El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron un escrito en calidad de "amigo" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores contra los Estados Unidos Mexicanos el 10 de septiembre de 2010. Las dos organizaciones contribuyeron con información sobre la importancia de la labor de defensores ambientales, como son los señores Cabrera y Montiel, para la protección de los derechos humanos y el patrón de ataques contra defensores en México.
"En México, todavía es sumamente difícil proteger el derecho a un medio ambiente sano en virtud de la inexistencia, o en su caso, ineficacia de los mecanismos judiciales creados para tal efecto", enfatizó Juan Carlos Arjona Estévez, Coordinador del Programa de Derechos Humanos y Ambiente del CEMDA. "Por lo que es aún más preocupante las agresiones que sufren quienes defienden este derecho, pues afecta los derechos de todas las personas que habitan en México."
En 1998, los señores Teodoro y Rodolfo fundaron la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) con el fin de proteger los bosques en el Estado de Guerrero de la tala ilegal e inmoderada. Un año más tarde fueron víctimas de una detención arbitraria y de tortura a causa de su labor como defensores ambientales. A pesar de ser liberados en 2001, siguieron en situación de riesgo, por lo que tuvieron que salir de su comunidad. A nueve años de su liberación, acudieron a la Corte IDH para que se escucharan sus reclamos contra las autoridades mexicanas que no han hecho nada por repararles el daño que les causaron y garantizarles su seguridad.
La ineficacia de recursos judiciales para proteger al medio ambiente y hacer frente al deterioro ambiental en México, llevó a estos dos campesinos a fundar su organización. Sin embargo, las agresiones y amenazas sufridas por ellos, y posteriormente por otras personas defensoras ambientales en todo el país, sin que existiesen acciones de la autoridad para protegerlas, han causado un temor generalizado que inhibe la defensa de este derecho humano. Por esta razón, los dos limitaron su trabajo como defensores ambientales y redujeron las acciones de la OCESP.
Jacob Kopas, abogado con AIDA expresó: "Este caso es emblemático para la región, y resalta la necesidad que los Estados reconozcan el valor y la importancia de la labor de las personas defensores ambientales, asegurando una protección adecuada para sus derechos".
"Con este escrito, CEMDA y AIDA buscamos contribuir a la protección del derecho a un medio ambiente sano en México y proteger las personas que defienden a este derecho humano", dijo Samantha Namnum, directora de la oficina de CEMDA en el Distrito Federal. "Es por ello, que solicitamos a la Corte IDH que reconozca la importante labor de las personas defensoras ambientales y declare que el Estado Mexicano violó también el derecho de asociación de Rodolfo y Teodoro, derivado de la detención arbitraria y torturas que fueron víctimas, así como de la impunidad por estos hechos".
Escritos de CEMDA y AIDA:
Caso de Rodolfo y Teodoro:
http://ecologistas.centroprodh.org.mx
El gobierno federal reduce 8% el presupuesto contra la discriminación
La pretensión del Ejecutivo federal de reducir los recursos contra la discriminación, de acuerdo con el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, denunciada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), no refleja el discurso de combate a la discriminación, aseguró Édgar Cortez, consejero del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
Ricardo Bucio, titular de Conapred, informó la semana pasada que el presupuesto para el organismo (96.6 millones de pesos) es casi 8 por ciento menor al monto del ejercicio anterior, que fue de 104.8 millones de pesos. Dicha reducción afectará la posibilidad de nacionalizar el trabajo.
El defensor de derechos humanos consideró responsabilidad del Congreso de la Unión asignar recursos suficientes para la implementación de una efectiva política antidiscriminatoria, y subrayó la importancia de que las instituciones cuenten con fondos para diseñar una política integral de no discriminación.
Cortez señaló que el recorte afecta la atención nacional y ésa es una de las "grandes deficiencias", pues el trabajo se focaliza en el centro del país, mientras el resto de la República, hay estados con una población indígena importante o con población diversa sexualmente en número considerable", es decir, sectores vulnerables a sufrir discriminación.
Esta recopilación también puede ser consultada en:
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/
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