23/09/2010

Pide Amnistía Internacional a México garantizar derechos humanos

La organización también instó al gobierno mexicano ha reformar el Código de Justicia Militar en esta sesión legislativa.

Ciudad de México.- Amnistía Internacional instó al Gobierno mexicano y al Congreso de la Unión a priorizar reformas fundamentales en materia de derechos humanos, incluida la restricción de la jurisdicción de la justicia militar.

A través de un memorándum, Amnistía Internacional señaló la necesidad de que las autoridades mexicanas adopten reformas esenciales durante esta legislatura, con el objetivo de que México armonice sus normas internas con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

México ha jugado un papel importante en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Sin embargo, todavía no ha incorporado todas las obligaciones adquiridas en el derecho interno del país. “Es tiempo ya de poner en práctica las obligaciones internacionales de derechos humanos en todos los ámbitos de la legislación mexicana y que estos derechos sean accesibles a todas las personas”.

Actualmente la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos se ve obstaculizada en muchos ámbitos por la falta de reconocimiento explícita de su rango constitucional. La reforma pretende incorporar al texto constitucional la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por México. “El cambio representaría un paso esencial para que estos derechos sean exigibles ante todas las autoridades mexicanas, sean ejecutivas, legislativas o judiciales”, consideró AI,

Señaló como igual de importante el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra México en el caso de Rosendo Radilla, quien fue desaparecido por el Ejército en 1974.

La desaparición forzada de Rosendo Radilla, al igual que muchos otros casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, ha quedado en la impunidad porque la aplicación de la jurisdicción militar ha impedido que las investigaciones prosperen. “Ya es tiempo que Rosendo Radilla y su familia tengan pleno acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño”, sentencia la organización internacional.

La sentencia de la Corte IDH requiere una reforma del Código Militar Penal para excluir la aplicación de la justicia militar de la investigación, juicio y sanción de las violaciones de los derechos humanos y que estos siempre sean de competencia de la justicia ordinaria.

María Eugenia Jiménez / Milenio.com

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