14/09/2010

Inadmisible calificar de "bajas colaterales" a las dos personas muertas en esos hechos, dicen

Rechazan ONG lo dicho por Poiré, donde culpa a los afectados por no detenerse en un retén

Soldados que dispararon a una familia en NL deben ser juzgados por instancias civiles

Sedena tiene que cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos, sostienen

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 14 de septiembre de 2010, p. 9

Organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron ayer que si verdaderamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quiere que se haga justicia, debe entregar a la autoridad civil a los soldados que el pasado domingo 5 de septiembre dispararon a una familia en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde mataron a Vicente de León Ramírez, de 52 años de edad, y a su hijo de Alejandro Gabriel, de 15.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), y Fabián Sánchez, de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (LEDH), en entrevistas por separado coincidieron en que ésa debería ser la actuación de los militares: Cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos y acatar las recomendaciones de esos organismos.

Cortez manifestó: El punto es que la instancia que realiza la investigación son los propios militares. Ante ello, ¿qué objetividad e imparcialidad puede haber? Además, comenzó mal la Sedena, pues primero salió a decir que sus elementos dispararon a una familia que no se detuvo en un retén cuando le marcaron el alto. Conocemos muchos casos donde los militares han alterado y manipulado las pruebas. Los culpables deben ser entregados a la autoridad civil.

Cómo confiar en una autoridad si ya prejuzgó el caso?. Sí, a lo mejor investigan, pero como son ellos mismos los que indagan y sancionan, no va a pasar nada. En este caso salieron las autoridades a decir que están detenidos los soldados que dispararon a la familia de Nuevo León, pero no es sorpresivo, esa es la constante, ellos investigan y no sancionan.

Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, dijo que hay una presión muy grande que ha llevado a que los militares inicien una investigación, pero (debiera ser) de acuerdo con la Constitución, con los convenios y pactos internacionales que el gobierno mexicano ha signado. Los soldados que dispararon a la familia deben ser juzgados por la justicia civil, porque los muertos eran civiles que fueron atacados por los militares.

Añadió: No podemos dejar pasar las declaraciones emitidas por el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, quien acusa a los ciudadanos de no acatar las disposiciones de los militares cuando no se detienen en los retenes castrenses. Tampoco podemos aceptar que a los ciudadanos que son asesinados por soldados se les llame bajas colaterales; es del todo inadmisible.

A su vez, Fabián Sánchez, de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, resaltó: Lo primero que debe hacer la Sedena es entregar a la autoridad civil a los responsables de haber disparado a la familia de Nuevo León. Éste sí sería un mensaje de que realmente hay un cambio en la actitud de la Defensa Nacional; lo demás es solamente asunto mediático.

El activista en derechos humanos insistió: En los casos de violaciones a derechos humanos que cometan militares en contra de civiles, la competencia debe ser exclusivamente de la justicia civil. Eso es lo que debe acatar la Secretaría de la Defensa.

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