Acusa a Néstor Moreno Díaz de ser pieza clave en la cadena de irregularidades
Ricardo Monreal propone crear una comisión que investigue los supuestos actos ilícitos
Miércoles 29 de septiembre de 2010, p. 14
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, entregó ayer al presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones y a los coordinadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), Carlos Navarrete y Ricardo Monreal, respectivamente, documentos que prueban, dijo, la gran corrupción
que priva en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los negocios con empresas extranjeras a las que se pretende otorgar la concesión del servicio de provisión de energía eléctrica en el centro del país.
Esparza resaltó que un personaje clave en las corruptelas
que se dan en la CFE es Néstor Moreno Díaz, quien renunció, bajo total sigilo
, el pasado 14 de septiembre, después que en periódicos de Estados Unidos se dio a conocer que habría recibido sobornos
millonarios de la empresa sueca Asea Brown Boveri (ABB), con los que adquirió un yate que cuesta 1.8 millones de dólares, a cambio de permisos para generar electricidad.
Sobre ese tema, el coordinador del PT, Ricardo Monreal presentó una propuesta a fin de que el Senado instaure una comisión especial que investigue los presuntos actos de corrupción en la generación eléctrica a cargo de particulares, en el otorgamiento de contratos para ese fin a firmas nacionales y extranjeras, y la responsabilidad de CFE en las inundaciones ocurridas en varias entidades del país.
La sueca ABB, una de las empresas beneficiadas
En el documento, que fue turnado a comisiones, Monreal advierte que de 1997 a 2003, la CFE ha otorgado 81 millones de dólares en contratos a la empresa ABB y es sólo la punta del iceberg de las adjudicaciones ilegales concedidos a trasnacionales, que quieren apoderarse de la zona y la materia de trabajo del SME.
Expuso que en 1998 la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) destituyó e inhabilitó por 10 años a Moreno Díaz, quien reapareció, sin embargo, en la CFE. Se le acusa, expuso, de ser dueño de empresas, por medio de prestanombres, que realizan trabajos a la paraestatal.
Las consecuencias de las corruptelas en CFE se traducen en desastres para la economía nacional y un duro golpe a los bolsillos de las familias mexicanas. El esquema de triangulación que usa la paraestatal le permite recibir comisiones o asesoría simuladas para poder extraer cuantiosas prebendas a través de prestanombres o empresas creadas con un fin: realizar actividades ilícitas simulando que son empresariales
.
En entrevista, Monreal expuso que el empecinamiento de la CFE en privatizar la generación eléctrica, además de quitar el empleo a los trabajadores del SME, provoca inundaciones y otros desastres en las entidades en que hay plantas hidroeléctricas, como es el caso de Tabasco.
Ello debido, explicó, a que las presas están por arriba de su capacidad, por las lluvias, y no se utilizan, ya que CFE prefiere comprar la energía que producen las empresas extranjeras que ya operan en México.
Esparza señaló que confía en que en el Senado se tome conciencia de la violación constitucional en que incurre la CFE, al convertir el servicio público de energía eléctrica en un negocio millonario de trasnacionales y de un grupo de funcionarios.
En tanto, en la mesa de negociaciones que tiene el SME con la Secretaría de Gobernación se planteó un esquema para que esta organización pueda obtener su toma de nota
, es decir, el reconocimiento oficial de su comité ejecutivo; sin embargo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, es el que quiere pasar por alto estos acuerdos
, señaló Martín Esparza, líder del gremio.
En entrevista, el dirigente sostuvo que el titular de la Secretaría del Trabajo ya no participa en la mesa de negociaciones, pero quiere montarse
en los acuerdos en los que se avanza con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora para resolver este conflicto.
Según expuso, el SME planteó en dicha mesa una propuesta para reponer el proceso electoral y están a la espera de que se dé el visto bueno a la misma, para llevarla a cabo. Eso es muy independiente de las otras solicitudes de toma de nota
que se habían pedido antes a la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, las cuales de manera sistemática han sido negadas por la dependencia.
Hizo ver que fue el propio secretario de Gobernación, Blake Mora, quien planteó que tenían que reponer el proceso electoral con los trabajadores que no se han liquidado. El nos presentó el acuerdo, lo revisamos, lo firmamos, ellos lo entregaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y esa instancia tiene que dictar el acuerdo sobre lo que nos propuso el gobierno federal
.
Refirió que cuando el secretario dijo antier que se le había negado la toma de nota al SME, se refería a una solicitud que hizo meses atrás –el pasado julio–, cuando en una asamblea del sindicato se ratificó a todos los integrantes del actual comité ejecutivo a mano alzada. También agregó que si Javier Lozano sostiene que para reponer el proceso electoral deberá antes llegar a un acuerdo con Alejandro Muñoz –quien impugnó el pasado proceso electoral– es porque Muñoz siempre fue el candidato del secretario del Trabajo, al que compraron con dinero
.
La reposición de las elecciones en el SME, según el dirigente, deberá llevarse a cabo sólo con los 16 mil 300 trabajadores que no se han finiquitado y dijo que ya se pidió la lista de los trabajadores que se liquidaron y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la negó. Cabe recordar que antier el secretario Lozano sostuvo que Muñoz no se ha liquidado, lo que difiere de la información que ha dado el sindicato.
Esparza comentó que con la propuesta de realizar el proceso electoral de nueva cuenta se espera llegar a un acuerdo para tener el reconocimiento oficial con base en la ley y los estatutos, y agregó que Lozano ya no está en la mesa de negociación y debe entender que quien es el jefe del gabinete es el secretario de Gobernación y éste atiende una instrucción del Presidente de la República de resolver de fondo este conflicto
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