En ese órgano judicial se han logrado sentencias de culpabilidad para militares represores de AL
Miércoles 21 de septiembre de 2011, p. 19
El despacho de abogados estadunidense Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess escogió a la corte federal de Connecticut para presenta
r ahí la demanda contra el ex presidente de México Ernesto Zedillo por crímenes de lesa humanidad, derivados de la masacre de Acteal, pues en litigios anteriores desahogados en esa instancia los miembros del jurado se han caracterizado por emitir veredictos contrarios a ex mandos militares y civiles de países centro y sudamericanos que han aplicado tácticas de contrainsurgencia o guerra sucia, revelaron litigantes de ese bufete que pidieron el anonimato.
La demanda contra Zedillo se redactó durante 22 meses desde una oficina de ese bufete jurídico cuya sede está en Miami, Florida, con la colaboración de una decena de ex fiscales y abogados penalistas mexicanos, añadieron las fuentes consultadas.
En los siete años recientes, la corte de Connecticut ha resuelto al menos cuatro demandas contra polémicos ex funcionarios y/o militares latinoamericanos que en su momento encabezaron o formaron parte de regímenes militares.
Tal fue el caso, el 18 de noviembre de 2005, de un jurado de Connecticut que declaró al coronel Nicolás Carranza, antiguo viceministro de Defensa de El Salvador, responsable por crímenes de lesa humanidad, tortura y matanzas extrajudiciales.
Carranza fue condenado por un jurado de Connecticut a pagar 6 millones de dólares por concepto de reparación de daños.
Ese fue el primer veredicto emitido por un jurado de Estados Unidos que encontró culpable a un comandante militar centroamericano por crímenes de lesa humanidad.
El año de 1980 en El Salvador estuvo marcado por una proliferación de abusos de los derechos humanos.
Las fuerzas de seguridad de ese país centroamericano –trabajando sin efectivos uniformados, por conducto de escuadrones de la muerte– perpetraron unas 10 mil desapariciones forzadas de personas durante 1980, e incurrieron en violencia sexual, tortura y asesinatos contra civiles, según informes gubernamentales.
En 2006 otro jurado de Connecticut encontró culpable de tortura y crímenes de lesa humanidad a Armando Fernández Larios, ex oficial en el ejército chileno que participó en el golpe de Estado con el que se derrocó al presidente Salvador Allende, y ayudó a instalar una junta militar encabezada por el general Augusto Pinochet.
En su edición de ayer, La Jornada informó que el pasado 16 de septiembre se presentó una demanda contra el ex presidente Zedillo por crímenes de guerra y en contra de la humanidad por la masacre de 45 personas ocurrida en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.
Zedillo reside en Connecticut, donde enseña en la Universidad de Yale, en New Haven.
La pretensión fundamental de la demanda es conseguir una sentencia de culpabilidad contra el ex presidente, lo que de ocurrir le permitirá a las víctimas obtener una millonaria indemnización por concepto de reparación del daño moral.
El despacho jurídico estadunidense que representa a 10 sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre en el poblado de Chenalhó, en Chiapas, acusó a Zedillo de ser responsable intelectual de esos hechos.
Según la denuncia, la matanza formó parte de un plan denominado Campaña Chiapas 94
, y era un documento secreto gubernamental que tenía como finalidad terminar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con la utilización de paramilitares y defensas civiles para apoyar operaciones castrenses.
Los responsables de la masacre no son quienes han estado presos: Farela
Miércoles 21 de septiembre de 2011, p. 19
Mediante un correo electrónico dirigido a la cadena CNN, el ex presidente Ernesto Zedillo calificó de falsas y calumniosas
las acusaciones en su contra por crímenes de lesa humanidad, luego de ser demandado en Estados Unidos por la masacre de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997 y en la cual murieron 45 indígenas.
Textualmente señaló: Las imputaciones no sólo son falsas, sino también calumniosas, y responderé en consecuencia ante las autoridades pertinentes
.
Además, quien gobernó México en el periodo 1994-2000 aseguró a la televisora que no dispone de suficiente información sobre la demanda.
El pasado 16 de este mes, ante una corte federal de Connecticut, fue presentada la demanda, donde se señala que la masacre de los indígenas fue resultado de un presunto plan encabezado por Zedillo y denominado Campaña Ch
iapas 94
.
Según la querella, el gobierno federal buscaba acabar con el movimiento insurgente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), surgido en 1994, y Zedillo habría conspirado con el entonces procurador general de Justicia de México, Jorge Madrazo Cuéllar, para presuntamente encubrir su papel antes y después de los crímenes.
Aunque los hechos ocurrieron en México, la demanda interpuesta en Estados Unidos se sustenta en leyes de ese país y en algunos tratados internacionales, como el Estatuto de Reclamación por Agravio contra Extranjeros y el Estatuto de Protección a Víctimas de Tortura, con los cuales se daría jurisdicción a una corte federal estadunidense sobre el caso.
Hasta ayer la cancillería mexicana no había emitido ninguna postura.
Al conocerse aquí la noticia, Ricardo Monreal, coordinador de la fracción del PT en el Senado, propuso, mediante un punto de acuerdo, que ese órgano legislativo solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes sobre esta demanda en contra del ex mandatario y otros funcionarios.
Refirió que, “al parecer, Zedillo es acusado en la corte estadunidense por: ‘crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, castigo cruel, inhumano y degradante, terror y violencia para violar la libertad de asociación’. Es una demanda civil que promueve la reparación del daño, y que fue presentada por cuatro mujeres y seis hombres víctimas de Acteal”.
A su vez, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) señaló que la demanda interpuesta en relación con la masacre de Acteal pone en evidencia que no se investigó a fondo y que las indagatorias no fueron serias.
Arturo Farela, presidente de la Confraternice, sostuvo que todos sabemos que los responsables no son los que han estado presos durante esta década; ellos fueron chivos expiatorios de la atrocidad de otros que quién sabe si lleguemos a saber quiénes fueron, tanto los autores materiales como los intelectuales
.
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