27 sep 2010

Reporte del Centro ProDH

Organizaciones mexicanas denuncian ante instancias de la Unión Europea y la ONU violaciones a derechos humanos en el país

· Delegación de organizaciones mexicanas provenientes de la Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua denuncian graves violaciones a derechos humanos en México ante instancias internacionales.
· Se reúnen en Bruselas con representantes del Parlamento Europeo y la Comisión Europea y en Ginebra con representantes de la ONU.
· Demandan acotar la jurisdicción militar de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos e investigar las agresiones cometidas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.

Representantes de los Centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez y del Movimiento Pacto por la Cultura y la Impunidad expusieron ante instancias de la Unión Europea y relatorías del Sistema Universal de Derechos Humanos, con amplio interés en los temas abordados, aspectos relevantes de la situación de los derechos humanos en México. Fueron considerados, entre los múltiples asuntos: los altos índices de criminalidad en Ciudad Juárez, la persistencia de la impunidad, las deficiencias graves del sistema de procuración y administración de justicia, las agresiones y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, la falta de investigaciones adecuadas y de labores de inteligencia para contener la delincuencia, así como el alto número de violaciones cometidas por el ejército mexicano.

Frente a la crisis de seguridad y las legítimas demandas de la ciudadanía de atender la compleja problemática, la respuesta del gobierno de Felipe Calderón ha estado centrada, desde sus inicios, en una estrategia de combate frontal al crimen organizado y al narcotráfico mediante la realización de operativos conjuntos que involucran a militares y policías en diversos estados de la República Mexicana. Ante ello, las organizaciones reunidas en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, propusieron vías para favorecer una política de seguridad basada en el respeto a la dignidad humana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.

La delegación de ONG expuso los casos de abusos militares cometidos en contra de grupos marginados, caracterizados por el contexto de pobreza extrema y por las diversas violencias que los excluyen. Asimismo, argumentó que la extensión de la jurisdicción militar sobre los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos es una práctica sistemática que impide el acceso a la justicia y violenta las garantías de debido proceso, contraviene también a los estándares internacionales que exigen que la jurisdicción penal militar se acote a los delitos que transgreden bienes jurídicos estrictamente de la disciplina militar cometidos por elementos castrenses.

Casos ilustrativos como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes se organizaron en la Sierra de Petatlán, en Guerrero, para defender los bosques ante la tala ilegal de los caciques y los de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaas del estado de Guerrero, violadas y torturadas por el Ejército mexicano en 2002, han sido ventilados por el fuero militar y permanecen en la impunidad. En breve la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictará sentencias en estos casos. Por ello las organizaciones demandaron un compromiso firme del Estado para que éstas sean cumplidas a cabalidad. Preocupan los magros avances en la resolución del caso Campo algodonero y la situación que afecta a las mujeres de Ciudad Juárez y de otras partes de país.

Para sustentar la existencia de una crisis de seguridad fueron presentados datos contundentes sobre la gravedad de la situación imperante en Ciudad Juárez, región fronteriza: altas tasas de incidencia delictiva, torturas, reiteradas acciones cometidas por delincuentes y crueldad en la ejecución de los delitos; a lo que se suma el incremento de las fuerzas federales (policiales y militares) cuya presencia en la ciudad agudiza la falta de acceso a derechos básicos.

El sistema de justicia, perpetúa la impunidad. Conserva, pese a reformas recientes, rasgos inquisitorios y sigue siendo un instrumento empleado para disuadir y criminalizar a quienes se oponen y disienten. Se le mantiene dentro de la lógica autoritaria que no acaba de ser erradicada, es más, que parece volver a instaurarse con fuerza en la vida pública.

El contexto que expusimos y los casos documentados difieren de la información que el Estado mexicano presenta constantemente en el exterior. El soporte ofrecido por organizaciones como Misereor, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos y Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia, constituye una muestra del genuino interés de los ciudadanos europeos por la actual situación de los derechos humanos en México.


Premio Robert F. Kennedy 2010 a Abel Barrera, director de Tlachinollan

El Sr. Abel Barrera Hernández, fundador y Director de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña en Guerrero, México, recibirá el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy por sus esfuerzos enérgicos para acabar con los abusos a los derechos humanos que resultan de la impunidad que goza el ejército, y la narco-violencia.

Bajo amenazas constantes, el Sr. Barrera y sus colegas trabajan para proteger los derechos de los/as campesinos/as y los pueblos indígenas en contra de las desapariciones forzadas, la violación sexual, las detenciones arbitrarias, la intimidación, el despojo de tierras y las interrogaciones ilegales y para mejorar su acceso a los servicios de salud, representación legal y educación.

“Justicia para los indígenas de la montaña no existe, se tiene que conquistar palmo a palmo y asumiendo muchos peligros. Los que buscan una vida mejor y se organizan para hacer efectivos sus derechos, son perseguidos y asesinados”, afirmó Abel Barrera Hernández. “Con el premio que hoy nos otorga el Centro de Derechos Humanos RFK viene a refrescar nuestros suenos”.

“Nuestras amigas y amigos del Centro Tlachinollan representan un verdadero coraje en su lucha por destapar y enfrentar los abusos de los derechos humanos en curso. Al comprometerse con las comunidades más vulnerables, Abel Barrera Hernández y sus colegas se encuentran en gran peligro personal y nos sentimos orgullosos de poder reconocer su trabajo con este premio prestigioso”, declaró Claudio Grossman, Juez del Premio RFK de Derechos Humanos y Decano de la Escuela de Derecho Washington de la Universidad American.

“Al otorgarle el premio, reconocemos sus esfuerzos incansables por defender los derechos de los/as campesinos/as y los pueblos indígenas, y empezamos una alianza de largo plazo para apoyarle a él y al Centro Tlachinollan en su lucha”, dijo Monika Kalra Varma, Directora del Centro RFK de Derechos Humanos.

La Sra. Robert F. Kennedy otoragará el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos del 2010 al Sr. Barrera, en una ceremonia en Washington, D.C., que se celebrará a mediados de noviembre. El Sr. Barrera se une a los/as otros/as 41 laureados/as en derechos humanos de 24 países, como el galardonado del vigésimo séptimo premio y hermanamiento del Centro RFK.


Esta recopilación también puede ser consultada en:
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

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