes de este organismo temas como la situación que enfrentan en el país las personas privadas de su libertad.

Miembros de diferentes organismos sociales agrupados en la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT) –conformada por 72 organizaciones en todo el país– se reunieron ayer con el relator de la CIDH para México sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad para exponerle temas prioritarios en materia de derechos humanos.

Uno de esos temas es el impacto del arraigo en los derechos humanos. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos resaltó que en promedio en México 1.82 personas son puestas bajo esa figura cada día a nivel federal y 1.12 a escala local.

Entre julio de 2008 y julio de 2010 se presentaron 120 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías en situación de arraigo, de las cuales 38 por ciento estaban relacionadas con una detención arbitraria, 41 se debieron a casos de tortura u otros tratos crueles o inhumanos y 26 por ciento reclamaban ambas, lo cual pone de relieve que el arraigo es una medida que se ejecuta con altas dosis de arbitrariedad y discrecionalidad de las autoridades.

Las ONG también presentaron un informe sobre la situación de las personas privadas de su libertad, en el que exponen sobrexplotación, prisión preventiva y violación a los derechos sexuales y reproductivos de los encarcelados, violencia sexual y torturas contra mujeres presas. Asimismo, la situación de los detenidos en estaciones migratorias, la de quienes padecen discapacidad mental en prisión y la de los que están recluidos en centros siquiátricos.

La RTDT informó que en la reunión se abordó la falta de cumplimiento del Estado mexicano de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, violadas por soldados en la sierra de Guerrero, caso por el que México fue condenado por ese tribunal.

Se recordó que la CIDH tiene bajo estudio varios expedientes, como el de las mujeres torturadas sexualmente en San Salvador Atenco y el de los 65 mineros fallecidos por el siniestro de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.


Vulnera derechos y se utiliza para torturar a las personas detenidas

Legisladores y representante de la ONU demandan eliminar el arraigo
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 7

Tanto senadores como la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se manifestaron ayer por suprimir de la Constitución la figura del arraigo.

Javier Hernández Valencia, representante en México de la OACNUDH, aseveró que no se puede mantener el arraigo que vulnera derechos, argumentando que es un instrumento de combate al crimen organizado, porque esa figura se utiliza para torturar a los detenidos y violar a las mujeres arraigadas.

Al participar en el foro Reforma penitenciaria y arraigo, que organizó el Senado, el representante de la ONU destacó: Tengo que expresar mi alarma ante la idea de que el arraigo es una medida conveniente para que en el mediano o corto plazos nuestras instituciones mejoren; esto tiene un punto gravísimo de materialidad en el que se violan derechos humanos de mexicanas y mexicanos.

Hernández Valencia sostuvo: Esta violación de derechos debe terminar; en el contexto en el cual ocurre a veces se da por sentado que es parte de la lucha contra el crimen organizado. Nadie quiere que el crimen organizado prospere, pero lo que está prosperando a los ojos de la sociedad es que se violan sus derechos y el país presencia de manera cotidiana cómo se diluyen sus garantías.

Acusó: Hay mucha opacidad en las cifras del arraigo. La Procuraduría General de la República no está en capacidad de informar, pero periodistas han publicado datos atribuidos a la Secretaría de la Defensa en los que se señala que los militares han detenido a mil 851 personas a quienes relacionan con mil 600 encuentros armados y ataques, y no queda claro si ese total de detenidos fueron arraigados.

A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, manifestó que nadie está de acuerdo con el arraigo porque no es una medida garantista, pero habrá que ver la necesidad de él en la actualidad que vivimos en el país.

Abundó que en algún momento deberá desaparecer esta figura. Aquí han venido representantes de varios organismos internacionales y nos han pedido que suprimamos el arraigo. La pregunta es: ¿ya estamos en un sistema garantista en México? La respuesta es no y esto va a tardar todavía.

Por su parte, la senadora Rosario Ibarra (PT), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que el principal problema del país es la corrupción, ya que no permite que ningún cuerpo policiaco o el propio Ejército combatan adecuadamente los delitos que dañan a la población. Esto, abundó, impide una recta procuración de justicia y las cárceles estén llenas en su mayoría de pobres o inocentes, sin que sean pisadas nunca por funcionarios corruptos e influyentes o por verdaderos delincuentes”.

Carlos Navarrete (PRD) señaló que existe gran opacidad en la utilización del arraigo y ante ello anunció que solicitará, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, que la PGR le informe el número de personas arraigadas, cuántas de ellas han quedado libres y a cuántas les han fincado responsabilidad penal.

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