02/09/2011

El sistema nacional de refinación perdió $87 mil millones en 2010, señala el priísta

La compra viola la Constitución y pone en riesgo al país, sostiene Monreal

Factible, fiscalizar la adquisición de acciones hecha por Pemex: Labastida
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Legisladores mexicanos exigen a Pemex aclarar los motivos para aumentar su participación en Repsol. En la imagen, gasolinera cerca de la localidad española de PuertollanoFoto Ap

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 2 de septiembre de 2011, p. 4

El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida, aseveró: si Pemex adquiere más acciones de la empresa Repsol, claro que tendrá que cumplir con la legislación de España, pero eso no quiere decir que esté exenta de ser fiscalizada por órganos del Estado (mexicano). La Auditoría Superior de la Federación sí la puede auditar.

Labastida, ex secretario de Gobernación, destacó: estas decisiones le convienen a la paraestatal, porque hasta donde entiendo, según la versión del director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, que no tengo por qué dudar de él, esta operación va a consolidar el voto y a tener más influencia de Pemex en las decisiones y en el diseño estratégico de Repsol.

Agregó: lo que intenta un accionista minoritario es tener la mayor influencia sobre las decisiones de la empresa Repsol, eso es lo que le conviene, y precisamente la queja del accionista minoritario es que la mayoría lo apabulla, lo reduce en términos de participación y se queja de que las decisiones que adopta Repsol son tomadas sin considerarlo. Con esto Pemex logra tener más influencia en las decisiones de esa empresa.

Se le preguntó sobre la decisión de Pemex de utilizar una empresa sin empleados para realizar esa operación. Labastida respondió: una empresa tenedora de acciones no tiene por qué tener empleados. En un mundo de los negocios esto se hace. Lo que hace el grupo es operar con los menores costos administrativos, y sólo cuenta con un pequeño grupo que ve sus finanzas y toma decisiones. Le cargan los menores costos financieros.

Añadió que “este tipo de operaciones debe beneficiar a Pemex, como cuando se compró la mitad de la refinería Deer Park, en Estados Unidos. Para qué se hizo –se pregunta, y responde él mismo–: pues para tener precios competitivos en la transformación del petróleo en gasolina, diesel y derivados. De hecho, esa empresa sigue teniendo números negros y utilidades; en cambio, el sistema nacional de refinación tuvo el año pasado pérdidas por 87 mil millones de pesos”.

Resaltó que el consejo de administración de la paraestatal tuvo que haber autorizado esa operación, y el director de la empresa y los consejeros deben informar las razones y los motivos de la operación. Esto implicaría una ventaja en la conquista de un mercado para la venta de petróleo en condiciones competitivas para Pemex, pero tiene que transparentarse, revisarse y auditarse, apuntó.

Pemex, aseveró el senador, tiene un programa de inversiones por 250 mil millones de pesos, tiene un gran programa de inversiones, lo que tenemos que revisar es qué congruencia tiene esto para llevarse a cabo en este momento.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, sostuvo que la compra de acciones de Repsol por Pemex viola la Constitución y el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual no había recursos destinados a ese propósito. El Congreso, a través de la Cámara de Diputados, no tiene considerada esa compra. Es una verdadera barbaridad la que se está cometiendo y pone en riesgo al país.

Señaló que es un negocio, lo único que les interesa son la usura y el aprovechamiento de los bienes nacionales y el patrimonio de los mexicanos. No lo vamos a permitir, vamos a demandar una investigación de estos actos administrativos, vamos a exigir responsabilidades políticas para quienes han incurrido en falta.

Estos actos, sostuvo, violan la Constitución, porque no hay recursos en este momento autorizados para la compra de acciones ni para asociaciones con empresas extranjeras por parte de una empresa cuya explotación debe ser exclusiva del Estado y no acepta ni contratos ni asociaciones con entidades extranjeras.

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