Esa desproporción ha obligado a cubrir el déficit con mayor deuda pública, señala
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 8
Al revisar la evolución del gasto del gobierno federal en la administrración de Felipe Calderón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que ha crecido en desproporción con los ingresos, lo cual ha obligado a cubrir el déficit público con mayor deuda.
Detalló que entre 2007 y 2010 el gasto neto presupuestario creció 6.7 por ciento y los ingresos sólo 0.6, y refirió que tan sólo al primer semestre de 2011 el gasto creció 5.3 por ciento y los ingresos 4.6.
En el informe de avance de la gestión financiera 2011, enviado a la Cámara de Diputados, la ASF reportó que, por ejemplo, entre enero y julio la Secretaría de la Defensa había incrementado 32.5 por ciento su gasto (respecto del mismo mes de 2010) por sus operativos contra la delincuencia organizada, y la Secretaría de Gobernación 37.3 por ciento, debido a un crecimiento en servicios profesionales, pasajes y viáticos.
El órgano fiscalizador detalló que el mayor crecimiento real del gasto programable se vio influenciado tanto por el gasto corriente como por el de capital, ya que ambos mostraron crecimientos de 6.4 por ciento y 5 por ciento, repectivamente, en relación con el primer semestre de 2010
.
El gasto corriente, expuso, aumentó en todos sus conceptos, excepto servicios personales, que bajó apenas 2.9 por ciento, para cumplir con la obligación establecida en la ley de presupuesto de disminuir el gasto administrativo, de operación y servicios personales.
Como parte del balance, el órgano fiscalizador explicó que el gasto programable reportó un incremento en el primer semestre del año, debido a las mayores erogaciones del gobierno federal por 8.3 por ciento en términos reales, por lo que mantuvo mayor presencia en el gasto neto total, lo cual también implicó un crecimiento respecto del año anterior, de 52.6 a 54.1 por ciento.
En contraste, indicó, y a excepción de Petróleos Mexicanos (Pemex), las entidades bajo control presupuestario directo aumentaron su gasto en sólo 1.8 por ciento real, y ello explica por qué se redujo su participación total en el gasto, al pasar de 32.6 a 31.5 por ciento de 2010 a 2011.
También se registró un aumento en el gasto de los ramos autónomos: de 23.1 por ciento en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a la ejecución de programas a su cargo, y de 14.5 por ciento en el Instituto Federal Electoral (IFE) por las prerrogativas a los partidos políticos, la actualización del padrón electoral y la renovación de la credencial para votar con fotografía.
La ASF refirió que sólo en cuatro dependencias federales hubo una reducción del gasto, pero debido a recorte de plazas e inejecución de programas.
Precisó que, respecto de 2010, la Secretaría de la Función Pública registró menor gasto debido a que se compactaron estructuras administrativas, además de que el año pasado su presupuesto creció de manera desproporcionada ya que la Secretaría de Hacienda le transfirió 3 mil millones de pesos para el Fideicomiso Bicentenario.
Mientras, en la Secretaría del Trabajo se recortaron servicios personales y generales, así como recursos para el programa de apoyo al empleo.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores se redujo el gasto por un recorte a servicios personales y generales, así como el retraso en los procesos de licitación de bienes informáticos. Mientras, en la Secretaría de Turismo hubo reducción de gasto en servicios personales, debido a la cancelación de plazas de estructura, así como por menores apoyos para inversión al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y al programa de promoción y desarrollo de proyectos turísticos en los estados.
En la Secretaría de Marina disminuyó el uso de recursos por medidas de austeridad y racionalidad, así como por una caída en la construcción de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento.
La ASF indicó que en el caso de Pemex, la paraestatal disminuyó en 14.5 por ciento su gasto en términos reales en el primer semestre del año, en contrastecon otras entidades, como la Comisión Federal de Electricidad, que aumentó sus erogaciones en 21.2 por ciento, por el aumento en los combustibles que utiliza para la generación de electricidad, servicios personales e inversión física, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que lo incrementó en 8 por ciento, principalmente por el repunte en el pago de pensiones y jubilaciones.
Los partidos también reciben jugosas prerrogativas aunque defienden la modestia
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 7
Entre 2007 y 2008 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional y electoral que tenía, entre otros objetivos, abatir el costo de los comicios, mediante la eliminación del gasto de la publicidad en medios electrónicos y la reducción de las campañas y el financiamiento partidista. En 2012, ni el presupuesto del Instituto Federal Electoral (IFE) ni el de los partidos políticos se redujo respecto a 2006, por el contrario, se incrementó en más de 3 mil millones de pesos.
En vísperas de que arranque el proceso electoral, las proyecciones del gasto del IFE, si es que el Congreso aprueba su propuesta de 15 mil 953.9 millones de pesos, coloca a las elecciones de 2012 como las más caras de la historia del país.
Las cifras que se manejan para el presupuesto del IFE son cuestionadas incluso en el propio organismo por la contraloría general, instancia que juzga que consistentemente el instituto ha solicitado presupuestos elevados en los años recientes, más allá de los recursos que realmente requiere. Es la explicación que desde la contraloría se encuentra a los recurrentes ahorros
que ha tenido el IFE y que le han permitido canalizar recursos en la adquisición de edificios e incluso, en 2010, crear un polémico fondo inmobiliario de 348 millones de pesos para gastar en 2011, una partida que aún se encuentra en litigio.
En el caso del gasto operativo del IFE, justificado a partir de las 53 nuevas atribuciones que le dejó la reforma electoral, es el que creció más entre 2006 y 2012, casi 3 mil millones de pesos. Entre ellos, por ejemplo, se contempla una partida de mil 297 millones de pesos destinados a la capacitación de los funcionarios de las casi 150 mil casillas que se instalarán en los comicios y a la promoción de la participación ciudadana, aunque también se ha crecido sustancialmente en el gasto relacionado con la administración y monitoreo de los tiempos del Estado en medios de comunicación electrónicos.
Otra de las partidas que se incrementará es el denominado bono electoral, que en 2006 fue de 460 millones de pesos y para 2012 será de 580 millones de pesos. El otorgamiento de dicho bono cada que se efectúan elecciones ha sido cuestionado, a pesar de que es una disposición que se encuentra en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su artículo 207 a partir de la premisa de que en años electorales todos los días y horas son hábiles.
Desde 1994 se instauró la entrega de este bono y en la actualidad el Cofipe lo justifica: los miembros del servicio profesional electoral, con motivo de la carga laboral que representa el año electoral, al ser todos los días y horas hábiles, tendrán derecho a recibir una compensación derivada de las labores extraordinarias que realicen, de acuerdo con el presupuesto autorizado
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El consejero electoral Alfredo Figueroa explicó las razones del bono electoral a partir, dijo, del respeto de los derechos laborales, toda vez que para el IFE no sería viable pagar horas extras en este periodo, de ahí la existencia de un bono que se entrega en términos de días hábiles en función de la disponibilidad que apruebe la junta general ejecutiva.
Por lo que hace a los partidos políticos, a pesar de que el gasto sustancial que venían ejerciendo en las campañas se anuló con la reforma electoral, el pago de publicidad en medios electrónicos (al cual destinaban en promedio 65 por ciento de sus prerrogativas) y a que se redujo sustancialmente la campana electoral, la partida para 2012 se incrementará en cerca de 600 millones de pesos, entre 2006 y 2012, al pasar de 4 mil 783 millones de pesos a 5 mil 292.5 millones de pesos.
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